“En Guatemala no hubo genocidio”, dijo durante su campaña el presidente de ese país, Otto Pérez Molina. Pero la realidad lo desmiente y al menos un testimonio lo implica en la política de exterminio aplicada por Efraín Ríos Montt a principios de los ochenta en esa nación. Además un documental de la época muestra a Pérez Molina como integrante de un cuerpo de élite del ejército. Esto le da un giro espectacular al juicio al que es sometido el exdictador Ríos Montt, juicio al que la mayoría de los guatemaltecos no le habían dado un seguimiento muy puntual y que sin embargo le da pie a la defensa para utilizar argucias que retrasarán más el proceso.
GUATEMALA.- En 1983 se estrenó en Estados Unidos el documental Titular de Hoy, donde el realizador finlandés Mikael Wahlforss filmó el viaje de los periodistas estadunidenses Allan Nairn y Jean-Marie Simon a Quiché durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983).
El lente de Wahlforss capturó los rostros ensangrentados de presuntos guerrilleros que habían sido interrogados, torturados y asesinados. “Sólo los trajimos y el mayor los interrogó, pero aun así no dijeron nada ni por las buenas ni por las malas”, dice un soldado cuya voz acompaña las imágenes.
En la siguiente escena aparece un militar con barba y la boina roja de los kaibiles, el cuerpo de élite del ejército guatemalteco. Este lee un manifiesto propagandístico del Ejército Guerrillero de los Pobres y le muestra a Nairn el cuaderno donde anotaba todas las operaciones realizadas y sus resultados. “¿Aquí están diciendo que el ejército mató a gente?”, pregunta el periodista. “Exacto”, responde el militar.
Ese kaibil era Otto Pérez Molina quien 18 años después –en 2011– ganó las elecciones como candidato del Partido Patriota y en enero de 2012 asumió como presidente de la República. Para entonces ya no tenía barba ni vestía el uniforme verde olivo ni la boina roja y se esforzaba por presentarse como uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz, en vez del militar que participó en algunas de las peores matanzas cometidas durante el conflicto armado interno. “En Guatemala no hubo genocidio”, declaró tajantemente durante su campaña presidencial.
Nairn iba a testificar en el juicio que se sigue contra Ríos Montt y contra José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de la Sección de Inteligencia del Estado por los delitos de genocidio y “crímenes contra los deberes de la humanidad”.
El 18 de abril, en su blog personal, Nairn dijo que había viajado a Guatemala para declarar como testigo del Ministerio Público pero que a última hora le dijeron que no testificaría. Nairn narraría las escenas que presenció cuando conoció a Pérez Molina en el cuartel de Nebaj.
Sin embargo el papel que jugó Pérez Molina en esas matanzas fue revelado por otro testigo: Hugo Ramiro Leonardo Reyes, exmecánico del ejército, quien declaró en la audiencia del 5 de abril en una videoconferencia, para resguardar su integridad.
Reyes se integró al batallón El Triunfo en Nebaj el 1 de septiembre de 1982. Narró cómo los oficiales del ejército se embrutecían con alcohol antes de ordenarle al operador de una excavadora que cavara un hoyo. Frente al lugar estacionaban camiones cargados de pobladores aterrados. En vez de dispararles, les arrancaban el pecho con las bayonetas y arrastraban los cuerpos mutilados hasta la fosa para luego dejar caer la pala mecánica sobre ellos.
Reyes dijo que “así llegaban las órdenes” de los destacamentos de Nebaj, Acul, Tzalbal, Miranda y Salquil; es decir, que los altos mandos tenían pleno conocimiento de las atrocidades que se estaban cometiendo. “En Salquil Grande quemaron las casas. Allí mandaba el mayor Tito Arias, más conocido como Otto Pérez Molina. Y déjeme decirle que allí también hubo ejecuciones”, aseguró el testigo, palabras que produjeron en la sala el impacto de una bomba.
Unas horas después el secretario general de la presidencia, Gustavo Martínez, acusó al Ministerio Público de haber cometido “un error garrafal” al haber permitido que un testigo declarara contra una persona que no había sido citada a juicio.
Hasta el 5 de abril, cuando Reyes declaró, el juicio había transcurrido en medio de una relativa indiferencia por parte de la opinión pública. Pero eso cambió a partir de las revelaciones sobre el pasado militar de Pérez Molina.
El 14 de abril la Fundación Contra el Terrorismo, un grupo presidido por Ricardo Méndez Ruiz, hijo de un coronel del mismo nombre que fungió como ministro de Gobernación en el régimen de Ríos Montt y quien fue secuestrado por la guerrilla en junio de 1982, publicó un panfleto titulado La farsa del genocidio en Guatemala, en el que afirma que la idea de que en Guatemala hubo genocidio es “una conspiración marxista desde la Iglesia católica” y acusa a las organizaciones internacionales de derechos humanos de “financiar el odio y el resentimiento en Guatemala”.
Dos días después se publicaron dos comunicados de prensa contra el juicio a Ríos Montt: uno, “Traicionar la paz y dividir a Guatemala”, firmado por exintegrantes del gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), muchos de los cuales participaron en la firma de los Acuerdos de Paz; y otro de la Asociación Amigos del País.
El primero argumentó que la acusación de genocidio no implica únicamente al ejército sino al Estado de Guatemala, lo que representa una amenaza para la paz social y el sistema democrático. El segundo aseguró que la guerrilla actuó fuera de la ley y el ejército intervino para defender la institucionalidad del país.
El laberinto judicial
Luego vino una zancadilla a la justicia. El 18 de abril, cuando sólo faltaba que los abogados de la acusación y de la defensa plantearan sus conclusiones y que los dos acusados pudieran pronunciarse sobre la evidencia en su contra si deseaban hacerlo, los defensores de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez abandonaron repentinamente la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, donde se llevaba a cabo el juicio, argumentando que éste era “ilegal”.
La juez Jazmín Barrios no pudo detenerlos y declaró que ante la salida “poco educada” de los abogados defensores la audiencia quedaba suspendida hasta el día siguiente.
Horas después en la sala de vistas número 5 de la Torre de Tribunales, la juez Primero A de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, por mandato de la Corte de Constitucionalidad (CC), anuló todo lo actuado en el debate oral y público y regresó el proceso penal hasta su etapa inicial, la de noviembre de 2011.
Flores era quien inicialmente debía presidir el juicio por delitos de genocidio contra el pueblo maya ixil, pero fue recusada por el abogado del general retirado Héctor Mario López Fuentes, el primer militar detenido y procesado en este caso.
López Fuentes, de 83 años, fungió como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional durante la dictadura de Ríos Montt y fue quien firmó los planes de campaña Victoria 82 y Sofía, diseñados para aniquilar a la población de cualquier localidad donde se encontraran señales de actividad guerrillera para así acabar con la base de apoyo de los grupos insurgentes.
En junio de 2011 López Fuentes fue ligado a proceso por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, pero el juicio no pudo avanzar debido su frágil estado de salud. Ríos Montt todavía no había sido indiciado por el delito de genocidio porque tenía inmunidad como diputado del Congreso.
Luego de que Flores fuera recusada por el abogado de López Fuentes, quedó fuera del proceso por una resolución de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, en 2011, y asumió el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez.
El proceso continuó con Gálvez durante la primera instancia penal, incorporando a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez. Mientras el juicio proseguía, el Centro para la Acción en Derechos Humanos presentó un recurso de amparo contra la recusación, el cual fue admitido el 13 de marzo de este año y notificado a la fiscalía y a las partes hasta el 18 de abril. Por este motivo Flores argumenta que ella debe asumir de nuevo el caso, anulando todo lo diligenciado en el debate presidido por la juez Barrios.
Ese mismo día –18 de abril– fue cuando Allan Nairn denunció en su blog que a última hora le avisaron que no testificaría y por tanto no pudo contar las escenas que presenció cuando conoció a Pérez Molina, lo que hubiera corroborado el testimonio de Reyes. El relato de Nairn hubiera implicado para el Ministerio Público otro enfrentamiento con el Ejecutivo.
Nairn también aseguró en su blog que jueces y fiscales han recibido amenazas de muerte por parte de simpatizantes del ejército.
Ríos Montt se veía sonriente y ufano luego de que Flores leyó la resolución que anulaba lo actuado en el juicio, pero se abstuvo de dar declaraciones.
“¡Ríase, general, pero los gusanos lo vomitarán por asesino!” le gritó Marylena Bustamante, hermana de Emil Bustamante, un catedrático de la Universidad de San Carlos detenido y desaparecido por el ejército en 1982.
El 19 de abril Barrios dijo que suspendería el juicio hasta que la CC le diera luz verde para seguir. Pasaron 15 días de incertidumbre. El 30 de abril la CC permitió que el juicio siguiera. Al cierre de esta edición, Rodríguez Sánchez debía decidir si contrataba a un defensor de su confianza, ya que sus abogados renunciaron el 18 de abril, o si será asistido por un defensor público. El tribunal también tenía que resolver si se suspende el juicio por cinco días para que el nuevo defensor pueda conocer lo actuado hasta la fecha.
El juicio contra Ríos Montt continúa entre demandas y contrademandas con las cuales la defensa busca enredar y entorpecer el proceso, pero las víctimas, que han tenido que esperar más de 30 años para llegar a este momento, no pierden la fe en la justicia.
“Ríos Montt está temblando, está nervioso porque no han podido parar el juicio. La verdad es la que va a ganar”, afirma en tono decidido Antonio Caba Caba, dirigente ixil que narró ante el tribunal las matanzas y torturas que presenció en su comunidad cuando tenía 11 años.
