Por todo el significado que encierra y dado que involucra a un medio informativo local, vale la pena reproducir aquí parte de la nota Silencio y opacidad, del corresponsal en Veracruz Noé Zavaleta, publicada en el número anterior de Proceso, a raíz de la conmoración del primer aniversario del asesinato de Regina Martínez, el pasado 28 de abril, y de la nula voluntad del gobernador Javier Duarte de Ochoa para transparentar sus gastos en materia de Comunicación Social y, peor aún, para esclarecer el homicidio de Regina: “En contraste, la represión contra periodistas de Veracruz ha sido la constante. Verónica Daneli, conductora del noticiario Meganoticias de la empresa Megacable, fue despedida hace varias semanas a solicitud, dice, del gobierno estatal. (…) Las notas positivas de turismo y de los actos del gobernador Duarte –entre ellos el Chayopremio, popularizado así por los periodistas locales luego de que el mandatario fuera premiado supuestamente por “proteger” a los reporteros veracruzanos– ahora son incluidas en el noticiario nacional que se transmite desde Guadalajara”. La sede de esta empresa cablera, propiedad de Enrique Yamuni, se encuentra en esta ciudad.
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A propósito. En el aniversario luctuoso de Regina Martínez se celebró en distintas ciudades del país la Jornada Nacional por el Periodismo, y Guadalajara no fue la excepción. Entre sus organizadores estuvieron Reporteros Sin Fronteras, Los Queremos Vivos, Red de Periodistas de a Pie y defensores de derechos humanos. En el acto, celebrado en el parque de la Revolución, la reportera Alejandra Guillén leyó un mensaje en el que recalcó que “los periodistas en todo el país estamos bajo acecho; en los primeros cuatro meses de este año, al menos un periodista fue asesinado, otro más está desaparecido, cuatro medios de comunicación fueron atacados y una organización dedicada a la defensa de los periodistas fue amenazada (…) Queremos respeto, garantías para nuestro trabajo y justicia. Queremos que funcionen las instituciones dedicadas a la protección de periodistas, no queremos que falte ni uno ni una más”.
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Tarde, como siempre. Controlado un gran incendio en el Bosque de La Primavera la semana pasada, el presidente de Zapopan, Héctor Robles Peiro, anunció el miércoles 1 de mayo que en dos días llegarían dos aviones contra incendios contratados en Estados Unidos para combatir conflagraciones forestales hasta la llegada del temporal de lluvias. El año pasado, el entonces alcalde Héctor Vielma hizo lo mismo: contrató a destiempo dos aparatos por 10 millones de pesos, pero llegaron cuando ya se habían quemado cientos de hectáreas del mismo bosque en una semana. Año tras año el fuego destruye miles de hectáreas de bosques en todo el país. Ni el gobierno federal ni los estatales han sido capaces de comprar siquiera un avión equipado. ¡Ah, pero no se trate de la comodidad de los gobernantes y funcionarios, porque se compran jets equipadísimos, así se trate de la entidad federativa más pobre! ¿Cuánto nos costará el Boeing 787 de Peña Nieto que será más lujoso que el propio Air Force One, de Barack Obama, y con lo último en materia de tecnología?
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Finalmente. ¿Quién hizo el negocio de su vida en la compraventa de las 39 motoconformadoras chinas inservibles adquiridas por el gobierno de Emilio González Márquez y que una a una fueron devueltas por distintas deficiencias, entre ellas su rápido calentamiento, que las hacían inoperantes a las tres o cuatro horas? Los municipios que fueron “beneficiados” por tal maquinaria adquirida por la otrora Secretaría de Administración mediante el programa Peso a Peso, prefirieron reintegrarlas al estado para que las devolviera al concesionario, Marco Antonio Orozco Álvarez, propietario de la empresa FTO de México, S. de R.L. de C.V., quien, por su parte, exige al gobierno el pago de 2.5 millones de pesos por incumplimiento de contrato. Desde hace algunas semanas, las máquinas están en los patios del proveedor (no de la Secretaría de Desarrollo Rural), donde deben ser reparadas para hacerlas servir durante algún tiempo más y disminuir el monto de la pérdida por una compra catalogada de ventajosa para, al menos, una de las partes involucradas, que pueden ser algunos exfuncionarios de la Secretaría de Administración (Proceso Jalisco 429 y 440).
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