El convenio que firmó el ayuntamiento de Zapopan con un empresario para establecer un negocio de refacciones para autos y camiones en un predio ya destinado a conectar la avenida Ecónomos con el Periférico, demuestra que la amistad o los intereses económicos compartidos pueden más que la ley o los reglamentos. Vecinos de El Colli investigaron la irregular situación, pero la autoridad municipal, en vez de rectificar su acto, se defiende con desinformación.
Vecinos de la colonia El Colli acusan al presidente municipal de Zapopan, el priista Héctor Robles Peiro, de abuso de autoridad, desvío y uso indebido de atribuciones por autorizar que un particular, presuntamente su amigo, construyera un negocio sobre el derecho de vía de lo que debe ser el crucero de las importantes avenidas Ecónomos y Periférico Poniente.
A principios de este año los colonos observaron que en la calle Emiliano Zapata número 1, en el cruce con Ecónomos –que conectaría con el Anillo Periférico y sería una vía alterna para Guadalupe– se comenzó a construir un inmueble.
Cuando fueron al predio, muy cerca del complejo acuático y del parque Metropolitano, fueron recibidos por Ricardo Muñoz Mariscal, que se identificó como apoderado legal de la empresa Transmisiones y Cardanes Especiales.
Uno de los vecinos inconformes relata que al preguntarle por qué construía sobre un derecho de vía, Muñoz respondió “con un total grado de cinismo e impunidad. Manifestó que tenían un convenio celebrado con el presidente municipal de Zapopan que los amparaba y que, ante ello, nos recomendaba ampliamente no meternos en este asunto, pues hasta Héctor Robles tenía intereses personales y económicos” en él.
Los afectados solicitaron información oficial a través de la Unidad de Transparencia del municipio (solicitud Infomex 00828813), mediante cuatro preguntas: si el predio cuenta con una licencia de construcción, si tiene licencia de giro, si existe un convenio y si el alcalde tiene interés, acciones o participación en la empresa o sobre el inmueble en cuestión.
En resumen, la respuesta de la autoridad fue que el predio no cuenta con licencia de construcción ni de giro, pero que sí existe un convenio, “con la descarada aclaración que es sólo por tres años y que posterior a ello se podrá demoler la obra, para ahora sí construir la calle”, comenta el entrevistado.
El oficio 116/SDT/2013-905 de la Unidad de Transparencia dice textualmente que “el predio no cuenta con licencia de construcción alguna; sin embargo, se hace del conocimiento que con la fotografía aérea se demuestra que es una obra existente y la licencia emitida es únicamente de remodelación”. Lo cual, insisten los vecinos, no es verdad.
En cambio, el documento evade responder si el alcalde tiene interés o relación con la empresa. Los inconformes dicen que la dependencia municipal “no lo desmintió, limitándose a señalar que no es un derecho a la información pública, lo que hace suponer que efectivamente el presidente municipal tiene intereses personales”.
Refuerza sus sospechas que, “al día siguiente de que se ingresó la solicitud de información, se ordenó una clausura simbólica que, se estima, es sólo aparente, ya que advertimos que se siguen realizando obras de construcción y ya se opera el taller y refacciones de camiones, puesto que entran y salen vehículos”.
La reportera acudió al lugar y comprobó que los automovilistas circulan por una calle improvisada, paralela a Emiliano Zapata, justo detrás de la bodega, para poder salir al Periférico. En las cortinas metálicas del negocio se encuentran sellos de clausura con fecha del 12 de junio de 2013, acta 190102, y una cartulina en la pared mostraba los datos: permiso C/D-1086-13/M. Perito, arquitecto César E. Lozano, clave DRZ-0043, Emiliano Zapata número 1, Manzana 3, lote 13.
Al lado de la cartulina, una manta amarilla con letras rojas anuncia: “Se vende”, y como referencia el celular 333 400 8374. Al marcar ese número respondió Ricardo Muñoz, quien se presentó como propietario del predio, que mide 287 metros y el cual vende con todo y construcción en 4 millones de pesos. “Como puede ver, toda la construcción es nueva”, recalcó Muñoz.
Convenio sospechoso
De acuerdo con el oficio DU-001/2013, el 14 de enero de este año, el alcalde Robles Peiro, el secretario del ayuntamiento, Xavier Marconi Montero Villanueva, y el síndico, Armando Morquecho Ibarra, firmaron un convenio con Ricardo Muñoz Mariscal, representante de la empresa Transmisiones y Cardanes Especiales, S.A. de C.V., “para la utilización del predio que se encuentra afectado por un área de destino”.
Según el documento, el 21 de septiembre de 2012 –seis días antes de que el pleno del ayuntamiento declarara que el terreno iba a ser afectado para dar solución vial a la avenida Ecónomos–, la empresa presentó un escrito con el folio 000750 ante la Dirección Jurídica Consultiva para celebrar un convenio a fin de remodelar un local comercial y “establecer el giro de venta de refacciones para camiones” en el predio mencionado.
En el oficio 0530/0994/2012-E, la Dirección Jurídica Consultiva le pidió a la Dirección General de Obras Públicas un dictamen técnico para ver si procedía un convenio como el solicitado, y el 9 de enero pasado, mediante el oficio 1111/2012/2-101/DPT, se determinó que sí era procedente, pero Ricardo Muñoz debería respetar las restricciones contempladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito Urbano ZPN-5 “Vallarta Patria”.
La Dirección General de Obras Públicas observó que de acuerdo con la visita realizada por personal del ayuntamiento “y a la cartografía prevista en el Plan Parcial de Desarrollo, se verificó que el predio se encuentra a una distancia de 38 metros del eje vial” del Anillo Periférico, Manuel Gómez Morín. Por lo tanto, el terreno está dentro del área restringida por el derecho de vía del Periférico, del cual deben respetarse 60 metros a cada lado.
La oficina municipal también indicó que Ricardo Muñoz debía presentar la licencia de construcción, plano o licencia de giro comercial para “generar las condiciones del convenio” y “justificar la legalidad de la construcción del local; debiendo permanecer la edificación en su estado original por lo que no se podrá incrementar el área construida que se encuentra dentro de la zona restringida”.
Sin embargo, el representante legal de la empresa no presentó ninguno de los documentos solicitados. En la información que obtuvieron los vecinos por la Unidad de Transparencia se les indicó que en el portal “de licencias y permisos vigentes y no vigentes”, el 6 de junio de 2013 a las 11:30 de la mañana, apareció que no se encontró ninguna licencia, permiso ni acuerdo de cabildo sobre el predio.
En el convenio de la empresa con el municipio se informa que Transmisiones y Cardanes se constituyó el 18 de mayo de 1990 (escritura 7698) ante el notario público 29, Javier Herrera Anaya, y que Ricardo Muñoz Mariscal es su apoderado general. En el sitio web de la empresa, Muñoz también aparece como gerente de Grupo T&C (Transmisiones y Cardanes) en la sucursal de Marcelino Barragán 1639, colonia Universitaria.
No obstante, el empresario se presenta asimismo como proveedor del gobierno del estado con el mismo domicilio de Grupo T&C pero con otros giros. Con la clave PI9695, Muñoz Mariscal se registró como vendedor de computadoras y sus accesorios al menudeo, con domicilio fiscal en Marcelino García Barragán 1639.
Igualmente aparece en el registro de proveedores con la clave PI6034, como comerciante al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones, ubicado en la carretera a Los Altos 406, San José Tateposco, es decir, el domicilio de otra sucursal de T&C.
En el convenio con el ayuntamiento se estipula que el predio afectado para ser un área de destino es propiedad de Transmisiones y Cardanes desde el 29 de marzo de 2012. La empresa presentó la escritura pública 17874 para demostrar que es poseedora del terreno de Emiliano Zapata número 1.
El 27 de septiembre de 2012, el pleno de ayuntamiento zapopano aprobó afectar el predio a fin de que conectara la avenida Ecónomos y el Periférico. El alcalde Robles Peiro lo sabía, pero aprobó el convenio, con lo cual cometió desacato, argumentan los vecinos, ya que el artículo 127 del Código Urbano estatal establece que una vez aprobados y publicados los planes parciales de desarrollo “serán obligatorios para las autoridades y en general, para toda aquella persona física o jurídica que utilice o aproveche predio y fincas”.
A decir de los vecinos, en enero pasado Transmisiones y Cardanes empezó a construir “de manera ilegal y sin la licencia” la bodega en el predio afectado en el plan parcial.
Enfatizan que el inmueble levantado sobre Emiliano Zapata, al cruce con Ecónomos, obstruye un acceso “importantísimo para la población, pues es el único camino directo a los complejos acuáticos y de tenis en la zona, así como al parque Metropolitano, a la avenida Vallarta y a importantes desarrollos inmobiliarios de la zona, siendo además la única ruta alterna de avenida Guadalupe”.
Por esa razón presentaron sus reclamos a las autoridades de Zapopan, en especial al “secretario particular del presidente municipal y al síndico, quienes únicamente les generaron omisiones y largas ante las peticiones planteadas”, dice uno de los inconformes.
Además, señala que el convenio se contradice al establecer que se debe “llevar a cabo la remodelación del local comercial” y “establecer el giro de venta de refacciones de camiones”.
Otro dato que llama la atención es que el convenio es válido hasta el 30 de septiembre de 2015, justo el último día de la administración de Robles Peiro. Aunque más adelante se estipula que también puede terminar si el municipio le pide a la empresa “la desocupación del área afectada por los trabajo determinados en el Plan Parcial de Desarrollo urbano, del Distrito Urbano ZPN-5”.
El convenio lleva las firmas de Robles Peiro, Montero Villanueva, Morquecho Ibarra y Muñoz Mariscal. Como testigos asistieron Carlos Enrique Ulloa Araiza y Gabriel Chávez Guzmán.
Según el representante legal de los vecinos, quien pidió omitir su nombre por ahora, el alcalde puede haber incurrido en responsabilidades administrativas y penales al “privar a toda la ciudadanía del derecho de gozar de una vialidad digna y muy necesaria para, en su lugar, generar un beneficio económico de un solo particular, al suscribir un documento por el que le otorga el derecho de edificar un establecimiento comercial en el mismo lugar, en que el pleno del ayuntamiento ordenó que debía existir un entronque de vialidad”.
Explica que desde su punto de vista, Robles Peiro cometió responsabilidad administrativa al “no abstenerse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución en este asunto por tener un interés personal, o del que pudiera obtener un beneficio propio, además de haber realizado actos que implican incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público que le fue encomendado”.
Respecto de la probable responsabilidad penal, señala que cometió abuso de autoridad, “ya que se aprovechó del poder y autoridad propias del cargo que desempeña, para satisfacer indebidamente el interés de un tercero”.
Incluso, comenta el abogado, “se actualiza la comisión del delito de desvío de aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, toda vez que indebidamente otorgó, en el desempeño de su empleo, un contrato en beneficio de aquel tercero”. Señala que, en caso de que llegaran a probarse estos cargos, la pena sería de uno a ochos años de prisión y multa de dos a 190 días de salario.
