Cuando impuso el Macrobús –un sistema de transporte de elevadísimo costo público que sólo favorece a constructoras y a transportistas privados–, Emilio González Márquez y su gente lo presumieron como lo más moderno y tan eficiente como el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur). Hoy, ese vanguardista proyecto sufre un revés. El propietario de los camiones urbanos Turquesa y presidente de la Federación de Transporte Colectivo de Jalisco, Enrique Galván, señala que la concesión del Macrobús quedó insubsistente; que las rutas que fueron desplazadas de la calzada por el sistema articulado de camiones llamado Macrobús, deberán volver gracias a una resolución del Tribunal de lo Administrativo (resolución TAE 936/2010).Tanto el Macrobús como Siteur, dirigido entonces por Diego Monraz, combatieron el fallo, pero el 22 de marzo de 2011 les negaron la razón. No obstante, González Márquez desacató la orden judicial una y otra vez. Ahora se espera que la acate el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval.
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El mismo Galván, quien también es concesionarios en otras rutas de transporte urbano, entre ellas algunas que circulaban por donde ahora lo hace el Macrobús –empresa a la que no fue invitado como accionista y por ello demandó–, informó que el gobierno del estado resolvió tomar protesta a los nuevos representantes de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje para poner fin al conflicto que tenía paralizada la justicia laboral. Sin embargo, dice, la administración de Aristóteles Sandoval se metió en problemas por violar una suspensión judicial. Según informó a este semanario, ya puso al tanto al gobernador del desacato a través de un escrito fechado el 17 de mayo en el que le informa de la suspensión otorgada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa (queja 62/2013), con base en la cual sigue en pie la suspensión emitida por el TAE y, en consecuencia, no se debe nombrar representantes obrero-patronales hasta que concluya el juicio. Además, el transportista se queja de la composición de las juntas porque son “rehenes del gremio obrero patronal”, encabezados, respectivamente, por Óscar Benavides, presidente de la Coparmex, y por Rafael Yerena, dirigente estatal de la CTM. Con motivo de la resolución dictada por el TAE (expediente 538/2012) los representantes obrero-patronales no habían tomado protesta y seguían en funciones los elegidos para el periodo 2007-2012. Las tres nuevas juntas que el panista Emilio creó por decreto tampoco entraron en operación, aunque desde enero pasado ya existían jurídicamente sin representantes. Su inoperatividad, hasta ahora, generó la acumulación de expedientes, como ya informó este semanario. A partir del 19 de mayo las 17 juntas operan en su totalidad, “pero en la ilegalidad”, insiste Galván. En tanto, el gobierno argumenta que no fue notificado a tiempo, pero Galván dice que en venganza, el 16 de mayo pasado, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Eduardo Almaguer, envió funcionarios a detener arbitrariamente unidades de la ruta 24 del servicio subrogado, del que Galván forma parte.
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Se les rompió el cochinito –cochinote– a David Alfredo Hernández y a Alberto Hoyos Aguilar, notificadores del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), quienes, solapados por los panistas, cobraban descomunales comisiones. Al ser despedidos por los priistas, demandaron 35 millones de pesos de indemnización, y eso que laboraron sólo dos años (Proceso Jalisco 442). ¿Cómo fue que desistieron? ¿Qué les saben? ¿Con cuáles exfuncionarios del SIAPA se repartirían ese ahorrito facilito? Creyeron que habría PAN para rato.
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Vecinos de la colonia Ladrón de Guevara se preguntan de quién es y de qué poder goza el dueño del antro Fly Club –avenida Hidalgo 2015, entre Salado Álvarez y Tomás V. Gómez– que “engañosamente abrió el 20 de noviembre de 2009 sin nuestra anuencia, ni licencia de giro restringido, sin cajones de estacionamiento y que permite el ingreso de menores de edad”. Cuentan que inició como Noise Club. Luego, en 2012 cambió a Shine Club y ahora funciona con el nombre Fly Club. Aseguran que desde hace más de tres años han manifestado su inconformidad porque no los dejan en paz pero en el ayuntamiento de Guadalajara no les hacen caso. Fueron recibidos, “a veces de mal modo”, por el entonces regidor Eduardo Almaguer; por los directores del Jurídico, de Padrón y Licencias y el de Inspección y Vigilancia, René Alvarado, Rogerio Escobedo Rivera y Verónica Martínez, respectivamente. Las cosas siguen igual: música a todo volumen, gritos y arrancones hasta el amanecer.
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