MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles alertaron sobre el incremento de homicidios contra mujeres en el Estado de México, donde en un lapso de sólo 15 meses al menos 563 de ellas fueron asesinadas.
Estas cifras, acotaron las ONG, se acumulan a las registradas durante los primeros cinco años del gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, en que se contabilizaron 922 víctimas y 99 cuerpos femeninos sin identificar.
En rueda de prensa, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y Rodolfo Domínguez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), exigieron al gobierno de Peña Nieto cumplir con el compromiso de acabar con la violencia contra las mujeres.
Además, instaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a encabezar el viernes 21 la sesión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en la que se debe determinar la procedencia de la alerta de género por los altos niveles de crímenes contra mujeres detectados en las últimas dos administraciones mexiquenses.
Sin embargo, también alertaron sobre el riesgo de que el gobierno federal suspenda esa sesión, luego de que el órgano colegiado perdiera ante las ONG un amparo que le ordena fundar y motivar la negativa para decretar la alerta de género en enero de 2011, año en que Peña Nieto aún era gobernador mexiquense.
A fines de la próxima semana, el organismo contra el feminicidio estará obligado a revisar el saldo de violencia de género en el Estado de México, donde “43% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual o familiar, que supera la media nacional, que es de 31%, según datos de la Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI”, indicó Estrada Mendoza.
“Tenemos información por parte de gente de la Secretaría de Gobernación que como no tienen cómo responder a la orden de los jueces federales, en el sentido de que funden y motiven su negativa para declarar la alerta de género en el Estado de México, van a iniciar la sesión y después se va a declarar su suspensión”, reveló María de la Luz Estrada.
La activista recordó que en diciembre de 2010 el Observatorio y la CMDPDH solicitaron al Sistema Nacional que declarara la alerta de género en Estado de México, toda vez que habían detectado 922 homicidios de mujeres y 99 cuerpos femeninos sin identificar, “mismos que tenían rastros de haber sido sometidos a una violencia inusitada y que podían ser clasificados como feminicidios”.
Sin embargo, agregó, en enero de 2011 el Sistema Nacional, encabezado por la Secretaría de Gobernación, decidió negar la solicitud de las organizaciones al argumentar “que lo que queríamos era dañar la candidatura a la Presidencia de Enrique Peña Nieto”.
Luz Estrada pidió cuentas también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), toda vez que “Peña Nieto declaró que sólo a ellos entregaría los expedientes de los 922 homicidios de mujeres para que determinaran si eran o no feminicidios; y a pesar de que le hemos pedido a Raúl Plascencia Villanueva que haga públicas sus conclusiones, la respuesta ha sido el silencio”.
Rodolfo Domínguez dijo que negar la emergencia generó un “incremento preocupante de crímenes de mujeres, a pesar de que en febrero de 2011 Peña Nieto dictó diez medidas supuestamente para abatir la violencia contra las muejeres, entre ellas la tipificación del delito de feminicidio”.
Ambos activistas resaltaron que el costo de haber negado la alerta fue muy alto, toda vez que entre marzo de 2011 a junio de 2012, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) reportó que fueron asesinadas 563 mujeres, cifra de la que sólo se reconocen 115 víctimas de feminicidio.
También detallaron que de estos 115 casos únicamente 29 tienen una sentencia, y el resto se encuentra en investigación; además, que 60% de las mujeres tenían entre 20 y 40 años de edad; 78% sufrió golpes, asfixia, quemaduras y heridas punzocortantes.
Asimismo, 60% de las víctimas fueron encontradas en la vía pública o en terrenos baldíos, tiraderos de basura, canales de desagüe, y 41%, en un domicilio.
En 45% de los casos las mujeres fueron asesinadas por su pareja, mientras que en 33% se desconoce al victimario.
Luz Estrada insistió en que “los focos rojos están encendidos en el Estado de México pues, aunque aseguran que hay mecanismos de protección, éstos sólo actúan en el caso de violencia familiar, pero cuando hay indicios de la intervención del crimen organizado o de redes de trata de personas, las autoridades no hacen nada, por temor a que se descubra de que en esos delitos hay colaboración de servidores públicos”.
En el curso de la conferencia de prensa, madres de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, se manifestaron con pancartas e informaron que se encuentran en plantón permanente fuera de las instalaciones de la Segob, en espera de ser recibidas por Peña Nieto, el gobernador César Duarte Jáquez y los procuradores general de la República y del estado, Jesús Murillo Karam y Carlos Manuel Salas, respectivamente.
Malú García Andrade, dirigente de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, informó que el martes 11 las madres juarenses se reunieron con el procurador Murillo Karam y el subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Rodrigo Archundía Barrientos, para demandar la atracción de al menos ocho casos de desaparición y presuntos feminicidios.
García Andrade señaló que en la reunión Murillo Karam rechazó atraer los casos pese a que los familiares presentaron evidencias de la intervención del crimen organizado y de bandas de trata de personas, ambos delitos del fuero federal.
