Publicitado en el sexenio anterior como el nuevo “tesoro del mar”, el crudo que yace bajo las aguas profundas del Golfo de México ha requerido inversiones multimillonarias y hasta la fecha no ha dado un solo barril de petróleo. Las beneficiadas con ese supuesto tesoro han sido un puñado de empresas propietarias de plataformas, la mayoría extranjeras. A esto hay que sumar el enorme riesgo de accidentes y desastres ecológicos, advierte Greenpeace después de analizar las muy deficientes medidas de seguridad de Pemex, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Anunciado con bombo y platillo en la administración de Felipe Calderón como el nuevo “tesoro del mar”, el proyecto de Petróleos Mexicanos (Pemex) para extraer hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México no ha arrojado un solo barril de crudo, ha beneficiado a un puñado de empresas que cobran medio millón de dólares diarios sólo por la renta de las plataformas, y no hay claridad en torno a las medidas de seguridad y mitigación de riesgos que la paraestatal debe adoptar.
La exploración de la paraestatal en aguas profundas ha resultado “más cara, más riesgosa y menos transparente”, concluye un informe de 71 cuartillas elaborado por la organización ambientalista Greenpeace para investigar posibles accidentes y las medidas de seguridad que deben adoptar la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Pemex.
El informe, cuya copia obtuvo Proceso, se centra en la revisión documental de las licitaciones, los trabajos de perforación y la consulta por la vía del acceso a la información pública de medidas adoptadas por estas tres dependencias responsables en los casos de los pozos Kunah-1 –cuya perforación para fines de “evaluación” se inició en diciembre de 2011–, Trión-1 y Supremus-1, cuyos trabajos comenzaron a mediados de 2012.
A un año y seis meses de haber invertido más de mil millones de dólares para la perforación en esa zona del Golfo de México, Pemex no ha extraído un solo barril de crudo, pero gastará 2 mil 190 millones de dólares hasta 2015. Estos recursos “son 3.19 veces mayores a los destinados a impulsar la transición energética” en México, destacó Greenpeace en su informe.
Sólo en el caso del Trión-1, el analista Luis Miguel Labardini, citado por Greenpeace, advierte que haría falta “una inversión de entre 3 mil y 5 mil millones de dólares durante 10 años para la recuperación de entre 100 y 150 millones de barriles de crudo”.
Pemex tiene un presupuesto anual de 20 mil millones de dólares, de los cuales mil millones fueron destinados a actividades de exploración en aguas profundas durante 2012. Adicionalmente cada pozo perforado requiere 150 millones de dólares. “Y la probabilidad de que resulte productor es de una de cada 10”, sentenció Labardini.
El despilfarro de Pemex en aguas profundas también ha sido criticado por el Grupo de Ingenieros Petroleros Constitución 1917. Su presidente, Francisco Garaicochea, advierte que sólo el pozo Supremus–1, después de 20 años, tendría un promedio diario de explotación de 13 mil barriles, “lo que no es significativo contra los 2.5 millones de barriles que se producen al día, y la meta es llegar a 3.3 millones de barriles diarios”.
“Además”, advierte Garaicochea, citado por Greenpeace, “se puede concluir que la rentabilidad de la explotación de nuestras aguas profundas del Golfo de México será negativa por las siguientes razones: El costo de los servicios que las compañías le proporcionan a Pemex por actividades de exploración, perforación y estimulación de pozos es del orden de 30% mayor que los establecidos en el sector estadunidense”.
En realidad las grandes beneficiarias con el “tesoro” no encontrado son un puñado de grandes compañías contratadas por Pemex para la exploración de aguas profundas: Ocean Voyager (frente a las costas de Coatzacoalcos), Noble Max Smith (frente a las costas de Tabasco), Sea Dragon, Petro Rig III, la británica Larsen Oil &Gas y las plataformas Centenario y Bicentenario, ambas de Grupo R, frente a las costas de Tamaulipas.
Muchos millones para Grupo R
Según la documentación obtenida por Greenpeace, uno de los grandes beneficiarios en la exploración de petróleo en aguas profundas es la compañía Grupo R, propiedad del empresario tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, señalado como uno de los contratistas consentidos de Pemex desde la época en la que el sindicato de la paraestatal estaba controlado por Joaquín Hernández Galicia, La Quina (Proceso 1314, 739 y 727).
Garza Cantú, considerado por la prensa tamaulipeca como “el dueño de medio Reynosa”, amigo de Felipe Calderón y acusado en distintas ocasiones de tener “arreglos poco claros” con los funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP), recibirá casi mil millones de dólares sólo por la renta de sus plataformas.
La exploración del Trión-1, a 177 kilómetros de la costa de Tamaulipas, le correspondió a la plataforma Bicentenario, de Garza Cantú, propietario de Grupo R Perforación Marina, Grupo R Exploración Marina y de Industrial Perforadora de Campeche (IPC).
Una copia de la relación de conceptos y precios unitarios que deberán pagarse en esta zona establece que por “renta diaria de la plataforma semisumergible o barco perforador, incluyendo su mantenimiento integral y cuadrillas de operación”, Pemex deberá pagar 495 mil dólares diarios durante mil 825 días. Es decir 903 millones 375 mil dólares sólo por la renta de la plataforma.
En el caso del segundo pozo de exploración en aguas profundas, el Supremus-1, se le adjudicó a la plataforma West Pegasus de la empresa noruega Seadrill a costos muy similares.
El tercer caso es del pozo Kunah-1 que inició su perforación el 16 de diciembre de 2011 con fines de “evaluación del potencial petrolero”, pero se retrasó conforme a lo establecido en el reporte de actividad de la CNH.
La documentación obtenida por Greenpeace establece que el retraso en el inicio de la perforación se debió a que “el pozo Nen-1 se encontraba en etapa de terminación en ese momento”. Es el último pozo que ocupaba la plataforma Centenario, también propiedad de Grupo R. Este consorcio empresarial salió beneficiado porque la misma plataforma fue utilizada para la perforación del Kunah-1.
Las compañías de Garza Cantú están acostumbradas a facturarle miles de millones de pesos a Pemex. Sólo entre 2003 y 2012, IPC le facturó 18 mil 257 millones de pesos a PEP.
Escenarios de riesgo
En varias solicitudes de información Greenpeace preguntó a la CNH sobre los distintos escenarios de riesgo en los tres pozos analizados.
En el caso del Kunah-1 se encontraron 65 escenarios de riesgos clasificados así: tres “riesgos intolerables”, 21 “indeseables” y 41 “razonablemente aceptables”. A ellos corresponden 65 recomendaciones.
“Lamentablemente los planes de mitigación para atender a dichas recomendaciones, de acuerdo con el reporte anual (de la CNH), se muestran en un anexo que no nos fue entregado”, advierte Greenpeace.
También hallaron que PEP subcontrató a la empresa GL Noble Denton para el análisis y el costo de los “peores escenarios previstos”. A la organización ambientalista le entregaron 15 páginas de un total de 34. El costo del peor escenario sería de mil 370 millones de dólares, en caso de un derrame en el océano.
En los casos de los pozos Trión-1 y Supremus-1, la CNH emitió opiniones favorables, pero con condicionantes a Pemex relacionadas con la capacidad organizativa, material y logística de la paraestatal.
Por ejemplo, en el caso de Trión-1 la CNH apuntó que Pemex “debe realizar las acciones necesarias para optimizar los recursos logísticos, con el fin de reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes de apoyo de la plataforma que realizará los trabajos de perforación”.
Pemex expresó que “se están realizando adecuaciones en el puerto de Matamoros para que pueda darse un mayor soporte a las actividades de perforación de pozos en aguas profundas en esa zona”.
Según la CNH, Pemex “debe realizar dichas adecuaciones en el menor tiempo posible, e informar del avance y terminación de las mismas a este órgano desconcentrado”.
En relación con la preparación ante una eventual contingencia o siniestro, la CNH recomendó que Pemex desarrolle “protocolos específicos en donde se describa, paso a paso, los equipos, materiales y las acciones concretas que ese organismo descentralizado y la empresa Wild Well Control realizarán. Lo anterior con el objeto de garantizar una correcta y pronta respuesta en caso de que suceda una contingencia o siniestro”.
El dictamen de la CNH en el caso del pozo Supremus-1 es más duro. En materia de normatividad técnica y puntos críticos, estableció que Pemex “no documentó a satisfacción algunas consideraciones técnicas relacionadas con las presiones esperadas por la posible presencia de gas e hidratos de metano o de un probable flujo de hidrocarburos en la parte somera durante la perforación del pozo piloto”.
La CNH señaló en su resolución que “el diseño de la perforación de dicho pozo no considera previsiones de tipo mecánico, que en determinado momento ayuden a mantener el control del pozo si se llegaran a presentar presiones superiores a las que se pretende controlar con el fluido de perforación programado.
“Dicha preocupación”, abunda la Comisión, “es motivada, entre otras, por la existencia de numerosas fallas geológicas presentes en el área y que deben ser consideradas por su potencial para crear porosidad secundaria, que pudiera a su vez ocasionar una pérdida de circulación mientras se perfora y, en consecuencia, una ruta para la migración de hidrocarburos”.
La CNH recomienda a la Secretaría de Energía “valorar el establecimiento de mecanismos de monitoreo más estrictos del desarrollo de la perforación del pozo piloto”.
A partir de esto Greenpeace consideró que “sí hay posibilidades de derrames” en los trabajos de exploración en aguas profundas realizados por Pemex y sus subcontratistas.
La sombra del desastre
El accidente más grave en aguas profundas ocurrió el 20 de abril de 2010 cuando explotó la plataforma petrolera Deepwater Horizon, de la British Petroleum (BP) en aguas del Golfo de México. En sólo tres meses se vertieron 4.9 millones de barriles de crudo al mar, cifra superior a la del accidente del pozo exploratorio Ixtoc, en la Sonda de Campeche, en junio de 1979.
En septiembre de 2011 BP presentó su informe sobre el origen de la explosión y afirmó que no era por un error humano sino “por una confluencia de fallos” cometidos por esta compañía y las otras dos empresas privadas: Transocean, propietaria de la plataforma Deepwater Horizon, y por Halliburton, constructora del pozo.
Hasta la fecha se desconocen los impactos reales a largo plazo en los ecosistemas y en la fauna marina del Golfo de México por el crudo derramado.
“Lo que la empresa sí reconoció fue la baja calidad de los materiales con los que estaba construido el pozo, evidenciando que la compañía ponderó las ganancias económicas sobre la seguridad de la plataforma.
“La contingencia corroboró que ni el gobierno estadunidense ni el sector privado poseen la tecnología necesaria para explorar en las profundidades y no cuentan con un plan para hacer frente a posibles emergencias”, sentenció Greenpeace en su reporte BP: Una amarga experiencia.
