Señor director:
Le solicito la publicación de esta carta con referencia al artículo Internet, el quinto campo de batalla, publicado en la edición 1901 de Proceso.
Hace seis años leí por primera vez el término cyberwar –guerra cibernética– precisamente en una revista de divulgación científica. Desde aquel momento quedé convencido de la posibilidad de ver un conflicto “armado” entre Estados que tendría como escenario el ciberespacio; por ello la necesidad de establecer reglas claras sobre su desarrollo en el ámbito internacional.
A pesar de que la actividad en contra de los sistemas cibernéticos ya tiene bastantes años en la mesa de los gobiernos, donde actividades como el hacking, el ciberactivismo, el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia han ido en aumento, nunca se había tenido en puerta la posibilidad real de enfrentamientos, de agresiones donde los participantes fuesen Estados, principalmente porque las acciones citadas en primer lugar sólo requieren de conocimientos muchas veces accesibles en el mismo internet y otras porque la tecnología para su desarrollo es asequible para la sociedad civil, lo cual es insuficiente para poner en jaque a todo un Estado (como lo demostró Israel hace unos días al enfrentar al grupo activista Anonymous).
Ahora las grandes compañías de seguridad informática, los sectores militares de diversos países y las grandes corporaciones están preocupados por el avance en el desarrollo de armas digitales. En los últimos seis años, a partir de los ataques a los sistemas de Estonia, se ha hecho presente una carrera armamentista que abarca todos los ámbitos del ciberespacio pero cuyos blancos son las infraestructuras criticas de los Estados.
Hablamos de instalaciones de energía, agua, sistemas financieros y monetarios, de salud, de protección civil y de defensa. Prácticamente es imposible encontrar servicios públicos que no estén conectados al ciberespacio de alguna u otra forma. El mundo se arma y prepara para librar algo más grande y complejo.
Por esta situación, el tema es recurrente en foros, asambleas y cumbres, entre gobiernos, organismos internacionales y sector privado que tienden a dirigir sus esfuerzos en enfatizar la seguridad del ciberespacio. Lamentablemente la regulación que piden la enfocan en limitar libertades de la sociedad civil.
Sostengo que el peligro se encuentra en los siguientes sectores: corporaciones, Estados y crimen organizado, dado que estos son los únicos con la capacidad técnica, operativa y financiera necesarias para desarrollar armas para una ciberguerra. La normatividad es necesaria pero prohibir es exiguo; es necesario un análisis critico y reflexivo respecto de un tema que prácticamente ningún político maneja al dedillo, mucho menos las asambleas de representantes y/o congresos de los Estados que en última instancia tendrían que ratificar algún tipo de convención al respecto.
Un tratado internacional que pretenda ampliar el sistema iniciado en el siglo XIX en Ginebra para regular la guerra (ius in bello) debe ir mas allá de la mera descripción y prohibición de actividades ilícitas. Un verdadero acuerdo internacional requiere uniformidad en los términos de ciberespacio e internet. Necesita resolver el problema de la soberanía, así como la aplicación temporal y espacial de las normas encaminadas a limitar la guerra cibernética y el desarrollo de armas digitales.
Mis felicitaciones al reportero Adrián Foncillas por el desarrollo de un tema tan apasionante. (Carta resumida)
Atentamente.
Lic. Héctor Manuel Márquez Rivera
Puerto Vallarta, Jalisco
h_mm_r84@hotmail.com
hectormarquez00@gmail.com
