BOGOTÁ.- El pasado 24 de abril la Comisión Sexta del Senado colombiano comenzó a debatir en una audiencia pública una iniciativa de Ley Antimonopolio que de aprobarse en el Congreso bicameral obligaría a Carlos Slim a vender parte de Claro, su compañía de telecomunicaciones en Colombia, para disminuir la concentración de mercado que ejerce en el sector.
Según el proyecto impulsado por los senadores Jorge Enrique Robledo, del izquierdista Polo Democrático Alternativo; Juan Mario Laserna, del Partido Conservador, y Eugenio Prieto, del Partido Liberal, ninguna empresa de telecomunicaciones que opere en Colombia podrá tener más de 30% de los ingresos en el mercado de telefonía móvil. Si excediera ese porcentaje, como hoy lo hace Claro, estaría obligada a vender una porción que le permitiera cumplir con la ley.
“Hoy tenemos un sector de las telecomunicaciones móviles que está concentrado en grado superlativo en una sola empresa, Claro, y el monopolio privado, lo evidencian los hechos, frena el progreso tecnológico, se traduce en alzas tarifarias y ejerce un enorme poder corruptor porque su objetivo no es otro que el de obtener la máxima ganancia”, dijo Robledo en el debate.
Claro tiene 61.5% del mercado de telefonía celular en Colombia, seguida de la española Movistar, con 24.7% de las líneas móviles; Tigo, propiedad de la multinacional Millicom, con 13%, y las colombianas Uff (0.6%) y UNE (0.2%).
Según el índice de concentración de mercado de Hirschman Herfindahl, México tiene el sector de telecomunicaciones más concentrado del mundo, seguido de Colombia y China.
Prieto, coordinador ponente del proyecto de ley, señaló que el dominio que ejerce la empresa de Slim plantea la necesidad de establecer topes de 30% de los ingresos para cada una de las operadoras de telefonía celular, aunque hay que dar un periodo de transición para llegar a ese porcentaje a fin de mejorar la calidad, la competencia, la atención a los usuarios y la cobertura, así como disminuir las tarifas.
Robledo dijo a Proceso que el escenario para que se apruebe la Ley Antimonopolio en el Congreso bicameral “es complicado porque Claro está dando un empujón durísimo para que no prospere y está haciendo mucho cabildeo con los congresistas; pero nosotros queremos sacar esto adelante, tenemos apoyo y buscamos aprobar esta legislación este mismo año”.
Más regulación
El gobierno colombiano, que tiene mayoría en el Congreso, es renuente a respaldar la Ley Antimonopolio. El director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Carlos Pablo Márquez, sostuvo que el mejor camino para enfrentar la excesiva concentración del mercado es la regulación, ya que una iniciativa como la que discuten los legisladores puede desincentivar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones y estancar su desarrollo.
En marzo pasado la CRC terminó de aplicar un paquete regulatorio que obligó a Claro a reducir 50% las tarifas de interconexión que pagan el resto de los operadores por ingresar a su red. Además la compañía de Slim no podrá cobrar a sus abonados por llamadas a otras redes más de lo que les cobra por conectarse a su propia plataforma. Esta disposición regirá hasta 2015, cuando se igualarán los cargos de interconexión.
“Con este conjunto de medidas (que incluye bonificaciones a los usuarios por caída de llamadas) buscamos que en el corto plazo tengamos una distribución más equitativa del mercado”, aseguró Márquez.
De manera paralela, en momentos en que Colombia se dispone a subastar el espectro para la telefonía de cuarta generación –que constituye un salto al futuro y abrirá un panorama de crecimiento exponencial a las telecomunicaciones móviles– diversos sectores han exigido al gobierno excluir a Claro de esa puja, a realizarse este año, para evitar que aumente su porción de mercado.
Los competidores de Slim –encabezados por su rival en la región, Movistar– han realizado un intenso cabildeo para dejar fuera de la subasta a Claro y esa demanda la secundan legisladores de todos los partidos y los alcaldes de las principales ciudades de Colombia, mientras que analistas del sector, juristas y expertos en regulación han advertido que una medida de ese tipo sería contraria a la libre competencia.
En una decisión salomónica el ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, quien trabajó en Movistar, optó por permitir la participación de Claro en la licitación, pero con una restricción: Sólo podrá pujar por la banda de 2 mil 500 megahertz (MHz), cuyo despliegue requiere inversiones 300% superiores a las bandas de mil 700 a 2 mil 100 MHz, a las cuales podrán acceder el resto de operadores y nuevos actores interesados en entrar a este mercado.
La oficina del representante comercial de Estados Unidos expresó en una nota que tiene “serias preocupaciones” por la exclusión de Claro –cuyo consorcio, América Móvil, cotiza en la Bolsa de Nueva York– de las bandas de mil 700/2 mil 100 MHz y recomendó a Colombia considerar “otras alternativas que apunten más directamente a posibles acciones anticompetitivas del operador dominante”.
Las autoridades colombianas argumentan que todas las medidas que ha adoptado están encaminadas a acotar la “posición dominante” de Claro en el mercado de las telecomunicaciones y a favorecer la competencia. “No vamos a permitir un monopolio en el sector, esto lo prohíbe nuestra Constitución”, dijo Molano.
El presidente de Claro en Colombia, Juan Carlos Archila, ha sostenido que esa compañía es la que más ha invertido en el país, a diferencia de sus competidores, y por eso cuenta con la red celular más extensa y la única que cubre los mil 123 municipios. Por ello le preocupa “que regulatoriamente se busquen soluciones a temas de competencia y de libre mercado”.
El representante de Claro, Santiago Pardo, rechazó el 17 de abril ante la Comisión Sexta del Senado que esa empresa sea un monopolio pues compite con varios operadores en el país.
Para Robledo las medidas regulatorias adoptadas por las autoridades del sector son insuficientes y “se necesita una ley antimonopolio para impedir que Claro consolide su poder dominante, hoy superlativo, que además de altas tarifas genera un muy mal servicio”.
Las quejas por las caídas y deficiente recepción de llamadas en la red de telefonía celular de Claro son habituales en Colombia, lo que la empresa atribuye a las limitaciones del espectro radioeléctrico asignado, mientras la autoridad regulatoria argumenta que la firma de Slim debe aumentar la densidad de antenas instaladas y gestionar de manera más eficiente su red, lo que significa más inversión.
