En el número anterior de nuestra revista (Proceso 1912), Rodrigo Vera y Luciano Campos Garza dan cuenta de algunas transgresiones de varios alcaldes de municipios neoleoneses y también de ciertos gobernadores al elemental principio de la laicidad, con que se rige –debería– nuestra administración pública. Se trata de la consagración de entidades a su encargo a definidos símbolos religiosos, en este caso al “Sagrado Corazón de Jesús” y al propio Jesucristo. Si lo promovieran ciudadanos aislados o grupos religiosos particulares, se entendería. Pero que venga de personajes dedicados de tiempo completo a la política es una irresponsabilidad, por decir lo menos.
El Canal Cuatro de la televisión tapatía celebra cada domingo un debate bajo el nombre de “Foro al tanto”. El domingo pasado invitó a los coordinadores de las fracciones de los partidos representados en el Congreso estatal a discutir sobre una iniciativa del PRD local sobre las llamadas sociedades de convivencia. También dio espacio a abogados peritos en la materia y a un representante de la curia católica.
Al discurrir sobre la herencia del dinero que acumulan estas parejas, algunos panelistas empujaron hacia el asunto de las preferencias sexuales, a las prácticas eróticas que, dijeron, “se han de permitir”, así como al aborto y a las adopciones. La charla derivó a la libertad de conciencia y de las convicciones éticas, que están a un paso de las proclamas sobre la libertad religiosa. Estamos transitando, según el investigador Elio Masferrer y muchos de los enterados en estos temas, hacia un punto de grave retroceso con la modificación del artículo 24 constitucional. Es un asunto, por lo que se ve, del cual no estamos bien curados. Tal vez sea momento de abordarlo abiertamente en pleno y pongamos los puntos sobre las íes.
El principio de la laicidad ha mostrado hasta la saciedad su eficacia en las sociedades modernas. El interés por trastocarlo o modificarlo para derruirlo podría tener un origen morboso. Al menos es la lectura derivada de las transgresiones que sufre de manos de los filibusteros actuales, quienes ocupan espacios de poder sin tener los tamaños propios para ejercer de manera atingente, según se infiere de sus barrabasadas. Con ello sólo consiguen tocar de mala manera viejas llagas y reabrir viejas heridas.
Pero vayamos por partes. Primero, algunas palabras en torno a la etimología del mismo concepto de laicidad. En griego, una de las palabras para designar al pueblo era laos. El vocablo laico se utilizaba para diferenciar las pertenencias de la comuna de lo del gremio religioso (xlerós). En el latín bajo, que lo heredó al castellano, se usó la forma lego, que acusa el mismo origen. En el caló religioso todavía se utiliza para designar a los miembros que no pertenecen a una congregación. Los legos son los feligreses católicos que no poseen algún grado en la jerarquía eclesiástica.
Tenemos entonces dos vocablos: laico y lego, que vienen de la misma raíz y ahora no son necesariamente sinónimos. El fonema laico se utiliza para connotar las distinciones entre lo gubernamental y lo clerical en la intersección de ambas esferas. Cuando se establece que el gobierno de un país es laico se alude con claridad, entre otras caracterizaciones, al hecho concreto de la separación de funciones entre las tareas de los hombres de la administración pública y las de los personajes de la curia.
Esta distinción debería estar bien clara en toda nuestra gente, por haberse vivido aquí una larga y cruenta disputa para dirimir la cuestión. Desde las primeras discusiones sobre nuestra ley fundamental, el asunto ocupó el primer plano. Y era comprensible que así fuera. En los años de la Colonia no había distinción de los hombres del poder, del dinero y del clero. Los prelados eran un día arzobispos y virreyes al otro. En todos los casos eran hacendados o beneficiarios de la minería. Siempre gozaban de fuero. Esas viejas prebendas y canonjías continúan vigentes, aunque disfrazadas, para quienes ascienden a los solios presentes del poder. Pero eso es otro boleto.
Pues bien, la disputa no se quedó en los papeles, ni en los meros espacios parlamentarios. Salió a la calle y dividió en bandos irreconciliables a nuestros ancestros. Medio siglo de luchas intestinas decimonónicas lo atestiguan. Era cuestión candente y de polendas. Derivaba en aceptación o repudio hacia el grupo que pugnaba por hacerse del poder. El hecho de que sea el primer artículo de nuestra famosa Constitución de Apatzingán (1812) revela la importancia de esta profesión de fe entre nuestros abuelos: “La religión católica, apostólica, romana, es la única que se debe profesar en el estado”. Casi calcado de la anterior fue la fórmula de nuestra primera Carta Magna (la de 1824), en su artículo tercero: “La religión católica, apostólica, romana será la única del estado, con exclusión de alguna otra”.
Según don Jesús Reyes Heroles, el clero “disfrutaba de una influencia extraordinaria, por ser el más rico propietario del país; pero su influencia, su poder social y político era aún mayor que el equivalente a su poder económico” (El liberalismo mexicano, FCE, T. II, p. 92). Por tal motivo vino a ser fuente de turbulencia la negativa del Vaticano a reconocer al nuevo país como independiente, como sí lo hizo por ejemplo con la Gran Colombia.
La negativa era mero elemento de presión política. Pero al cerrarle al gobierno el financiamiento, cuando acaparaba el flujo económico del país, le estaba declarando la guerra. Nuestros viejos se fueron al campo de batalla. Todo parece indicar que ahí seguimos, cual herencia maldita.
Ocioso resultaría reseñar cada paso histórico de esta confrontación secular, donde ostentan sitio de honor, según la bandería que se enarbole, Gómez Farías, Juárez y Carranza, o bien Lucas Alamán, Maximiliano y los cristeros. Farías abolió los privilegios del clero y de la milicia. Juárez desamortizó los bienes eclesiásticos y se llevó entre las patas también a las propiedades de las comunas indígenas. La pugna de fondo de nuestro siglo XIX entre liberales y conservadores concluyó en la separación de la esfera religiosa de la estatal.
Se supone entonces que es lección que deberíamos traer bien aprendida todos los mexicanos. Mas no es así. Muchos no quieren darse por enterados. Lo grave, dijimos antes, es que éstos sin dar la solfa, lleguen a puestos de poder, ocupen hasta gubernaturas o, lo que es peor, la titularidad del Poder Ejecutivo federal, como Peña Nieto, que cojea seriamente de esta pata. Así andamos.
Nuestras algaradas pasadas no debieron ocurrir de balde, porque no fueron trifulcas de mero perico. La sangre de nuestros ancestros empapó el país. Ahora vivimos de aquellas cruentas querellas. Los viejos decían que esa sangre había fertilizado nuestra tierra, para generar mejores ciudadanos, conscientes y responsables. En la base de las tradiciones de los pueblos están los principios inamovibles.
La laicidad compone uno de nuestros pilares fundatorios. La laicidad de la administración pública, debe ser un fulcro de concordia y equilibrio para el buen funcionamiento de nuestra comuna.
