La oposición a la reforma educativa se está enredando al cuello del gobierno de Peña Nieto, pero sobre todo al de algunos gobernadores a los que se les está apretando el nudo un poco más fuerte. Este enredo es la consecuencia de una estrategia mal montada y justificada con los nuevos parches al artículo tercero constitucional, por las incapacidades de estos gobiernos para abrir un diálogo de altura y de fondo con los docentes sobre su materia de trabajo y su destino laboral, y porque no se ha logrado superar la ambigüedad del contenido con el que se ha justificado dicha reforma.
En medio de este enredo, sin embargo, se ha venido tejiendo una trampa en contra de los trabajadores de la educación, que consiste en hacer creer de forma mediática que ellos se están oponiendo a la más importante reforma educativa que se haya presentado en el país, cuando en los hechos existe un gran vacío respecto de su contenido, de los mecanismos a través de los cuales se pondrá en marcha o de los recursos que se orientarán para llevarla a cabo, pero sobre todo de la falta de precisión respecto de la manera a través de la cual se podrá elevar la calidad del penoso y deteriorado sistema escolar, harto desigual e inequitativo.
Se trata más bien, aunque no se reconozca, de una típica reforma “desde arriba” impuesta de forma represiva y burocrática y que, como puede verse, no puede ser la vía para enfrentar las terribles contradicciones que padece el actual sistema escolar; tampoco la mera adición del artículo tercero podrá hacerlo, por más que así lo pregonen los corifeos del denominado Pacto por México (que avanza firmemente para ser un “pactito”) y los de las televisoras.
Y es tan evidente este vacío de contenido que tampoco se sabe, hasta ahora, cuándo y cómo se va a evaluar a los maestros, cómo se van a replicar los exámenes estándares y para qué van a servir y, peor aún, no se sabe de qué manera se va a enfrentar el multiplicado descontento magisterial si no se atienden a fondo sus demandas y sus propuestas.
Por la vía de poner al frente de las protestas a muchos “Comandantes Espartacos”, poco se podrá avanzar en el desarrollo de un cambio en el contenido, método y organización de lo que es por todos considerado el valor social más importante para remontar las actuales condiciones de miseria que se viven, como lo es la educación. Amenazando a los maestros, reduciendo su capacidad de interlocución e imponiendo una idea de reforma sin contenido claro, poco podrá lograrse. Saber de leyes no tiene nada que ver con saber de pedagogía.
Así, lo que hasta ahora existe es sólo una ficción de reforma educativa que, a fuerza de llamarla de esa manera, se ha querido presentar como el medio para recobrar “la rectoría del Estado en la política educativa”, y una que otra de esas sandeces. Es tanta la retórica al respecto que, por mencionar algo, aún no se conoce la propuesta de ley secundaria que deberá reglamentar la reforma constitucional respectiva, ni cómo y para qué se van a aplicar pruebas pilotos en varios estados, ni las consecuencias que su aplicación tendrá en el ingreso, permanencia o desempleo de los maestros. Nada. La trampa que se está construyendo sólo está provocando un tremendo conflicto social en donde la discusión sobre lo esencial no existe.
Lo que sí es un hecho, pero que no se difunde, es que, con todo y que se ha encarcelado a Elba Esther Gordillo, Peña Nieto le ha dado un espaldarazo al nuevo secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre (el mismo que aparece en el organigrama de las redes de corrupción de la Gordillo), que no se ha tocado una sola de las estructuras de operación ni de manejo fraudulento de recursos públicos y de cuotas de ese sindicato, y que siguen operando miles de profesores “comisionados” que cobran sin dar una sola clase, y que se mantienen las alianzas político-corporativas y las canonjías de los que aparecieron (y siguen) como operadores de la otrora dirigente sindical. Allí sí, todo como si nada.
Desde el otro lado, los maestros que se están movilizando en varios estados de la República, pero durante la última semana de forma destacada en Guerrero y en Oaxaca, a pesar de sus radicalizaciones y desesperaciones, están a favor de una reforma educativa que tiene que ver con la realidad de desigualdad e inequidad que se vive en sus localidades. No están en contra de su evaluación como gremio, ni tampoco de la formación de un nuevo INEE, ni mucho menos del concurso de oposición para el ingreso de nuevos maestros, pero han destacado temas que no se entiende por qué no se toman en cuenta, siendo éstos absolutamente razonables.
Por ejemplo, han señalado que la evaluación debe contemplar las condiciones de pobreza e inequidad en la que viven sus alumnos, y el hecho de que las condiciones de trabajo y de escolaridad son harto distintas a las de las escuelas del centro o del norte del país, o de las escuelas particulares de la Ciudad de México. ¿Es esto irracional?
Han señalado que la reforma educativa debe tomarlos en cuenta porque durante años han construido un proyecto de educación popular y exigen que se les escuche y que se discuta con ellos en relación con el mismo. ¿Es esto incongruente? Han señalado que tienen propuestas, muy suyas, para ser comprendidas en la reforma a las escuelas normales y que las mismas tienen que ver con su formación, su actualización y su desempeño.
Por supuesto que también tienen una caracterización del actual gobierno y de sus alianzas renacidas con quienes han usurpado (ahora se sabe que de forma delictuosa para su beneficio familiar y personal) su organización sindical y se han robado las cuotas de 60% de los agremiados del SNTE. ¿Es esto un motivo para condenarlos a la ignominia, como ahora ocurre?
