En 2007, cuando sus subordinados supuestamente investigaban si el entonces procurador Tomás Coronado Olmos había participado en actos de pederastia, una de las personas encargadas del asunto era Blanca Barrón. Hoy es la flamante responsable del código o Alerta Amber para la búsqueda de menores extraviados. En aquel año Barrón, agente del Ministerio Público, acudió al domicilio de las denunciantes, la señora Araceli Arellano y su hija Águeda Yazmín, la víctima, para averiguar lo sucedido. Pero, ¿a qué horas se presentó para llevárselas a declarar en calidad de testigos? Alrededor de la medianoche. La diligencia terminó pasadas las 4:30 horas, en plena madrugada. El interés de la agente o de quien la mandó no era esclarecer la verdad sobre su jefe, sino presionar para que retiraran los cargos contra Coronado Olmos y averiguar más sobre quién dio la orden de que se les tomaran la declaración inicial –el subprocurador Víctor Manuel Landeros Arvizu–, y a quien obedeció e hizo su trabajo, el agente del MP Marco Antonio Chávez Villegas. Eso contó la madre de la víctima. Estos dos funcionarios fueron despedidos de la PGJ y a punto estuvieron de ser encarcelados. Todo por atreverse a atender a dos humildes mujeres que tuvieron el valor de dar los pormenores del atentado en que habrían participado el procurador y otros políticos del gobierno panista de Emilio González, conforme lo dio a conocer Proceso Jalisco en su edición 149, del 16 de septiembre de 2007.
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En 2009, dos años después de que se interpusiera esa denuncia de prostitución infantil contra Coronado Olmos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio curso a la queja de Araceli Arellano. En su recomendación 2/09 señala que, con documentos oficiales y testimonios, Blanca Barrón demostró que a las 23:30 horas del 31 de agosto de 2007 se encontraba recabando la declaración de las denunciantes sobre los hechos investigados por la Visitaduría Interna de la PGJ (expediente 188/2007). Sin embargo, la madre de la menor desmintió tal afirmación. Cuando los reporteros de este semanario, Gloria Reza y Víctor Manuel López, le preguntaron al segundo visitador, Javier Perlasca Chávez, si era lógico que las afectadas fueran a declarar en la madrugada para limpiar el nombre de Coronado Olmos Perlasca, repuso sin inmutase: “El Ministerio Público está facultado por ley para actuar a cualquier hora” (Proceso Jalisco, 222). La conclusión a que en su momento llegó la quejosa fue que la procuraduría quería vencerlas por cansancio y que dijeran sí a todo lo que quisieran arrancarle los funcionarios. Hoy la exagente del MP de Coronado es la responsable de localizar a menores perdidos. ¿Lo hará? ¿Realmente tendrá los arrestos y las ganas de ayudar a los desaparecidos y a sus familiares? Ya veremos.
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Por fin, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) se decidió a desembolsar 320 mil pesos –mismos que la maestra Elba Esther Gordillo y secuaces se habrían gastado en una pasadita por las tiendas más selectas de Estados Unidos– y pagó los viáticos de los cinco estudiantes de secundaria y un tutor que el sábado 22 fueron a participar en la Copa Robótica o Robocup que desde el miércoles 26 se realiza en Eindhoven, Holanda. Inicialmente, la SEJ se resistió a dar los viáticos pese a que ella misma promovió la competencia entre las escuelas técnicas de ese nivel, pero una vez publicada su negativa (Proceso Jalisco, 447) otorgó los recursos necesarios con la condición de que ya no se quejaran ante los medios. Los aplicados adolescentes, Gustavo Lara Castillo, Nadia Carolina Bravo, Seth Treviño Valle, Daniel Jeovanni Martínez y Noé Alejandro Salinas –todos de escasos recursos económicos– pertenecen a las siguientes escuelas: 59 de Tlaquepaque,116 de Zapopan y Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec) de Tlajomulco de Zúñiga.
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Platican los de antes que cuando Porfirio Díaz no quería resolver un asunto, creaba una comisión para investigar. Luis Echeverría reprodujo el mismo esquema y las comisiones estuvieron de moda. Ahora que el PRI quiere averiguar –y con razón– dónde están los más de 5 mil 300 millones de pesos que se gastó Emilio González y no aparecen documentos que los respalden, hablan de establecer un tribunal… ¿Vuelve la burra al trigo y la cabra al monte?
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