Mientras en Colombia se redujo drásticamente el número de periodistas asesinados, entre 2002 y 2012 esta cifra se incrementó en México, sobre todo en la fallida guerra emprendida por Felipe Calderón durante su sexenio. De acuerdo con especialistas, en el país sudamericano fue posible abatir el índice de asesinatos de los trabajadores de la información mediante la acción gremial conjunta y la solidaridad reflejada en las publicaciones simultáneas y sin firma para mostrar un frente común ante el narcoterrorismo.
BOGOTÁ.- México y Colombia son las dos naciones más peligrosas del hemisferio para ejercer el periodismo y los profesionales de ambos países viven historias paralelas de violencia, aunque con una diferencia: mientras en Colombia mejoraron las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico y del país en general –la tasa de homicidios se redujo tres veces en lo que va del siglo XXI– en México ocurrió lo contrario por la fallida guerra contra el narcotráfico desatada por Felipe Calderón. En su sexenio (2006- 2012) la violencia se multiplicó de manera exponencial.
De acuerdo con registros del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), entre 1992 y 2001 en Colombia fueron asesinados 47 periodistas; en México fueron 10. Entre 2002 y 2012, México desplazó a Colombia como el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo, con 58 comunicadores asesinados y 12 desaparecidos. En ese lapso el número de homicidios en el gremio llegó a 30 en el país sudamericano.
“En los últimos años hemos tenido en Colombia un descenso en la violencia contra los periodistas y en México ocurrió lo contrario, pero sufrimos problemas comunes. La prensa independiente siempre será objeto de presiones, amenazas y atentados y eso me parece parte de la circunstancia de la prensa libre en países como los nuestros, al enfrentar amenazas y mafias tan peligrosas”, dice a Proceso Alejandro Santos, director de la revista colombiana Semana.
El jefe de investigaciones de esa publicación, Ricardo Calderón, sufrió un atentado del que salió ileso el pasado 1 de mayo. Desde entonces tiene escoltas armados y viaja en una camioneta blindada.
Como ocurre en estos casos sus denuncias e investigaciones periodísticas lo pusieron en una zona de alto riesgo donde han perdido la vida decenas de comunicadores en América Latina. Calderón develó en Semana las irregularidades en un penal militar donde los presos salen de compras y de vacaciones.
Días antes del atentado contra Calderón, en Coahuila fue brutalmente asesinado Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, fotógrafo del diario Vanguardia. Así lo informó el secretario general de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire, al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una carta dirigida con motivo de su visita a México en mayo pasado. En la misiva dio cuenta del “terror y la impunidad” prevalecientes en este país.
Según el CPJ, en Colombia los principales autores de la violencia contra periodistas han sido los grupos paramilitares y los narcotraficantes, presuntos responsables de 48% de esos asesinatos. En México los sospechosos de 76% de los homicidios de comunicadores son los grupos criminales, entre ellos los cárteles de la droga.
Auge
Los ataques a periodistas en Colombia tuvieron su auge a finales de los noventa, cuando el Cártel de Medellín liderado por Pablo Escobar desató una ofensiva contra el Estado. Los comunicadores que alzaron la voz –como el emblemático director de El Espectador, Guillermo Cano, asesinado en 1986– se convirtieron en objetivos militares de esa organización narcoterrorista. Entre 1989 y 1991 fueron acribillados 26 periodistas, la mayoría por sicarios del narcotráfico. Al contrario, en los últimos tres años sólo se registró el homicidio de un comunicador por motivos relacionados con su actividad.
El director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) que monitorea lo que ocurre en Colombia, Andrés Morales Arciniegas, atribuye la reducción de los ataques contra periodistas en este país a tres factores: al programa gubernamental de protección a periodistas que aun con deficiencias opera desde 2000; a que el costo político y el repudio social por asesinar a comunicadores es cada vez más alto debido, en parte, a la solidaridad y unidad gremial; y a que un sector muy amplio de reporteros y medios, en especial de provincia, “optaron por la autocensura y por esa vía bajaron las amenazas”.
Y agrega: “Muchos periodistas optaron por no informar, y aun así las condiciones de seguridad siguen siendo muy precarias. El Estado ha hecho esfuerzos frente a la violencia contra periodistas, pero su principal falla ha sido la alta impunidad prevaleciente en estos crímenes”.
De los 139 asesinatos de periodistas que de acuerdo con la Flip han ocurrido en Colombia desde 1977, la justicia sólo ha resuelto plenamente tres; otros 13 siguen en proceso judicial y los restantes 123 –88%, porcentaje idéntico al de México– quedaron en la impunidad por el nulo resultado de las investigaciones y porque los casos prescribieron.
Para Morales Arciniegas, abogado y comunicador, una fortaleza de Colombia en el combate a la violencia contra los reporteros es la unión gremial.
“Hay un grado de solidaridad muy alto por parte de los periodistas y de los medios frente a los ataques a los colegas. Eso es muy importante y eso marca la diferencia. En México no se ve lo mismo cuando se asesina un periodista. Aquí en Colombia las organizaciones de prensa, los gremios de periodistas, pueden tener diferencias, pero cuando se trata de temas de seguridad y de protección de la vida de los periodistas hay un frente común y de solidaridad”, sostiene.
Referente
Para el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Raúl Trejo Delarbre –quien visitó Colombia en mayo pasado para participar en una conferencia internacional sobre comunicación– una experiencia colombiana que puede ser útil a la prensa mexicana es que aquí los periodistas acordaron protocolos, acciones y exigencias comunes al Estado para desempeñar su oficio “con las menores inseguridades posibles”.
Explica que como primer paso los propietarios de medios y operadores periodísticos establecieron pautas para no publicar información –salvo en casos excepcionales– propagandística para los grupos delictivos; además resolvieron hacer coberturas conjuntas de asuntos delicados.
Según el especialista, las rivalidades entre los medios mexicanos dificultan un acuerdo de cobertura en común pese a que por encima de las diferencias y discrepancias editoriales debería estar “la seguridad de los reporteros”, apunta.
Santos señala que la mejor manera encontrada por los medios y periodistas colombianos para responder a la amenaza de las mafias y cárteles del narcotráfico “es hacer un frente común”. En las épocas del Cártel de Medellín, recuerda, todos los medios se solidarizaron y crearon un equipo de investigación conjunto cuyos materiales se publicaban al mismo tiempo en la prensa escrita, radio y televisión, sin firma.
En 2002, cuando una mafia política regional asesinó al subdirector del periódico La Patria, de la noroccidental ciudad de Manizales, Orlando Sierra, los principales medios del país formaron un grupo de investigación con sus mejores reporteros. Las conclusiones del trabajo periodístico, secundadas después por la justicia, fueron publicadas de manera simultánea y sin firma.
Para Trejo Delarbre, este tipo de acuerdos transversales se requieren en México, en vez de imposiciones como el código de cobertura de la violencia promovido hace dos años sin mayores consultas desde las oficinas de Televisa.
Colombia se mantiene como un país de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, con bandas criminales, estructuras paramilitares, facciones corruptas de los organismos de seguridad del Estado y mafias políticas adversas a la denuncia y a la crítica.
En el transcurso de las últimas semanas, en medio de un clima de polarización política frente al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puesto en marcha por el gobierno, repuntaron los ataques y amenazas contra periodistas.
Paralelamente a los diálogos de paz con las FARC en La Habana, el gobierno colombiano desarrolla un proceso de restitución de tierras robadas a campesinos por paramilitares, terratenientes y grupos armados ilegales. Esta acción suscita el rechazo de latifundistas y bandas criminales responsables del asesinato de 20 reclamantes de tierras en el país.
Según Santos, en Colombia hay un fenómeno similar al mexicano: los ataques y agresiones a periodistas de provincia, en especial de medios pequeños, nunca tienen la misma resonancia que las amenazas y atentados a comunicadores de medios nacionales. “Eso es muy lamentable y hace que los periodistas de provincia estén mucho más expuestos a la violencia y a la intimidación. Esto es una mordaza muy grande”, afirma.
“El Morroncho”
Efectivos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), institución estatal encargada de velar por la seguridad de los colombianos amenazados de muerte, custodian permanentemente a Ricardo Calderón desde el atentado que sufrió en mayo. De los ocho periodistas amenazados en Valledupar, dos ya contaban con esquemas de protección y estos se ampliaron al resto del grupo.
El pasado 9 de mayo a la UNP le informaron que un sicario apodado El Morroncho se había trasladado desde el caribeño departamento de La Guajira a esta capital para asesinar a León Valencia, columnista de Semana, al sociólogo Ariel Ávila y al periodista y documentalista Gonzalo Guillén. Los tres ya tenían fuertes dispositivos de protección. Investigaban las alianzas con narcotraficantes y contrabandistas del gobernador de esa entidad, Juan Francisco Gómez, un tenebroso personaje beneficiario de la impunidad.
El pasado 6 de junio el director del diario Opinión Caribe del norteño balneario de Santa Marta, Víctor Rodríguez, fue amenazado de muerte y un grupo armado compró, bajo intimidación, todos los ejemplares de ese día. La policía y la UNP brindan protección al periodista y a miembros de su equipo.
Para la senadora Alexandra Moreno Piraquive es “muy preocupante este auge de amenazas y ataques a periodistas”. A la legisladora le parece “muy curioso” que el repunte de los actos de intimidación contra comunicadores coincida con el debate nacional en torno al proceso de paz con las FARC. Ello haría suponer “algún tipo de interés en torpedear los diálogos; es algo que debe investigarse”.
“Pero mientras tanto”, abunda la senadora, “aquí necesitamos políticas de Estado para proteger a nuestros periodistas y principalmente reducir la impunidad tan alta frente a estos crímenes y amenazas”.
En la lista mundial de impunidad de crímenes contra periodistas del CPJ, que abarca casos ocurridos entre 2003 y 2012, Colombia ocupa el quinto lugar y México el séptimo. Los líderes son Irak y Somalia.
El fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, reconoció que mientras la justicia penal no produzca resultados y no evite la impunidad “no vamos a poder hablar de una verdadera libertad de prensa en Colombia”.
Santos espera que el atentado contra Ricardo Calderón no termine por engrosar la larga lista de casos sin resolver. “Las investigaciones van por muy buen camino. La Fiscalía ya tiene muy buenos indicios de dónde pudo haber provenido ese ataque, lo cual ha sido posible porque la reacción de las autoridades fue muy rápida y así se pudo recoger evidencia muy valiosa”, afirma el director de Semana.
“Siempre me ha preocupado la coincidencia entre el tipo de investigación que estaba haciendo la revista, sobre las irregularidades en las cárceles del ejército, y el atentado contra Ricardo Calderón; pero las investigaciones judiciales dirán la última palabra”, concluye.
