Un año antes de que se celebren elecciones presidenciales en Colombia los escenarios ya empezaron a configurarse… y el conflicto también. Por un lado estará el actual mandatario Juan Manuel Santos –quien lleva adelante unas no muy bien vistas negociaciones de paz con la guerrilla– en busca de la reelección; por el otro, alguna figura cobijada por el expresidente Álvaro Uribe, quien ya rompió lanzas contra su sucesor y encabeza a la oposición derechista. Colombia empezó a polarizarse y los analistas ven en ello el riesgo de que se desate una guerra sucia para desestabilizar al contrario y que fracasen las tentativas de pacificación.
BOGOTÁ.- Los preparativos para las elecciones presidenciales de 2014 conducen a Colombia a un escenario de polarización donde los bandos están representados por dos antiguos aliados: El presidente Juan Manuel Santos y su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, quien se ha convertido en el principal opositor del gobierno y del proyecto reeleccionista del actual mandatario.
“El ambiente político es de mucha tensión, de ferocidad y exaltación de ánimos, y los sectores de oposición de derecha representados por el expresidente Uribe han recurrido a acciones que están muy cercanas a la arbitrariedad y a la ilegalidad”, dice a Proceso Álvaro Villarraga, académico y presidente de la Fundación Cultura Democrática.
Para David Roll Vélez, director del Grupo de Investigación de Partidos Políticos de la Universidad Nacional (UN), la coyuntura colombiana está marcada por las negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la capital cubana, “y por ese motivo la derecha, la izquierda y el centro están pensando en una redefinición de las estructuras políticas del país; esto es lo que veo en el fondo de este debate”.
La lucha por el poder incluye lapidarias acusaciones que se lanzan Santos y Uribe, que de ser ciertas se ubicarían en la esfera de la justicia penal. El presidente sugirió en un discurso que los hijos de su antecesor, Tomás y Jerónimo, tienen negocios con el Estado. El exmandatario le respondió vía Twitter: “Pte Santos mis hijos no tienen negocios con el estado ni yo soy socio de proveedores de Mindefensa (Ministerio de Defesa). Y usted?”.
Los dardos del político que gobernó Colombia de 2002 a 2010 –y a quien se atribuye el éxito de una estrategia militar que redujo de 24 mil a 8 mil el número de efectivos de las FARC– son cotidianos y tienen una enorme resonancia en los medios de comunicación.
El pasado 28 de mayo acusó a Santos de ser aliado político “de los narcoterroristas de las FARC” y de permitir al grupo insurgente “impunidad, elegibilidad política y toma del poder en nombre del Castro-madurismo”.
Para Villarraga este tipo de embestidas “son actos de denigración pública que resultan calumniosos y que pueden ser constitutivos de delito”.
Roll Vélez piensa que “aunque a algunos no nos guste su posición ideológica, Uribe es una persona que representa a una parte de los colombianos (tiene un nivel de aprobación de 54%) y por lo tanto tiene una gran responsabilidad en estos momentos. Debe ser muy sensato”.
Complot y montaje
El 28 de mayo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reveló que el exministro Germán Vargas Lleras, jefe de la campaña reeleccionista de Santos, pudo haber sido víctima de un complot en el que testigos falsos trataron de relacionarlo con paramilitares y narcotraficantes.
La CSJ y la procuraduría llegaron a esa conclusión tras investigar al exministro de Santos con base en testimonios de paramilitares desmovilizados que, según denunció el propio Vargas Lleras, fueron “montajes” del hermano de Uribe Vélez, Santiago, y del jefe de seguridad del exgobernante, el coronel Eduardo Ramírez Rozo. El testigo principal contra Vargas era el ganadero Carlos López, vinculado con el paramilitarismo.
Según un documento de la investigación, “se ha establecido que el señor López sí tenía vínculos con Santiago Uribe, visitaron el departamento del Casanare juntos, compartían la afición por los caballos, mantenían amistad y el señor López se consideraba íntimo amigo del presidente Uribe”.
Según Villarraga, en Colombia “persisten resabios del paramilitarismo y hay una intromisión muy fuerte de estas fuerzas y del narcotráfico en algunas instituciones del Estado, lo que hace que el ambiente general de garantías sea muy vulnerable y eso contamina el ambiente político y hace que estos poderes ilegales sean utilizados en la disputa electoral”.
El mismo expresidente Uribe es investigado por la fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por presuntos ilícitos cometidos durante su mandato y aun más recientemente.
El diputado Iván Cepeda presentó ante la fiscalía una denuncia penal en su contra por revelar en su cuenta de Twitter las coordenadas del lugar del sur del país donde se realizó una suspensión de actividades militares el mes pasado para trasladar al comandante de las FARC, Pablo Catatumbo, a La Habana para sumarse a las negociaciones de paz.
Cepeda pidió en su denuncia establecer si Uribe Vélez incurrió en alguna conducta penal, ante lo cual el fiscal general, Eduardo Montealegre, ordenó una investigación por tratase de hechos de “alta connotación y trascendencia dentro del ámbito nacional”.
“Espero que esto conduzca a determinar con toda claridad si el expresidente es responsable de un delito penal al revelar una información clasificada relacionada con la seguridad nacional”, afirma el diputado del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes desarrolla, por su parte, dos investigaciones contra Uribe, una de ellas por su presunta participación en la compra de votos de diputados en 2005 para que aprobaran la reforma que le permitió reelegirse un año después y otra por su responsabilidad en el ascenso a general del oficial de la policía Mauricio Santoyo, quien fue su jefe de seguridad y que en 2012 acabó preso en Estados Unidos y sentenciado a 13 años de cárcel por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo.
En los próximos días la comisión legislativa determinará si la acusación de compra de votos ya prescribió, como alega el abogado del expresidente, Jaime Lombana, o si se mantiene el cargo de cohecho.
Polarización
La directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Angelika Rettberg, considera que el proceso de paz ha hecho aflorar una profunda polarización del país frente a un conflicto armado interno que el año próximo cumplirá medio siglo. Dice que de un lado están los que apoyan el proyecto reformador de Santos –quien busca una salida negociada a la guerra–, y por el otro hay amplios sectores sociales reacios a aceptar un virtual indulto a la guerrilla y su incorporación a la vida política, en caso de que se logre un acuerdo en la capital cubana.
Aunque las dos terceras partes de los colombianos respaldan la decisión de Santos de negociar con las FARC, la mitad se muestra pesimista ante la posibilidad de que el diálogo conduzca a un acuerdo de paz, y la mayoría está en desacuerdo con que en un escenario de desmovilización, los guerrilleros participen en política sin antes pagar con cárcel.
“El expresidente Uribe está a la cabeza de esta posición contra los diálogos de La Habana, que representa a una parte del país, y él desempeña muy bien este papel de opositor por su estilo frontal, su popularidad y su influencia en la opinión pública”, señala la doctora en ciencia política por la Universidad de Boston.
Santos busca que la amplia coalición política que apoya al gobierno lo acompañe en su proyecto reeleccionista en los comicios de mayo de 2014, mientras que Uribe lanzará a un candidato propio con su partido, el Centro Democrático; a él se le menciona como eventual candidato al Senado como cabeza de lista de esa organización política.
Para Santos no será fácil mantener a su alrededor a los partidos que lo respaldan en el Congreso: el de la U, el Liberal, el Conservador, el Verde y Cambio Radical. A Uribe le resultará difícil trasladar su caudal de apoyo al candidato que postule su partido, quien surgirá de entre sus excolaboradores Carlos Holmes Trujillo, Francisco Santos –primo del presidente–, Juan Carlos Vélez y Óscar Iván Zuluaga.
Según todas las encuestas Francisco Santos es el precandidato presidencial favorito del Centro Democrático, seguido por Zuluaga, aunque faltan seis meses para esa definición y no se descarta que el ultraconservador procurador general, Alejandro Ordóñez, renuncie al cargo para participar en la contienda por ser el abanderado uribista.
Expresidente incómodo
Roll Vélez, doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que “por más que muchos quieran sacarlo del juego, el expresidente Uribe va a estar ahí y es su responsabilidad histórica, como líder de la derecha colombiana, saber hacer lo correcto frente a la coyuntura política. En estos momentos debe ser sensato y no contribuir a que se enrarezca más el ambiente”.
Para el profesor titular de la UN, lo que se impone en estos momentos es un diálogo nacional en el que participen todos los actores políticos, desde el gobierno y su coalición de partidos, hasta Uribe, la exsenadora y dirigente de la izquierdista Marcha Patriótica, Piedad Córdoba, y los partidos de la izquierda democrática, como el PDA y el movimiento Progresistas, que exploran la posibilidad de contender con un candidato de unidad.
“Todas estas fuerzas políticas tienen que discutir cuál es el proyecto de país que podemos pactar porque si no, la situación se nos va a complicar”, sostiene el académico.
Villarraga afirma, por su parte, que lo que está en juego en Colombia frente a la coyuntura electoral –que también incluye comicios legislativos en marzo de 2014– es una definición-país: La paz o la continuación indefinida de la guerra.
“Si algo ha tenido el expresidente Uribe es coherencia. Él mantiene la misma posición que tuvo como gobernante, que es la de privilegiar la vía militar y la profundización de la guerra. A pesar de que infligió golpes a la guerrilla, no logró derrotarlas y es claro que la continuación de la guerra tendría altísimos costos humanos y materiales para el país”, agrega el politólogo de la Universidad del Valle y especialista en derechos humanos.
Dice que ante esa alternativa deben hacerse todos los esfuerzos por que el proceso de paz tenga continuidad y para ello el presidente Santos tiene la oportunidad de construir una mayoría con la coalición de fuerzas de derecha y de centroizquierda que lo apoyan y con los partidos políticos izquierdistas que respaldan los diálogos de La Habana pero que cuestionan la política social y económica del gobernante, quien “ha favorecido a las multinacionales y aplica un modelo de explotación minera y de apertura indiscriminada que daña a la industria y al sector agrícola”.
“Si el gobierno de Santos acomete algunos cambios en ese sentido, de común acuerdo con la izquierda democrática, se podría crear un acuerdo muy amplio de continuidad del proceso de paz, pero se necesitan reformulaciones por parte del presidente”, afirma Villarraga.
El abogado de derechos humanos Jaime Molano, quien lleva casos emblemáticos contra militares acusados de delitos de lesa humanidad, considera que la confrontación entre Santos y Uribe es una lucha entre las élites.
“Cuando se han dado estas confrontaciones entre las élites del poder en Colombia no se han resuelto entre ellas, sino que las han resuelto por la vía de desatar guerras sucias como un mecanismo para generar procesos de desestabilización a quien esté detentando el poder”, dice Molano.
