SALTILLO, Coah. (apro).- Ante familias con personas desaparecidas, funcionarios públicos y representantes de organismos internacionales, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes, reconoció que México requiere ayuda internacional para atender la “crisis humanitaria” generada por la masiva desaparición de personas que dejó la violencia desatada por el combate al crimen organizado, y admitió que en muchos casos los perpetradores fueron funcionarios públicos.
“No está disociado lo que ustedes están sufriendo con el periodo de violencia que tiene una racionalidad, o cuando menos una pretendida explicación; sí se reconoce este periodo de violencia que ha tenido como consecuencia una ‘crisis humanitaria’ por la cantidad de personas cuyo paradero se desconoce, muchas de ellas vistas por última vez en manos de la (Policía) Federal, de los militares, de los marinos, de los policías estatales, municipales, por eso es legítimo hablar como un problema real la desaparición forzada”, dijo en el segundo día de trabajo del Foro Internacional Sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias organizado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
No pudo precisar la cifra de cuántas personas han desaparecido a manos de funcionarios públicos ni avalar los 2 mil 344 casos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga por presunta participación de servidores públicos, pues dijo que esos casos no han llegado a la PGR.
Un funcionario de la PGR comentó extraoficialmente que actualmente investigan a federales, marinos, policías y militares, principalmente por tortura; pocos por desaparición forzada.
Al participar como moderador en la mesa de mecanismos de búsqueda, dijo a las familias que su dolor está asociado con el periodo de violencia reciente; sin embargo, la defensora colombiana Yanett Bautista, directiva de la Fundación Nydia Erika Bautista, y la señora Elda Nevárez, integrante del comité Eureka, señalaron que la actual ola de desapariciones fue propiciada por el Estado mexicano al haber dejado impunes las desapariciones forzadas ocurridas desde el periodo de la llamada guerra sucia.
“La impunidad es el caldo de cultivo para las desapariciones forzadas de ahora; si se hubiera hecho algo, si hubiera funcionado la comisión de investigación, si hoy se hubieran sancionado a los culpables de esas desapariciones forzadas, no estarían viviendo lo que viven, no estarían con su dolor a flor de piel. Y, como en Colombia, la no solución de esta impunidad ha recreado nuevas formas de violencia, de violaciones de derechos humanos, de desapariciones forzadas”, dijo Bautista, quien fue una de las pioneras en la búsqueda de personas desaparecidas y promotora de leyes para atender la problemática. Mencionó que en su país varias madres han sido desaparecidas por el “delito” de salir a buscar a sus hijos, otros, como ella, tuvieron que salir como desplazados por las amenazas.
Posteriormente, Nevárez, quien acudió en representación de la fundadora de Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, se expresó en el mismo sentido: “Aun siendo diferentes los casos que se derivan de la represión política contra la disidencia a los casos de los reclamos actuales, el salvajismo, la crueldad y el cinismo que vemos en la actualidad tienen un punto de continuidad con el pasado, están alimentados por la impunidad que ha prevalecido en relación a los casos del periodos anterior. Aquí repetimos: si se hubiera hecho justicia a la violación de los derechos humanos desde la década de los 70 y 80 ahorita no estaríamos pasando por estas cosas”.
La mujer —familiar de un desaparecido— criticó al gobierno actual por hacer creer a la gente que se vivió “un periodo extraordinario en el país el sexenio pasado” que inició las desapariciones.
“No es cierto, la violencia ha sido continua y sistemáticamente aplicada en nuestro país en contra de las luchas sociales, en contra de cualquier disidencia hacia los gobiernos, sean del parido que esté en el momento. La continuidad de la violencia, la continuidad de la impunidad y de los crímenes de lesa humanidad como son el del secuestro, el de la desaparición forzada, tienen una continuidad en este país. No han dejado de practicarse”, señaló.
Reclamó porque el problema es político y de voluntad y no acabará mediante la creación de nuevas leyes. “Los crímenes de lesa humanidad lo son desde antes y los derechos violados de las víctimas son necesidades de agruparlos y volver a reconocerlos, ejemplo de lo que quiero decir es la aprobación de la Ley de Víctimas y la negativa a discutir y aprobar los dictámenes que Doña Rosario presentó sobre la ley para prevenir y erradicar la desaparición forzada de las personas, y la creación de una comisión de la verdad, que no sólo la caracterizaba sino que proponía mecanismos que obligaban al Estado a responder y a hacer realidad esa integralidad de la reparación del daño”, dijo.
Durante su participación, Federica Riccardi, experta italiana en el tema de desapariciones por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, señaló que, a diferencia de las convenciones sobre desaparición forzada, para su organización la noticia de desaparición puede ser una persona reportada como tal por su familia o quien por una circunstancia como desastre natural o violencia no vuelve a ser vista.
Habló de la importancia de tener un buen registro de personas desaparecidas con datos proporcionados por las familiares, así como una misma base de datos de cadáveres no identificados. Enfatizó que en todos estos procesos es importante incluir a las familias de las víctimas para realizar cualquier tipo de leyes, protocolos, instrumentos legales de búsqueda. También recalcó la importancia de no restar la responsabilidad del Estado en la búsqueda de desaparecidos.
Por su parte, Francisco Maldonado, fiscal peruano para el caso Fujimori, resaltó la importancia de la sociedad civil para combatir la impunidad que existe en el propio estado y señaló que si en el caso peruano se pudo “quitar a la cabeza podrida” en el mexicano seguramente se podrá.
