VALPARAÍSO, CHILE.- El largo pleito legal por el diario Clarín –confiscado por la dictadura de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973– está llegando a su fin. Y los vencedores son Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende, propietarios de ese medio.
El pasado 6 de marzo la justicia española decretó –a través del Juzgado de Primera Instancia 101 de Madrid– un embargo de 4 millones 975 mil 630 dólares contra el Estado chileno con el propósito de resarcir a los legítimos dueños de Clarín el daño causado por la confiscación del diario.
En su parte dispositiva el dictamen del citado tribunal señala que “requerirá a la República de Chile a fin de que, en el plazo de diez días, manifieste/n relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución”.
Este litigio se originó en la demanda que Pey y la Fundación Allende de España, dirigida por el abogado Joan Garcés, hicieron contra el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en 1998, reclamando una indemnización de 517 millones de dólares por los conceptos de “resarcimiento de daños materiales” y “lucro cesante”.
Al conocer la resolución del tribunal Víctor Pey expresó desde Madrid a Radio Cooperativa: “Simplemente se ha hecho justicia en un largo proceso que ha durado más 15 años”.
Y añadió: “En vista de que el gobierno chileno se resistió a cancelar lo que un tribunal internacional le indicaba ha tenido que acudirse a la justicia española con el objeto de producir un embargo para poder tratar de cobrar lo que el CIADI determinó”.
Pey aludió a la “decisión” del CIADI en esta causa, emanada de un fallo del 18 de diciembre de 2012 que obliga a Chile a pagar las costas de este juicio arbitral. En dicha decisión el CIADI resolvió también convocar a un nuevo tribunal arbitral cuya única misión será fijar la cuantía de la indemnización contra los propietarios de Clarín. En el laudo de 2008 se había definido que el monto de ésta sería de 15 millones de dólares; sin embargo ambas partes apelaron.
Con esta decisión el CIADI ratificó en lo fundamental lo establecido en el laudo de 2008: Que Pey y la Fundación Presidente Allende son los dueños de Clarín y que deben ser indemnizados por la ilegal y arbitraria confiscación de este bien.
A pesar que la decisión del CIADI representaba una evidente derrota de la posición chilena, el gobierno de este país la presentó como un triunfo.
Después de conocer dicha decisión, el vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones extranjeras (CIE), Matías Mori, declaró al diario La Tercera: “Es un gran triunfo para nuestro país y un logro para nuestro gobierno que luego de más de una década de tramitación en uno de los juicios internacionales más largos e irregulares en la historia del centro arbitral, el CIADI haya validado los argumentos de la defensa chilena (…) llegando a la conclusión que la sentencia condenatoria en contra del Estado de Chile carecía de fundamentos suficientes para exigir el pago de una indemnización por parte de nuestro país”.
La prensa se hizo eco del espíritu triunfalista del gobierno. El 19 de diciembre La Tercera tituló la nota: Caso Clarín. CIADI falla a favor de Chile y desestima pago de indemnizaciones a Víctor Pey.
La posición chilena no ha variado después de conocerse la resolución del tribunal español. En boletín del pasado 22 de marzo Mori dijo que “la República de Chile no ha sido notificada de ninguna ejecución contra ella en España ni de ningún embargo contra sus bienes”.
Mori señaló en su comunicado que con la decisión de diciembre pasado el CIADI “revocó íntegramente la condena pecuniaria dictada contra la República de Chile” en 2008. Esto último es inexacto puesto que el CIADI sólo postergó la definición de la cifra a indemnizar, pero esto no es mencionado en el comunicado del CIE.
Sin embargo, al finalizar su comunicado esta instancia reconoce tácitamente la derrota: “Una vez que el monto sea determinado, la República de Chile honrará sus obligaciones internacionales y pagará al Sr. Pey la cantidad que resulte acreedor”.
Largo camino
El caso Víctor Pey contra la República de Chile, rotulado con el número ARB/98/2 es el más largo que se haya ventilado en el CIADI. Esta lentitud en gran parte se debe a la actitud poco colaborativa asumida por las autoridades chilenas a lo largo del juicio.
Para que quedara registro de su proceder, el CIADI preparó el Memorando de la mala fe de Chile a lo largo del procedimiento de arbitraje provocando su prolongación y el aumento de su costo. Está fechado en septiembre de 2005, contiene 51 páginas y lo identifica la clave C-268.
Una de las jugadas más oscuras se hizo en 2000.
Entonces el gobierno del presidente Ricardo Lagos indemnizó con 9 millones de dólares a cuatro personas –o sus herederos– cuya vinculación con la propiedad de Clarín era nula. Hizo esto en virtud de la resolución 43 –del 28 de abril de 2000– del ministro de Bienes Nacionales, Claudio Orrego, actual precandidato presidencial de la Democracia Cristiana.
Orrego reconoció en entrevista con John Dinges –publicada en el sitio web del Centro de Investigaciones Periodísticas en mayo de 2008– que el objetivo de pagar estas indemnizaciones era adelantarse al fallo del CIADI.
Se buscaba así evitar el pago a Pey y a la Fundación Allende de España, que han declarado que su objetivo en esta causa es reflotar a Clarín.
Este diario era el de mayor circulación en Chile. Tras el golpe militar y el consiguiente cierre de todos los diarios de izquierda, la influencia de El Mercurio ha sido incontrarrestable. No es casualidad que este medio, en sus editoriales y notas de prensa, haya respaldado constantemente el accionar irregular del gobierno de Chile en esta causa.
Todo indica que el toque de Clarín volverá a escucharse tras 40 años de secuestro.
