Bien por el arresto del exdirector del SIAPA, Rodolfo Ocampo, acusado del delito de peculado. Sin embargo, para convencer de que esto no es una llamarada de petate, y que va a poner freno a la corrupción, el gobierno del priista Aristóteles Sandoval tendrá que ir en hacer lo propio contra todo funcionario y exfuncionario implicado en algún desvió recursos en administraciones pasadas, en especial en la de Emilio González. Durante su gestión algunos colaboradores suyos no tuvieron recato a la hora de sustraer fondos para sus caprichos, frivolidades o supuestos actos de beneficencia. Dejaron en el abandono carreteras, puentes, drenajes y salud. Entre los ninguneados están los pobladores afectados por el huracán Jova, quienes aseguran que pese a las supuestas millonadas que el gobierno les envió, jamás obtuvieron beneficio alguno. Ver para creer, diría el dídimo Santo Tomás. Si otros exfuncionarios llegan a caer en la cárcel –que no son pocos–, empezaremos a creer. Casos hay muchos: ¿Qué sucedió en Desarrollo Humano, en Salud, en el Seguro Popular, en el Code, en los Juegos Panamericanos, en el Ipejal, en Chalacatepec, en la compra de maquinaria en Desarrollo Rural? ¿Qué sucedió con las inversiones en bolsa, qué en Auditoría estatal, en los desfalcos en las dos legislaturas anteriores? Si todo esto y más se deja de investigar, entonces diremos que fue sólo un golpe mediático y político y que Aristóteles es el espejo de lo que hace Peña Nieto, como ocurrió con la maestra Elba Esther Gordillo. ¿Dónde están, por ejemplo, otros sindicalistas como Carlos Romero Deschamps y Napoleón Gómez Urrutia?
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Los más de 270 jornaleros rescatados de campamentos infrahumanos, en realidad laboraban como esclavos para la trasnacional Bioparques de Occidente, S.A. de C.V., en el municipio de San Gabriel, donde incluso hay una aeropista pavimentada.
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Según la señora Guillermina Arias Quirarte, en el barrio comprendido entre las avenidas Federalismo, Enrique Díaz de León y particularmente en la calle Camarena una pandilla tiene asolados a los vecinos, presumiblemente protegida por policías y juzgados municipales de Guadalajara y por autoridades judiciales. El grupo está integrado por El Tova, El Nata, Jeovanni Valadés, Rafael Uribe, Salvador Luna, El Piolo Pista y El Duende. Los comandan Guadalupe López y Maribel Guerrero, quienes se jactan de tener influencias en la Fiscalía General, entre jueces y magistrados. El 21 de febrero de 2012, relata Guillermina, una emergencia lo obligó a salir de su casa a medianoche. Vio al Tova, a quien ya conocía y le pidió que la llevara a la Cruz Verde. Dice que el pandillero le dio una bebida que le hizo perder sus fuerzas y parte de la memoria. Sólo recuerda que El Tova llamó a alguien y poco después llegó en una camioneta. Al día siguiente ella amaneció en un motel. Había sido violada. Luego supo que había ingerido burundanga (escopolamina). Se dirigió al Ministerio Público especializado en delitos sexuales pero la agente Francelia Hernández, según Arias Quirarte, no le hizo caso. En el Instituto de Ciencias Forenses un psiquiatra dictaminaría después que su problema era depresión tipo uno; le dijo también que ella era “una persona que no sabe distinguir ente el bien y el mal” (expediente 979/2012). La afectada presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), incluso fue a Atención a Víctimas del Delito, donde, dice, sí la atendieron. Cuando los agresores se dieron cuenta que había ido a tales instancias, bajo los efectos del alcohol golpearon su camioneta, le gritaron groserías y amenazas y pintarrajearon su casa. Ella decidió llamar a la policía. Llegó el comandante Alonso Benjamín Chávez en la patrulla 097 y, con engaños, la trajo paseando. Ya entrada la noche la llevó a presentar la denuncia. Pero el patrullero le exigió que la retirara y como ella se negó, la metió a la cárcel –eso fue el 12 de noviembre de 2012. Meses después, el pasado 16 de abril, su esposo, Regino Leoncio González, fue encarcelado “sólo por haber llevado mi laptop para mostrar el video de las agresiones”, que tomaron las cámaras de su casa. González salió libre sin multa y ella tuvo que pagar 270 pesos que le impuso el juez municipal Mausalem Enríquez Alonso, “por alterar el orden”. Afirma la denunciante que “Musalem está en contubernio con el comandante y con los pandilleros”. l
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