A los integrantes del Colectivo Magisterial Democrático los alarma que pretenda aprobarse la reforma educativa del presidente Peña Nieto sin debate alguno en el Congreso local y con respaldo acrítico de la nueva dirigencia del SNTE. Advierten que la experiencia internacional con ese modelo privatizador ha sido nefasta.
Mientras que en los estados de Michoacán, Oaxaca y Guerrero las protestas de los maestros contra la reforma educativa derivaron en violencia, en Jalisco casi no se ha debatido.
Con excepción del Movimiento de Bases Magisteriales (MBM) y el Colectivo Magisterial Democrático (CMD), de reciente creación, no existen en la entidad otras organizaciones críticas al proyecto. En tanto, las secciones 16 y 47 del SNTE, ambas oficialistas, se apegan a los dictámenes de su nuevo líder Juan Díaz de la Torre, quien acaba de reiterar su respaldo a la mencionada reforma.
La vocera del CMD, Silvia Elizabeth Arévalo Gutiérrez, advierte que el hecho de que no exista un movimiento de resistencia similar al de otros estados no significa que todo esté bien. Por el contrario, explica, una cantidad importante de docentes preocupados por la reforma han decidido actuar, aunque en forma cautelosa por temor a represalias. Por ejemplo, 303 profesores del CMD ya se ampararon y su juicio se ventila en dos juzgados de Cholula, Puebla.
Arévalo añade que la reforma educativa es el disfraz de una estrategia laboral que pretende abaratar la mano de obra magisterial y privatizar la educación. Precisa que en el artículo 5 transitorio que se incluyó en el proyecto se maneja el concepto “autonomía de gestión en las escuelas”, lo que en la práctica significa que los padres de familia y alumnos serán responsables del equipamiento en los planteles.
“Esto implica abiertamente que el Estado empezará a deshacerse de su obligación de sostener las escuelas. Con base en que nunca ha podido sostenerlas como es debido, se le permite decirle a los padres que no hay lana y que sigan cooperando”, señala.
Como consecuencia, en los planteles que estén en zonas pobres los padres de familia no podrán aportar recursos para mejorar la infraestructura y el equipamiento, lo que obligará a solicitar el apoyo de patrocinadores. Arévalo ejemplifica:
“¿Que hacen falta pizarrones? Pues hay que ir con Coca-Cola, a ver si nos dan pizarrones. Y sabemos que los empresarios no te van a dar nada si no esperan recibir algo a cambio. En determinado momento los empresarios van a ser tan importantes en el sostenimiento de las escuelas que tratarán de incidir incluso en los contenidos de la enseñanza.”
El 26 de abril, una plantilla de docentes pertenecientes al MBM, al CMD y al Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco marcharon de la torre de la Secretaría de Educación al Congreso local para exigir a los diputados que integren mesas para discutir los efectos de la reforma educativa antes de que ésta llegue al Congreso local.
A la marcha acudieron principalmente profesores de La Barca, Poncitlán, Ciudad Guzmán, Atequiza, Tomatlán, El Tuito y Puerto Vallarta. Todos se quejaron de las precarias condiciones de los planteles donde trabajan.
Un profesor que no quiso dar su nombre recordó que en 2010 su escuela fue desplazada por la empresa Operadora Chamela, promotora del complejo turístico llamado Zafiro que se planea construir en esa zona costera, y hasta la fecha no tiene un espacio propio. Otra dificultad a la que se enfrentan esa y otras comunidades cercanas es que carecen de energía eléctrica.
Asimismo la maestra Martha Ornelas, del municipio de Poncitlán, en la región Ciénega, señaló que, con excepción de la escuela que se encuentra en la cabecera, el resto padece un déficit en equipamiento didáctico y de limpieza. Saúl Rojas Sánchez, profesor de La Barca, aseguró que por falta de instalaciones han recurrido al préstamo de fincas para impartir clases.
Otra maestra, que declinó dar su nombre, comentó que en la primaria 1 de Mayo, en la colonia Mesa Colorada, municipio de Zapopan, carecen de agua, no existe el material didáctico necesario y lo poco que se recauda por aportaciones voluntarias apenas alcanza para comprar un trapeador y una escoba. “Es una zona muy marginada y los padres de verdad no tienen dinero para pagar cuotas. Hay muchas familias desintegradas, muchas mamás que se dedican a la prostitución, niños abandonados”, describe.
Aun cuando el gobierno de Zapopan tiene un programa para destinar recursos a los planteles educativos, observa la entrevistada, no puede aterrizarlos porque la escuela no tiene siquiera un director que tramite el apoyo.
Hacia la privatización
Arévalo Gutiérrez, la vocera del CMD, recuerda que desde hace tiempo las aulas se encuentran saturadas con grupos de 40 a 50 alumnos, cuando la UNESCO estipula que no debe haber más de 30 por salón. Lo más grave, apunta, es que ciertos planteles funcionan en condiciones indignantes, como la Secundaria Mixta 72 del sistema estatal, que está en la colonia Jardines de Nuevo México, donde hasta hace dos años había letrinas en lugar de inodoros.
Agrega que las únicas escuelas públicas que no padecen tantas carencias son aquellas cuyo director es un dirigente sindical, como la Secundaria 4 Mixta, que encabeza el exsecretario de la Sección 47 del SNTE y exidiputado local de Nueva Alianza, José Guadalupe Madera Godoy.
Tales son las condiciones precarias que, según el CMD, obligarán a los padres de familia a buscar interlocutores con capacidad de negociación y poder adquisitivo. Dice que en ese contexto no le sorprendería que aparezcan organizaciones civiles como Mexicanos Primero, que se ha dado a conocer “por sus posturas reaccionarias” y que se ha mencionado como el frente de Televisa para controlar la educación.
La sindicalista avizora que, con la reforma, las aportaciones que dan los padres de familia para el sostenimiento de los planteles serán obligatorias:
“Se vienen encima más aportaciones de los padres, es decir, empezar a privatizar poco a poco. Y como no van a poder (cooperar más) en muchas zonas, entonces (las escuelas) van a tener que recurrir más a los patrocinadores y estos patrocinadores se irán haciendo cargo de las escuelas. Se verá como algo natural que, si ellos están a cargo, puedan tomar decisiones sobre a quién contratan y a quién no.”
Resalta que, en tal sentido, la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) es un mecanismo para justificar el despido masivo de los docentes y luego volverlos a contratar ya sin prestaciones y con salarios aun menores.
Confía que los padres de familia le han preguntado cómo sabe que ocurrirán esos cambios si llegara a aprobarse la reforma educativa, y ella les responde que en otros países ese modelo ha desembocado en la privatización. Como ejemplo, señala que en la ciudad estadunidense de Nueva York se impulsaron desde el año 2000 las escuelas chárter, con resultados “perversos”.
“Funcionan con el presupuesto público, pero las manejan empresarios como si fueran de ellos: subcontratan el comedor, meten servicios que a ellos les interesan y restringen el tipo de alumnos, porque ya no se consideran escuelas públicas. Pensamos que por ahí le van a entrar (en México).”
Para el CMD, continúa Arévalo Gutiérrez, la transformación de la educación obedece a presiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a todos los países que la integran; según sus estimaciones, con la privatización del sistema educativo los empresarios obtendrían ganancias cercanas a 900 mil millones de dólares anuales.
“Es muy buen negocio; de hecho en Estados Unidos parece que actualmente el mercado de la educación es el segundo más rentable. Por eso decimos: no hay tal interés (gubernamental) por la calidad”, puntualiza.
El hermano de la vocera del CMD, Francisco Manuel Arévalo, es abogado de los docentes que se ampararon contra la reforma; también representa a los policías de Zapopan que fueron despedidos tras aplicárseles las pruebas de confianza. En su opinión, hay una semejanza entre el procedimiento de evaluación al que fueron sometidos los gendarmes y los fines que persigue el proyecto peñista de educación:
“Se trata de una reforma de tipo laboral en la cual se pretende, al igual que con los policías, establecer un mecanismo para poder deshacerse de los empleados sin que al Estado le cueste el pago de indemnizaciones como correspondería.”
El abogado coincide en que la reforma educativa impulsa el establecimiento legal de las cuotas de los padres de familia y agrega que así podrá segregarse a aquellas familias que no puedan pagarlas.
Resalta que ese modelo se aplica ya en Chile y fue una de las razones por las que miles de estudiantes salieron a la calle: “Protestaron porque les detiene el proceso de crecimiento con una educación nacional para todos”.
Menciona que los amparos interpuestos por los docentes del CMD se enviaron de manera mañosa a dos juzgados de Cholula, Puebla, con la intención de que emitan sus resoluciones conforme a un criterio único, ya que si éstos se resolvieran en su ciudad de origen seguramente tendrían diferencias, lo que propiciaría llevarlos a un esquema de inconstitucionalidad.
Finalmente, Silvia Arévalo agrega que las autoridades ya les advirtieron a los profesores que sufrirán represalias por oponerse a la reforma, como la suspensión de licencias y préstamos.
