En los años recientes, la barranca del río Santiago –una joya del patrimonio natural de Jalisco que pone límite hacia el norte a la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) y al mismo valle de Atemajac– ha despertado la codicia de propios y extraños, muy particularmente de empresarios inmobiliarios, y también ha padecido todo tipo de estragos a causa de la incuria y el menosprecio de nuestras autoridades.
Primero fue el fallido proyecto de Arcediano, al que venturosamente la barranca pudo sobrevivir, aunque con algunos daños de consideración. Después vino la cacareada sucursal latinoamericana del Museo Guggenheim, la cual pretendía construirse en la ceja de la barranca, específicamente sobre la superficie del parque Mirador Independencia. Y cuando no se pudo garantizar el pago de su elevadísimo costo –momento en el que al nonato Guggenheim tapatío le salieron– apareció otro proyecto museístico, cuyo proceso de construcción se encuentra estancado por falta de dinero. Y en fechas recientes, desde el ayuntamiento de Guadalajara se ha anunciado un nebuloso proyecto de “rescate” de la zona, al que se le ha dado el nombre “Voltea a la Barranca”.
Aunque de distinta índole, los proyectos anteriores tienen algo en común: la intención de urbanizar un sitio que es una de las joyas naturales de Jalisco. Con el proyecto de Arcediano no sólo se pretendía construir una represa en la confluencia de los ríos Verde y Santiago, para “asegurar el abasto de agua potable” a la ZMG, sino que paralelamente se anunció la habilitación de una serie de “atractivos turísticos”, entre los que se incluía “un parque ecológico”, embarcaderos, restaurantes campestres, “espacios recreativos” y, entre otras cosas, cabañas de “bajo impacto ambiental”.
De todo esto se pudo salvar la Barranca cuando en 2011 se anunció la cancelación de la proyectada presa de Arcediano, aun cuando para entonces ya había sido arrasada la única comunidad rural del municipio (el pueblo de Arcediano, sacrificado en 2005 a instancias de Francisco Ramírez Acuña, a la sazón gobernador de Jalisco, y de Enrique Dau Flores, quien fungía como director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento). Poco después, ya en la administración de Emilio González Márquez, fue destruido un puente patrimonial de 120 años de antigüedad y se desmontaron las plantas de generación hidroeléctrica que la CFE mantenía funcionando, desde los años cuarenta, en el fondo de la barranca.
Lo del Guggenheim era una costosísima chifladura, en cuyo estudio de factibilidad, así como en el preproyecto ejecutivo se gastaron más de 2 millones de dólares, dinero que en su mayor parte salió del erario estatal (durante la administración del ya citado Ramírez Acuña) y de las arcas tapatías (con el inefable González Márquez como alcalde). La cancelación definitiva, determinada por la Fundación Guggenheim, se debió a que desde el gobierno federal (tanto con el panista Vicente Fox como con el ídem Felipe Calderón) no se concretó el compromiso de garantizar económicamente la viabilidad del que ya era anunciado como “la primera sucursal latinoamericana” de la famosa corporación museística estadunidense. Cabe agregar que el cabildo tapatío había hecho otra aportación municipal al proyecto, al entregar en comodato la superficie de 10 hectáreas del parque Mirador Independencia, un espacio público que por tal motivo se le condenó a perder su vocación de lugar de recreo y esparcimiento para los habitantes de la ciudad.
Pero a pesar de que el soñado Guggenheim tapatío fue cancelado, no por ello el parque se reintegró a sus legítimos dueños (los habitantes de la capital jalisciense), pues un patronato llamado Guadalajara Capital Cultural, en el que figuran varios empresarios de la localidad, se sacó de los forros un nuevo proyecto de museo, para lo que de inmediato se volvió a solicitar a las autoridades municipales (ya para entonces encabezadas por el panista Alfonso Petersen Farah) que les fuera ratificada la donación del inmueble de marras, petición que también se le haría al priista Aristóteles Sandoval. No está demás decir que ambos alcaldes cedieron ante la pretensión de esos empresarios, tan afectos a jugar al mecenas, aunque no con su dinero sino con el de los contribuyentes.
Ha sido precisamente por la falta de aportaciones oficiales que la construcción del llamado Barranca Museo de Arte Moderno y Contemporáneo no ha podido avanzar, y ello después de que a troche y moche (léase a lo Borras) se talaron centenares de árboles sanos, que desde hacía décadas refrescaban el parque Mirador Independencia.
Sin argumentos razonables, el proyecto del ahora congelado museo barranqueño fue presentado por sus promotores como un sitio de atracción turística nacional e internacional. Pero aparte de que ese proyecto es pura fantasía –pues el museo no contaría siquiera con una colección propia, por lo que las prometidas legiones de turistas son sólo cuentas alegres de gente de negocios acostumbrada a pararse el cuello con presuntas empresas civilizatorias que se pagan con dinero público–, su eventual construcción sería otra punta de lanza para la urbanización de la barranca de Huentitán, con hoteles, tiendas, restaurantes y desarrollos inmobiliarios que afectarían una zona de alta fragilidad ambiental, la cual ha sufrido serios daños.
Con esta misma lógica decimonónica, que ve en la naturaleza una mina a explotar, ahora aparece el contradictorio proyecto “Voltea a la Barranca”. Por un lado se dice que el proyecto en cuestión no obedece a ningún plan urbanizador de las zonas libres de la ceja de la barranca, pero por otra parte se ha hecho un anuncio oficial que pareciera ir en sentido contrario, pues se habla de buscar un “crecimiento controlado” en ese punto del área metropolitana (Mural, 6 de mayo).
De este modo, mientras las intenciones del Fideicomiso Voltea a la Barranca no sean claras, hay motivos de sobra para tener recelos y pensar que empresarios y desarrolladores inmobiliarios se hallan detrás de un proyecto sospechosamente urbanizador en una zona natural que las autoridades están obligadas a proteger. Y esa protección no consiste en alentar un “crecimiento controlado”, sino en hacer que prevalezca la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental del Estado de Jalisco, así como otros ordenamientos municipales que, en el caso específico de la barranca, prohíben que se construya por debajo de los mil 500 metros sobre el nivel del mar, precisamente la cuota del borde de la barranca.
Lo más sensato que las autoridades municipales podrían hacer con el cañón del río Santiago es, por un lado, dejar ese sitio en paz, a fin de que la naturaleza siga haciendo su papel regenerador. Y por otro, trabajar con los otros alcaldes metropolitanos y con el gobierno del estado para que las aguas residuales de la ciudad sean saneadas antes de que se derramen en la barranca; mantener limpia la zona de desechos sólidos; brindar seguridad a quienes la visitan, e impedir a toda costa, con la ley en la mano, las invasiones, ya sea de “paracaidistas” o de codiciosos negociantes inmobiliarios.
Si esto es lo que se propone el Fideicomiso Voltea a la Barranca, felicitaciones para quienes concibieron tal iniciativa. Pero si el propósito oculto es urbanizar la zona, entonces habría que preocuparse por esa nueva amenaza que se estaría concibiendo en perjuicio de la gran barranca de Huentitán.
