El panista Emilio González Márquez heredó a su sucesor Jorge Aristóteles Sandoval Díaz entre 40 mil y 70 mil juicios laborales, casi el triple de lo que el gobierno estatal admitió oficialmente; además, dejó decenas de litigios “planchados” para garantizar la entrega de decenas de millones de pesos para indemnizar a empleados que, según las querellas, ganaban más que el presidente de la República.
Datos preliminares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuyo titular es el priista Eduardo Almaguer Ramírez, indican que en el sexenio emilista también abundaron las demandas contra Los Talibanes, un grupo de abogados propatronales especializados en aplastar a trabajadores y en comprar a funcionarios. Ello evidencia que durante la gestión de González Márquez abundaron los juicios amañados.
En esos procesos las autoridades laborales favorecieron a grandes empresarios, mientras que cientos de negocios quebraron por fallos adversos; también fue notorio el desfalco de organismos como el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) durante la gestión de Rodolfo Ocampo.
Hace varias semanas el organismo incluso tuvo que pagar más de 19 millones de pesos, luego de perder dos pleitos laborales. En otros 37 erogó cerca de 30 millones de pesos y en otros 10 pagó cerca de 27 millones. Hoy, la dependencia enfrenta 59 juicios.
Entre ellos llama la atención el marcado con el número 298/2009 y promovido por cuatro trabajadores que, en su conjunto, se llevaron 16 millones de pesos. De acuerdo con el expediente anterior, el 297/2009, un solo empleado se embolsó 3 millones, luego de obtener un laudo a su favor. Lo que llama la atención es que los beneficiados sólo habían trabajado unos años en plazas de confianza.
Almaguer se dice sorprendido por la “extraña promoción de las demandas laborales”. E insiste en la sangría que representaron los dos expedientes mencionados, así como el 300/2009, aún en curso, en el que los inconformes pretenden un pago de 10 millones de pesos. Los tres casos implican a notificadores fiscales que trabajaron menos de tres años y lo hicieron bajo contrato por tiempo y actividad determinada.
La Fiscalía Central abrió la averiguación previa 5634/2013, derivada del juicio laboral 300/2009 y la averiguación previa 5633/2013, ligada al juicio laboral 729/2011, ello debido a las irregularidades que se detectaron, sostiene Almaguer y aclara que los últimos juicios no han sido pagados.
Con el caso de los expedientes 297/2009 y 298/2009, el gobierno debe erogar 19 millones de pesos, dice el titular de Trabajo, pese a que se comprobó que los salarios de los demandantes fueron inflados; tanto, que un simple trabajador percibía 300 mil pesos mensuales, “superior incluso al del presidente de la Republica”.
Y aun cuando no mencionan ningún nombre, las autoridades estatales dejan entrever la posibilidad de ejercer acción penal contra el extitular del SIAPA, Rodolfo Ocampo. Sin embargo, en público se limitan a decir que las denuncias penales van contra quien resulte responsable.
Almaguer se lanza contra Los Talibanes que, dice, hicieron de la justicia laboral un negocio privado; manejaron 11 mil juicios y se presume que repartieron dinero entre funcionarios y colaboradores. No obstante, omite mencionar a los presuntos implicados en esas irregularidades; sólo comenta que en los primeros dos meses de su gestión se dieron de baja al menos a ocho empleados.
La primera llamada
En mayo de 2008, el abogado laboralista Adán Romero Meza advirtió que cada año cerraban sus puertas entre 40 y 100 pequeños negocios a causa de extorsiones y “huelgas locas” inventadas por sindicatos fantasmas (Proceso Jalisco 183).
En esa “actuación gansteril”, como la denomina Romero Meza, participaban abogados amañados con funcionarios corruptos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Solían cobrar fuertes sumas de dinero a dueños de pequeñas obras de construcción, fondas, fábricas pequeñas o negocios familiares.
En aquella ocasión también denunció el despojo de una finca del matrimonio Becerra Ayala luego de un juicio plagado de irregularidades y argucias “para engordar las cosas” a favor de los demandantes que terminaron por apropiarse del inmueble.
La representación institucional guardó silencio en ese caso, a pesar de la gravedad de los señalamientos, dice el laboralista, e insiste: Todo se amarró con la complicidad del personal de la Quinta Sala, presidida por Érick Francisco García Villaseñor, que era una auténtica “cueva de ladrones”.
Por años, la corrupción e inoperatividad doblegaron a la JLCA y sus diferentes instancias, así como a la Secretaría del Trabajo, admite Almaguer. Dice que la dependencia tiene 600 empleados: 384 laboran en la junta, 40 son procuradores del trabajo, 10 conciliadores, 30 inspectores. A ellos se suman los empleados del Servicio Estatal del Empleo; también hay 14 presidentes de Juntas Especiales.
Y aun cuando se desconoce cuántos juicios están en la etapa de laudo y cuántos en ejecución, cuántos más tienen vicios o irregularidades administrativas, lo que sí se sabe es que hay cerca de 6 mil amparos relacionados con juicios laborales tan sólo en las instancias de la zona metropolitana, comenta el titular de Trabajo.
El 2 de agosto de 2012, Gilberto Ruiz Gómez, defensor de Cristina Ibarbia, quien fue cesada del grupo Omnilife –propiedad de Jorge Vergara, dueño del equipo de Futbol Chivas de Guadalajara–, dijo a Proceso Jalisco que ese empresario era íntimo amigo del entonces gobernador Emilio González Márquez, lo que le permitía tener a sus pies a toda la JLCA.
Según el abogado, Omnilife tenía un grupo de abogados que firmaban como testigos contra trabajadores despedidos, en una flagrante condición de ilegalidad permitida y solapada por la autoridad laboral. Además habló de andamiaje montado por Vergara y su esposa, Angélica Fuentes, quienes utilizan una outsourcing para evadir su responsabilidad patronal y deslindarse de las demandas contra el corporativo.
El caso se conoció luego de que decenas de trabajadores despedidos presentaron demandas de juicio laboral contra Vergara, quien, según los afectados, contaba con un “blindaje” armado por sus abogados y solapado por las autoridades de la junta.
Durante las audiencias, Ruiz Gómez solicitó la presencia de Vergara en varias ocasiones; el empresario nunca acudió. El colmo: un día que estaba citado para un careo, el dueño de Las Chivas se reportó enfermo; al día siguiente los periódicos locales publicaron una foto en la que se le veía en un encuentro futbolístico rodeado por los jugadores de su equipo.
Más irregularidades
A finales del mes pasado, Armando Bañuelos realizó una huelga de hambre durante 10 días en protesta por su despido injustificado de la constructora Urbi, luego de cinco años de laborar en esa empresa.
Durante ese periodo vendió más de 100 casas del fraccionamiento Paseos del Santiago, a un costado de la barranca de Oblatos, en el municipio de Tonalá. El proyecto incluye la edificación de 240 mil viviendas, de las cuales ya se terminaron 10 mil, muchas de las cuales ya presentan fallas estructurales provocadas por el desplazamiento de tierra en la zona.
Cuenta Bañuelos: “Nos dijeron que teníamos que firmar la renuncia para ser recontratados, pero en condiciones diferentes, pues según los asesores ganábamos demasiado. Me negué y les dije que si me querían despedir tendrían que liquidarme conforme a la ley”.
Él ganaba 28 mil pesos por lo que calcula que Urbi le debe alrededor de 1 millón 600 mil pesos. Su proceso quedó registrado en la Primera Sala Especial de la JLCA (expediente 611/2009), pero, dice, “el tortuguismo, la corrupción y la parcialidad de la autoridad laboral siempre le dio la razón a la empresa”.
Bañuelos se queja porque la junta no le informó sobre el fallo en su contra para que pudiera apelar en tiempo y forma. Dice que en el organismo operan con total impunidad Los Talibanes, a los que describe como “profesionistas insensibles capaces de aplastar a los trabajadores y ponerse al servicio de los empresarios de la manera más burda”.
El jueves 2 de mayo el secretario de Trabajo, Eduardo Almaguer, se presentó en el campamento donde el exempleado de Urbi realizaba su ayuno y se comprometió a intervenir en su caso. Personal de la dependencia citó a la empresa, pero sólo acudieron dos de sus representantes legales, no hubo solución.
Dos días después Bañuelos puso fin a su jornada, aunque decidió mantenerse en plantón afuera de las oficinas de Urbi, en el kilómetro 1.5 de la carretera a Mazatlán, donde organizaciones civiles y otros trabajadores afectados le manifestaron su apoyo con un bloqueo a las instalaciones de la constructora.
A ellos se incorporaron casatenientes que piden a los desarrolladores urbanos reparar las fallas estructurales en las viviendas dañadas o que les regresen su dinero. Un problema similar al suyo, dicen, se presenta en conjuntos inmobiliarios de Puerto Vallarta y Manzanillo construidos por la empresa Los Patos.
Bañuelos insiste en que personal de la JLCA actuaron de manera sesgada a favor de su expatrón: “En la Primera Sala Especial me dijeron que mi expediente se les había perdido, por lo que desde septiembre de 2012 ya no tuve acceso a la información del proceso. Ellos me decían que no había problema; y a fin de año me pidieron esperar el cambio de administración; pero en realidad dejaron fuera de tiempo para defenderme de una resolución en mi contra porque nunca me notificaron de manera legal”.
E insiste: “En la junta local (hay abogados propatronales que) les dicen Los Talibanes. Uno de ellos es Luis Fernando González Esparza, quien tiene como socia a Francia Nataly Delgadillo Reynoso. Su despacho está por el rumbo de Jardines Alcalde.
“Los Talibanes son intransigentes y duros con los trabajadores. Ellos conocen a todos los funcionarios y hay la sospecha sustentada de que sacan sus negocios con el otorgamiento de dádivas económicas.”
El titular de Trabajo, Eduardo Almaguer, asegura que ya inició investigaciones sobre ese grupo de litigantes. Por lo que atañe a las denuncias por intentos de extorsión, es posible que, de comprobarse el ilícito, se presenten demandas penales contra los responsables.
Si en el pasado se desarrolló la anarquía y la corrupción, “ahora nosotros sacamos a nuestros procuradores y a los inspectores a la calle para que disputen los clientes a los coyotes, incluso ofreceremos un trabajo en forma gratuita”, dice el funcionario. Aunque admite que la limpieza en la JLCA durará meses.
