Los favoritos de González Márquez

A mediados de enero pasado, en menos de media hora, la administración del panista Emilio González Márquez cotizó y validó sin concurso la compra de 53 mil juegos de placas para automóviles cuyo costo ascendió a15 millones 273 mil pesos. No sólo transgredió la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del gobierno estatal, sino que incluso pagó por adelantado.

La beneficiaria fue la compañía Diseño e Impresos de Seguridad, SA de CV, de Job Saburo Azano Matsura, integrante del Grupo Azano. Hasta la penúltima semana de abril la información sobre esa adquisición aún se podía observar en el portal electrónico del gobierno del estado.

De acuerdo con la información obtenida por este semanario, el lote de placas vehiculares, así como un stock de 16 mil 975 piezas para motocicleta fueron solicitados por la Secretaría de Finanzas, hoy convertida en Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (folio 04/0001-00).

El cronograma del proceso de adquisición indica que entre el ocho y el 11 de enero pasados se elaboraron las bases del concurso y su autorización, mientras que la mañana del día 15 se expidió la solicitud de compra: invitación, 11:04 horas; cotización, 11:08; armado del contrato, 11:14; visto bueno al contrato, 11:19, y autorización del contrato, 11:35.

Sin embargo, González Márquez únicamente giró invitación al Grupo Azano, es decir, hizo la compra directa, simulando que cumplió con los requerimientos de manera ultrarrápida, cuando por ley debió lanzar una convocatoria pública o invitar al menos a tres proveedores registrados.

En su artículo 13, la citada ley enumera los casos en que se autorizan las adjudicaciones directas. El párrafo I, por ejemplo, refiere que éstas podrán hacerse cuando resulte imposible la celebración de concursos por la falta de proveedores suficientes o se requiera de un bien con característica y patente propias; el II señala que en situaciones de emergencia motivadas por accidentes o acontecimientos inesperados; el III menciona que cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios, básicos o semiprocesados, deben adquirirse directamente a los productores.

En la solicitud de compra se menciona la adquisición de 43 mil juegos de placas de automóvil de servicio particular y calcomanía sin año de vigencia (series de la JKV-9616 a la JLA-7615); 10 mil juegos más para camiones y camionetas de servicio particular y calcomanía sin vigencia (series de la JT-73137 a la JT-83136), y 16 mil 975 placas de motocicleta y calcomanías sin año de vigencia con serie pendiente de autorización por la Secretaría de Comunicación y Transporte.

El 20 de julio de 2012, el diario El Universal publicó una nota sobre la familia Azano –que encabeza el patriarca de origen japonés Susumo Azano Moritani–, favorecida en los últimos años por las administraciones panistas y conocida por financiar campañas de políticos estadunidenses como Bonnie Dumanis, a quien donó 112 mil dólares cuando se postuló a la alcaldía de San Diego, California.

En sus empresas ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara, Grupo Azano comercializa lo mismo azulejos que muebles de baño; construye naves industriales y aparatos de espionaje que venden principalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De marzo de 2011 a marzo de 2012, la institución pagó 5 mil millones de pesos a la compañía Security Tracking Devices, propiedad del Grupo Azano, por equipo de espionaje e inteligencia, según informó El Universal el 16 de julio de 2012.

Otra de las compañías es TEI Construcción, que en su página web declara ser la responsable de la Nueva Biblioteca Pública que alberga el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.

Las placas

 

La solicitud de la administración de González Márquez fue hecha directamente a Job Saburo Azano, nacido en Guadalajara hace 42 años. J, quien junto con su padre y su hermano José Susumo son socios de la empresa Security Tracking Devices que provee de equipo de inteligencia a la Sedena.

Y aun cuando el documento indica que las placas debieron entregarse el 22 de enero, la información no pudo corroborarse porque los integrantes de la nueva supersecretaría de Planeación, Administración y Finanzas, cuyo titular es Ricardo Villanueva Lomelí, no respondieron a la solicitud
de datos.

Lo que el reportero sí pudo comprobar es que la empresa Diseño e Impresos de Seguridad, SA de CV, continúa en el padrón de proveedores del gobierno estatal. Se ignora si las placas ya fueron fabricadas o no.

Aunque la fábrica de Azano ha sido proveedora del gobierno desde antes que los panistas llegaran al poder, según la información de El Universal, el corporativo comenzó a elaborar placas vehiculares a partir de 2005, cuando el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña le abrió las puertas y le asignó el remplacamiento de los automóviles del estado.

Sin embargo, miles de automovilistas se quejaban porque, decían, el diseño era defectuoso, pues carecía de medidas de seguridad; además, los dígitos se despintaban y códigos de barra simplemente no servían.

Entre los más recientes contratos al Grupo Azano, además de la edificación de la Biblioteca Pública del Estado, destaca la adjudicación del diseño y construcción del nuevo edificio de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) en un terreno que tiene orden de embargo. Según el proyecto constará de 10 niveles y se invertirán 17.9 millones de pesos en la obra.

Además, la familia Azano se encarga de hacer los trabajos preliminares de la Ciudad Judicial por casi un millón de pesos; asimismo, en 2008 se encargó de la edificaron del Salón Guadalajara de la Expo, y anteriormente construyó las naves industriales de las trasnacionales Kodak, Solectrón y ATT.

No es la primera vez que se da a conocer el dispendio de recursos que hizo González Márquez durante su gestión. A finales de enero último el diario Mural informó sobre la adquisición de terrenos por un valor de 150 millones de pesos para construcción de vivienda de interés social por parte de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado de Jalisco (Iprovipe). Sin embargo, acotó el diario, el suelo es pantanoso y, por lo tanto, no apto para uso residencial.