BEIJING.- Tang Hui fue condenada en agosto pasado a 18 meses en un campo de rehabilitación por trabajo, acusada de “perturbar seriamente el orden y ejercer un impacto negativo en la sociedad”. La mujer llevaba meses exigiendo en foros públicos penas más duras para siete hombres que secuestraron, violaron y forzaron a prostituirse a su hija de 11 años.
El caso recalentó el debate sobre el establecimiento en la China moderna del laodong jiaoyang o Reeducación a Través del Trabajo (RTT), un sistema extrajudicial que permite encerrar a una persona durante tres años, más otro si hay mal comportamiento, y que fue ideado durante lo más crudo de las purgas maoístas.
La RTT nació hace 50 años contra los derechistas, los terratenientes y cualquier sospechoso de ser contrarrevolucionario. Poco después se amplió a los pequeños delincuentes y ya en los sesenta se facultó a la policía a ordenar la reclusión de toda amenaza pública que recomendaran los funcionarios locales, los empleadores o los cabezas de familia.
Durante la Revolución Cultural (1966-1976) menguó su aplicación y la gestión de los centros de reclusión fue transferida al Ministerio de Justicia. Después aumentó y en los últimos años su aplicación es tan elástica que cubre casi cualquier ofensa.
La mayoría de los internos en estas unidades son pequeños delincuentes –drogadictos o carteristas–, pero hay entre 5 y 10% de presos políticos, como intelectuales, críticos del sistema o miembros de la secta Falun Gong.
Aproximadamente 190 mil chinos estaban encerrados en 2009 en alguno de los 320 campos de RTT del país, según la ONU, mientras 1.6 millones están encarcelados por el sistema penal regular. China Labour Bulletin, una ONG con sede en Hong Kong, eleva el número de personas sujetas a la RTT a 400 mil. La televisión pública afirma que actualmente son 310 mil repartidos en 310 centros, organizados como fábricas o granjas.
El modelo faculta en la práctica a policías y funcionarios a castigar sin molestas intrusiones de abogados ni jueces. Los campos de RTT fueron utilizados sin mesura durante la campaña anticorrupción en Chongqing –la macrociudad del interior– ordenada por Bo Xilai, un líder cesado precisamente por corrupto, para acallar a sus rivales políticos. El bloguero Fang Hong demandó al gobierno local tras pasar un año en uno de esos campos debido a que subió en la red un poema satírico sobre Bo.
La red hirvió de indignación con el caso de Tang Hui, así que la “madre coraje” fue liberada apenas una semana más tarde, después de recibir el apoyo de abogados, intelectuales, blogueros e incluso de la prensa oficial.
En una encuesta en Weibo, una suerte de Twitter chino, 97% de las 13 mil respuestas pedían la abolición del sistema. Incluso el diario oficialista Global Times reconoció que el sistema “tiene lagunas jurídicas que fácilmente desembocan en controversias”.
Fragor mediático
La RTT forma parte del debate ideológico vigente en la política china. Las facciones reformistas piden su abolición como parte del empuje democrático exigido a los nuevos líderes.
Los tradicionalistas subrayan su contribución para mantener la sociedad armoniosa y defienden que bastaría su reforma para evitar los excesos. Cada vez más chinos salen a la calle para protestar por la corrupción de su gobierno local, por la fábrica contaminante levantada frente a sus casas o por la pérdida de derechos sobre sus tierras. Uno de los retos de Beijing es gestionar ese descontento con medios que vayan más allá de la tradicional censura, la intervención policial o la amenaza de la RTT.
Jiang Wei, jefe del comité gubernamental sobre reformas legislativas, anunció en octubre que el sistema sería modificado “debido al consenso que ha alcanzado la sociedad china”, pero no será abolido. Fue el primer indicio claro de que Beijing revisará el sistema.
El fragor mediático sobre la RTT y las informaciones contradictorias se han intensificado en las últimas semanas evidenciando un enconado debate en las cocinas del poder.
El 8 de enero se desató el júbilo durante unas horas: diferentes medios nacionales publicaron que Meng Jianzhu, ministro de Seguridad Pública y director del Comité de Asuntos Legales, había anunciado el final de la RTT. Pero las informaciones fueron borradas y la agencia de noticias estatal Xinhua aclaró que se había decidido su “reforma”, sin detallar en qué consistiría.
El júbilo se convirtió en estupefacción en la red. La RTT volvió a las portadas: El diario oficial China Daily recogió el 21 de enero las declaraciones de Chen Jiping, subdirector de la Sociedad Legal China, anunciando la “necesaria” abolición en 2013. No hubo desmentido.
La cuestión plantea complicaciones prácticas porque implicaría la creación de nuevas instituciones y un nuevo marco legal. “Hay criminales en nuestra sociedad que no pueden ser educados y rehabilitados porque la Ley Criminal es demasiado dura. Por ejemplo, los drogadictos. Necesitaríamos algo a medio camino”, señaló Hong Daode, profesor de la Universidad de Ciencia Política y Leyes.
Mientras las autoridades centrales se ponen de acuerdo diferentes gobiernos locales han tomado su propio camino. Chongqing dejó de aplicar el sistema a prostitutas y sus clientes. En cuatro ciudades (Nanjing, Lanzhou, Zhenzhou y Jinan) ya funciona un programa piloto bien intencionado, pero que no ofrece grandes cambios porque el comité decisorio sigue encabezado por el jefe local de la policía.
“Hace años que se rumorea que la RTT se incluirá en la Ley de Procedimiento Legal y se creará un tribunal que supervise el proceso. Pero la reforma de esa ley, que entrará en vigor en 2013, aún no lo incluye”, afirma, vía correo electrónico, Margaret Lewis, profesora de la Seton Hill University y experta en leyes chinas.
Lewis se muestra optimista por el acentuado clima de cambio, aunque ve lejana la supresión de este sistema. “No me sorprende que se apueste sólo por la reforma. Durante décadas ha servido para encerrar fácilmente a la gente molesta y me sorprendería que (las autoridades) renunciaran a ese poder. Deberían hacerlo, pero dudo que tengan la intención”.
“Es difícil saber si las decisiones son justas en la actualidad porque ni siquiera se exige una sentencia escrita que explique cómo se tomaron”, opina, vía telefónica, Li Fangping, abogado especializado en causas civiles que firmó con nueve colegas una carta abierta a los ministerios de Justicia y de Seguridad Pública donde denunciaban los abusos de poder.
La carta fue recogida por el China Daily, portavoz oficioso del gobierno chino, que nunca publicaría algo socialmente sensible sin la aprobación de las autoridades. Li reconoce que la abolición de este sistema es hoy utópica, así que defiende unos “ajustes técnicos”.
La historia de Liu
Liu Jie nunca robó ni se prostituyó ni se drogó, pero pasó año y medio en un campo de RTT. Liu es un elemento molesto para el régimen: Si medio siglo atrás lo eran los contrarrevolucionarios, hoy lo son los peticionarios. Son las víctimas que llegan a Beijing desde todo el país cargadas con injusticias que radiografían los problemas nacionales: Robos de tierras, corrupción, abusos policiales. Su viaje es el único y desesperado recurso porque las tropelías de los poderes locales suelen contar con la aprobación de los tribunales.
En la capital malviven durante años, deambulando por esos templos de la burocracia inútil que son las Oficinas de Reclamaciones mientras sufren el hostigamiento de la policía o los matones enviados desde las provincias. La mayoría son devueltos a sus pueblos, acaban en las cárceles negras (centros de detención ilegal) o en un campo de RTT. Los peticionarios simbolizan el fracaso del sistema legal chino para solventar las demandas de su pueblo.
Liu, de la ciudad de Beian (provincia de Heilongjiang), firmó un contrato para gestionar una granja estatal en 1990. Siete años después, con el negocio boyante, el gobierno local rompió el contrato y la recuperó. Acudió a todas las instancias legales hasta que la desesperación la condujo al célebre barrio cercano a la estación de tren del sur de la capital donde solían hacinarse los peticionarios.
Liu empezó a recoger firmas donde denunciaban su situación desesperada. En 2007 envió a la Asamblea Nacional Popular (el Parlamento chino) una carta con 12 mil 500 firmas que pedía reformas sociales y políticas al gobierno. La carta saltó a internet y a medios chinos críticos en el extranjero, y días después Liu fue detenida por “instigar problemas” y “organizar multitudes para alterar el orden social” en virtud de la Ley de Procedimiento Criminal.
La policía la devolvió a su provincia, donde los tribunales certificaron que no había material punible para ser juzgada. Cuando las autoridades locales vieron cerrada la puerta judicial, acudieron a la administrativa: La Oficina de Seguridad Publica la condenó a 18 meses en el campo de RTT de Qiqihar. Liu careció de abogado durante el proceso y su petición de revisión fue desestimada.
“Tenía la tensión alta y problemas de visión y de corazón. No debería haber sido ingresada, pero la policía sobornó al médico con 5 mil yuanes (poco más de 10 mil pesos)”, explica en entrevista realizada por correo electrónico.
Liu recuerda los golpes, el adoctrinamiento y las jornadas de extenuante trabajo de hasta 16 horas. “Los que tenían condenas largas hacían papeles decorativos para el Festival del Barco del Dragón. El resto empaquetábamos palillos que la cárcel vende a hoteles. Los materiales eran tóxicos y nos provocaban enfermedades y alergias. Si no acabábamos el número mínimo nos dejaban sin comer ni dormir y nos sumaban un día la condena. Denuncié que el trabajo gratuito es esclavismo y está prohibido por la ley”.
Sus protestas la condujeron a un centro de desintoxicación para narcodependientes, donde las torturas habituales aún le provocan problemas para andar y secuelas psicológicas. Hoy, ya liberada, es una pertinaz luchadora contra la RTT.
Además de lo ilegal del proceso, Liu denuncia la falta de calificación del personal que gestiona estos centros, para quienes éstos son un buen negocio. Ser parte del personal que trabaja en los campos de RTT implica tener “un buen trabajo, estable y bien remunerado, que se consigue por contactos o con dinero. Uno de los que me torturaron consiguió un puesto (en un campo de RTT) después de que su padre pagó 300 mil yuanes (610 mil pesos). Las prostitutas y drogadictos pueden salir si pagan 60 mil yuanes (122 mil pesos), pero los peticionarios y miembros de Falun Gong no pueden. El gobierno paga 30 mil yuanes (61 mil pesos) anuales al centro por cada recluso”, expone Liu.
