Las negociaciones en busca de la paz en Colombia, que desde el año pasado se desarrollan en La Habana entre representantes del gobierno y las FARC, no son bien vistas por un sector político de esa nación: la ultraderecha. Personajes como el expresidente Álvaro Uribe y el actual procurador, Alejandro Ordóñez, se han dedicado a torpedear las pláticas porque se oponen a que los dirigentes rebeldes estén libres e incluso puedan contender por puestos de elección popular. Estos mismos políticos son los que hace una década pugnaron por que se amnistiara a los grupos paramilitares.
BOGOTÁ.- Las pláticas de paz que desde noviembre pasado sostienen en la capital cubana el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están sometidas a virulentos ataques de sectores de la ultraderecha de ese país que cuestionan la legitimidad del grupo guerrillero para negociar con el Estado y rechazan el marco jurídico que permitiría la desmovilización e incorporación de los rebeldes a la vida política.
La exsenadora y líder de Colombianas y Colombianos por la Paz, Piedad Córdoba, dice a Proceso que está en marcha un “plan desestabilizador que busca, entre otras cosas, generar malestar y división entre los militares y llevar al país a una situación muy delicada, que pondría en riesgo el proceso de paz”.
“Se está generando un escenario de desequilibrio que nos puede colocar en un punto sin retorno”, dice Córdoba, quien advierte un interés del expresidente Álvaro Uribe Vélez en utilizar políticamente la influencia que ejerce en sectores del ejército que están en desacuerdo con los diálogos entre las FARC y el gobierno.
Según la tesis de la exsenadora y dirigente del izquierdista movimiento Marcha Patriótica, con sus descalificaciones al proceso de paz y sus reiteradas afirmaciones en el sentido de que el presidente Santos valida “que (las FARC) asesinen a policías y soldados”, Uribe “promueve una posibilidad real de confrontación en las fuerzas militares y de policía”.
Para Fabio López de la Roche, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, “todos tenemos clara la labor de sabotaje al proceso de paz que está adelantando la extrema derecha y en particular el expresidente Uribe”.
Los opositores a los diálogos de paz se han aglutinado en torno al expresidente Uribe, quien junto con el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) desarrolla una campaña contra la “impunidad” que, dice, cobijaría a los jefes rebeldes en caso de un acuerdo que pusiera fin al conflicto armado en el país, el cual en 49 años ha dejado más de 90 mil muertos, 50 mil desaparecidos y unos 4 millones de desplazados.
En el horizonte del expresidente y sus allegados políticos están las elecciones legislativas y presidenciales de 2014 (en marzo y mayo, respectivamente), en las que participarán por el Partido Centro Democrático, creado ex profeso para “preservar la obra” del exgobernante.
Uribe podría encabezar la lista de su partido al Senado y cuatro de sus aliados más cercanos –Carlos Holmes Trujillo, Francisco Santos, Juan Carlos Vélez y Óscar Iván Zuluaga– buscan la candidatura presidencial para oponerse a Juan Manuel Santos si éste –como todo indica– busca la reelección.
Zuluaga, exsenador y exministro de Hacienda, niega que el uribismo desarrolle un plan de sabotaje al proceso de paz.
“Es una afirmación completamente equivocada”, dice a este semanario y agrega que el interés de ese movimiento político es “advertirle de manera legítima a los colombianos los riesgos, como la impunidad y la elegibilidad política de delincuentes, que pueden derivar de lo que se está discutiendo en La Habana. Tenemos una concepción diferente para la búsqueda de la paz y no es oponerse por oponerse”.
Agrega: “Un Estado legítimo no puede estar sentado de igual a igual con una guerrilla mezclada con el narcotráfico y que sigue cometiendo acciones criminales”, por lo que una condición inicial para el diálogo debió ser un cese unilateral del fuego por parte de las FARC y la aceptación de que sus integrantes acusados de crímenes de lesa humanidad deben ir a la cárcel y no postularse a cargos de elección popular.
Desde las sombras
El sábado 4, dos sicarios asesinaron en Bello, Antioquia, al dirigente del proceso de restitución de tierras, Iván Darío Restrepo García, quien estaba bajo protección gubernamental. El homicidio, que se produjo en el vacío del cambio de turno de los escoltas, se sumó al del líder de víctimas de despojo de tierras en el departamento de Córdoba, Ever Antonio Cordero, acribillado el 9 de abril cuando se disponía a asistir a la marcha nacional por la paz convocada por organizaciones sociales y el presidente Santos.
Para nadie pasó inadvertido el mensaje. El mismo Santos –quien encabezó la marcha del 9 de abril y promovió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 que busca devolver millones de hectáreas despojadas a campesinos por paramilitares, terratenientes, narcotraficantes y la guerrilla– ofreció una recompensa de 110 mil dólares a quien dé información sobre los asesinos de Cordero.
El presidente de la Fedegan, José Félix Lafaurie, un uribista cuya organización es el único gremio empresarial que rechaza el proceso de paz, pugna por que el gobierno de Santos retorne al camino de la “seguridad democrática”, como se denominó la estrategia de guerra total contra la guerrilla aplicada por Uribe, quien durante su gobierno (2002-2010) negoció la paz con los paramilitares de extrema derecha que hoy purgan largas condenas en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Uno de los remanentes de esos grupos, el que se hace llamar Ejército Antirrestitución, es el que está detrás de decenas de asesinatos de campesinos que luchan por la devolución de sus tierras.
Ese grupo armado, que según la ONG Nuevo Arco Iris opera en los departamentos nororientales del país, ha declarado como objetivo militar a varios periodistas de esa zona y a activistas de derechos humanos, entre ellos al congresista Iván Cepeda, quien ha solicitado a Lafaurie sus buenos oficios en el gremio ganadero –que ha tenido fuertes vínculos con el paramilitarismo– para identificar a los promotores de la nueva organización armada ilegal.
Para López de la Roche, un maestro en análisis político por la Universidad Externado de Colombia y doctor en estudios literarios por la Universidad de Pittsburgh, es “común que en este país las fuerzas más oscuras de la ultraderecha conspiren y le pongan obstáculos a la paz de muchas maneras, y una de ellas es ejecutando actos de violencia con la intención de atribuírselos a la guerrilla para así descarrilar los procesos; esto es algo que puede estar ya en marcha”.
El viernes 10, en un amplio operativo que incluyó el desalojo de tres manzanas a la redonda, agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional desactivaron un carro-bomba que había sido abandonado en un estacionamiento del centro de Bogotá.
El miércoles 1 el jefe de investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón, fue víctima de un atentado mientras circulaba por una carretera; su automóvil recibió cinco disparos. El periodista, que salió ileso, había denunciado los extravagantes privilegios de los que gozan militares que purgan condenas por violaciones graves a los derechos humanos en una prisión castrense.
El lunes 13 los servicios de seguridad detectaron en esta ciudad la presencia de un sicario cuyo propósito era asesinar al exguerrillero y analista político León Valencia, defensor del proceso de paz; al politólogo de Nuevo Arco Iris, Ariel Ávila, y al periodista Gonzalo Guillén, un acucioso investigador del paramilitarismo, la mafia, los políticos corruptos y los excesos de la guerra del gobierno de Uribe contra las FARC.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, advirtió: “Que no crean los enemigos de la paz que van a torpedear este proceso y que van a desestabilizar al país atentando contra los periodistas y contra la libertad de expresión”.
El estamento militar
La supuesta impunidad de la guerrilla en un eventual acuerdo de paz es la tesis central de Uribe para descalificar las pláticas de La Habana y ese es un argumento que hace mella en las fuerzas armadas, integradas por unos 450 mil soldados fogueados en la guerra y que disponen de modernos arsenales.
El presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), el general Jaime Ruiz Barrera, dice a Proceso que la principal preocupación de las instituciones armadas es que “no se le dé a estos terroristas (como llama a los guerrilleros de las FARC) nada más de lo que nuestras instituciones democráticas le dan al ciudadano corriente; no se pueden otorgar privilegios a personas que han causado un daño tan grande a este país”.
El militar retirado ha externado este planteamiento a Santos y le ha dicho que “no queremos ver, al final de este proceso, a esos terroristas ejerciendo cargos de poder, y a los militares que han defendido a este país y sus instituciones de manera legal y constitucional, en cárceles, humillados, condenados injustamente”.
El gobernante prometió que eso no sucederá.
Ruiz Barrera dice que las fuerzas armadas son constitucionales y le profesan lealtad y obediencia institucional a Santos, mientras que a Uribe lo consideran “la caja de resonancia” de 69% de la sociedad colombiana que, según una encuesta de Ipsos realizada el mes pasado, rechaza que guerrilleros desmovilizados de las FARC no vayan a la cárcel. El sondeo, encargado por la revista Semana y las cadenas radiales RCN y La FM, indica que 25% del país estaría de acuerdo con esa posibilidad.
Al mismo tiempo 64% de los colombianos aprueba los diálogos de paz con las FARC y 37% los rechaza, aunque sólo 45% es optimista respecto al futuro del proceso, señala el sondeo hecho en las 13 mayores ciudades del país.
Sobre la confrontación política entre Santos y Uribe, Ruiz Barrera sostiene que ese hecho “hace más difícil la negociación (de la paz), porque una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es actuar de manera agresiva en contra del proceso y tratar de obstaculizarlo”. Aclara que “nosotros, como militares, no estamos haciendo ese papel”.
–¿Consideran que hay fuerzas que obstaculizan el proceso y quieren propiciar un escenario de zozobra? –se le pregunta.
–Claro. Fuerzas políticas que de una u otra manera se manifiestan y entonces eso entorpece, eso genera dificultades, eso genera también zozobra, preocupación.
–¿Y violencia?
–Genera más violencia también.
Inquisidores
Uribe ha hecho de su cuenta en Twitter –con 2.2 millones de seguidores– un eficaz instrumento político en el que lanza potentes obuses para fustigar a Santos, al proceso de paz y a las FARC. En esa red social ha llegado a acusar a su sucesor de “abrir las puertas (del país) al castro-chavismo, con impunidad a terroristas”.
En esta cruzada contra los diálogos de paz otro aliado del expresidente es el procurador Ordóñez, un católico lefebvrista conocido por su dogmatismo ultraconservador y su enorme poder, y temido por sus atribuciones para destituir a funcionarios públicos y a los electos por voto popular, como hizo con la exsenadora Córdoba.
De acuerdo con investigaciones del periodista Daniel Coronell, Ordóñez participó hace 35 años en Bucaramanga en una quema de libros y “publicaciones corruptoras” en la que ardieron en una hoguera obras de García Márquez, Rousseau, Marx y una Biblia que a su juicio era “pecaminosa” porque se trababa de una edición protestante. El grupo nazi colombiano Tercera Fuerza lo considera “el último hombre en pie con sentido común”.
El procurador, quien el mes pasado guardó silencio cuando el escritor Héctor Abad Faciolince le preguntó si negaba el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, ha amenazado con acudir a los organismos internacionales, “si fuese necesario”, para impedir que en un escenario de desmovilización los jefes de las FARC ocupen cargos de elección popular sin antes purgar una pena carcelaria.
Para Sergio Jaramillo, comisionado de paz de Santos y uno de los delegados del gobierno en La Habana, el proceso de paz se enfrenta a “puristas de última hora que hace 10 años estaban apoyando amnistías a grupos paramilitares y hoy quisieran hacer una inquisición”.
Montealegre, principal opositor a las tesis de Ordóñez, ha señalado que hasta ahora no hay un solo integrante de las FARC condenado por delitos de lesa humanidad y defiende el Marco Jurídico para la Paz aprobado en julio pasado por el Congreso colombiano, que prevé la suspensión de penas a guerrilleros desmovilizados que sean condenados.
El excomandante en jefe del Ejército, el general retirado Álvaro Valencia Tovar, sostiene que de acuerdo con lo establecido en el Marco Jurídico para la Paz “no tiene que haber impunidad, pero si queremos la paz hay que pagar un precio y no les podemos ofrecer a los comandantes de las FARC la cárcel a cambio de su desmovilización y de que dejen las armas; hay que transigir en algunas cosas, y la suspensión de penas es una alternativa legal y aceptable”.
Por petición del procurador, la Corte Constitucional colombiana revisa el Marco Jurídico para la Paz –que según los uribistas y sus aliados propiciaría la impunidad de los comandantes de las FARC– y en unas semanas emitirá un veredicto sobre su constitucionalidad.
–¿Qué pasaría –preguntamos al precandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga– en caso de que la Corte respalde esa legislación, de que se llegue a un acuerdo de paz en La Habana y de que éste sea refrendado por los colombianos mediante un mecanismo de consulta popular, como un referendo o una constituyente? ¿Lo apoyaría el uribismo aunque los jefes de las FARC no vayan a la cárcel?
–Por supuesto. Siempre seremos respetuosos de las decisiones democráticas, es la premisa de un Estado de derecho. Pero esperamos tener el espacio y la oportunidad para poder plantear nuestras convicciones.
Ante la misma pregunta Ruiz Barrera sostiene que los militares respaldarán un eventual acuerdo de paz refrendado por los colombianos.
–¿Aunque no les guste?
–A muchos quizá no les pueda gustar o no nos pudiera gustar la forma como se dé, pero si ya es una decisión del pueblo colombiano, mayoritaria, a través de cualquier mecanismo de refrendación que se utilice, y se convierte en una realidad, vamos a estar con el pueblo colombiano, identificados plenamente, y no solamente vamos a respetarlo, sino que haremos respetar lo que se acuerde.
–Aunque no les guste, ¿verdad?
–Nos toca muchas ocasiones, como decimos vulgarmente en nuestro argot, tragarnos unos sapos que a veces son muy difíciles de digerir.
