El PRI inició este sexenio manifestando su voluntad de hacer las cosas de manera distinta de como las había hecho antes. Una novedad en esa dirección fue el Pacto por México, y en estos días hemos comprobado los varios conflictos que lo amenazan. Apenas el miércoles pasado, 24 de abril, vimos también un primer intento de subsanar una carencia que el Pacto viene arrastrando desde su creación: la ausencia de perspectiva de género. Con el objetivo de que el Consejo Rector del Pacto escuchara a un grupo variado de mujeres, especialistas en diversos temas, la Red de Mujeres en Plural y la iniciativa SUMA convocaron a una reunión. Como el Pacto ya está firmado, y no se piensa modificar, la reunión tuvo un carácter simbólico: decir “Aquí estamos y vemos que ciertas cuestiones que nos afectan no están contempladas”.
Rodeada de Aurelio Nuño, César Camacho, Jesús Zambrano y Alejandro Zapata, Patricia Mercado, coordinadora del evento, dio la palabra a 20 mujeres. Ahí estuvieron las senadoras Angélica de la Peña y Diva Gastelum, estuvo Ana Güezmes, la representante de ONU-Mujeres; Carmen López Portillo, rectora de la Universidad Claustro de Sor Juana; Martha Sánchez Néstor, líder indígena; y destacadas políticas como Rosario Guerra, Cecilia Soto y Patricia Olamendi.
Cada una de ellas planteó puntos concretos: Marcelina Bautista, representante de las empleadas del hogar, insistió en la necesidad de que México ratifique el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre esa tarea; María Elena Morera habló del tema de la violencia hacia las mujeres en relación a la gendarmería; Lucía Pérez Fragoso explicó cómo los impuestos afectan de manera diferencial a mujeres y hombres. En fin, como suele ocurrir en todo acto, hubo intervenciones muy buenas y no tan buenas.
Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), abordó el tema de cómo se va a tratar el aborto dentro del código penal único que se está proponiendo y planteó tres escenarios posibles. El primero, el óptimo, sería que se tomara el sistema de plazos de la legislación del DF como la pauta y se adecuaran los demás códigos estatales, lo que implicaría aceptar la interrupción legal del embarazo (ILE), tal como existe en el DF; el segundo escenario sería continuar con el sistema de causales, pero ampliando a todas las entidades federativas las que ya existen en diversos estados; y el tercer escenario sería plantear que la regulación del aborto no entra en el proceso de homologación.
Tamés mencionó que además, en cualquiera de los tres escenarios mencionados, hay que analizar la cuestión de las sanciones que se aplican: en 27 entidades federativas el aborto es un delito no grave, es decir que las mujeres pueden seguir el proceso penal en libertad. En estos casos, la mujer puede permanecer en libertad mediante el pago de una caución o fianza y continuar el proceso fuera de prisión, según lo establecido en el artículo 19 de la Constitución.
Las fianzas impuestas en los casos que GIRE ha documentado van de los mil a los 197 mil pesos. Muchas de las mujeres sujetas a proceso penal son de escasos recursos económicos, por lo que el pago de estas fianzas representa un obstáculo frecuentemente insuperable. En las cinco entidades federativas restantes –Baja California Sur, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala– el aborto sí es un delito grave, lo cual implica que las mujeres a las que se les inicia un proceso penal están recluidas durante el mismo.
Obvio que la decisión de homologar hacia lo más avanzado supone concebir a las mujeres como seres capaces de tomar decisiones sexuales y reproductivas de manera responsable. Pero mientras se siga la política del avestruz, difícilmente se dará un tratamiento racional al aborto, que es una reivindicación democrática y moderna de la autodeterminación personal. Al finalizar el acto, Jesús Zambrano tomó la palabra y señaló que como hay que respetar la soberanía de los estados, el tener un tipo único de código penal no implica forzarlos a que acepten la despenalización. Por lo visto, lo más seguro es que las cosas se van a quedar como estaban.
Por lo pronto, hay otro desafío para el PRI, que solamente requiere voluntad política. El derecho a la interrupción legal del embarazo es ley en el DF, sin embargo los hospitales federales ubicados en esta demarcación, como el Hospital de la Mujer, el Gea González y el Hospital Juárez no realizan ILE, ni tampoco lo hacen las clínicas del IMSS y el ISSTE. Tal desacato a la ley fue decisión del gobierno calderonista. ¿Qué espera el gobierno de Peña Nieto para levantar esa prohibición?
Ese mismo miércoles 24 se cumplieron seis años del servicio de ILE por parte de las autoridades sanitarias del Gobierno del Distrito Federal. La ILE ha sido una experiencia exitosa desde todos puntos de vista, en especial por la bajísima reincidencia y por el altísimo porcentaje de mujeres (85%) que desea prevenir y acepta un método anticonceptivo después del aborto.
Es criminal que las dependencias de salud federales, pero ubicadas en el DF, no quieran cumplir la ley. Habrá que preguntarle a la nueva secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan, qué se necesita para que ahora los hospitales y clínicas federales ubicados en el DF acaten la ley.
