Desde hace cuatro meses las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos negocian en La Habana la paz en Colombia. En entrevista con Proceso, el delegado guerrillero Andrés París revela aspectos nodales de la negociación: reparto de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, reformas electorales, garantías para la participación política…Optimista, sostiene que existen avances reales para lograr un acuerdo que ponga fin a 49 años de guerra interna.
BOGOTÁ.- El delegado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las negociaciones de paz con el gobierno, Andrés París, es optimista en torno al desarrollo de éstas –que tienen lugar en La Habana– y cree que es posible cumplir “la aspiración de todos los colombianos” de alcanzar un acuerdo que ponga fin a 49 años de guerra interna.
“El avance más notorio es que contamos con elementos en borrador de algunos aspectos de la problemática agraria”, afirma París en respuesta a un cuestionario por escrito que le hizo llegar Proceso.
Señala que México podría contribuir a la paz colombiana apoyando los diálogos de La Habana, en los que Cuba y Noruega fungen como países garantes, y Venezuela y Chile como acompañantes. De común acuerdo las partes pueden invitar a otras naciones según “las necesidades del proceso”, como establece la agenda de negociaciones.
El integrante del Estado Mayor Conjunto de las FARC asevera que “otro gran avance, más importante (que el borrador de acuerdos sobre el tema agrario), es que se ha conformado una amplia convergencia de fuerzas que están por la defensa del proceso”, que se inició a nivel de conversaciones entre los representantes de la guerrilla y el gobierno de Colombia el pasado 19 de noviembre en la capital cubana.
Las partes concluyeron el pasado jueves 21 la séptima ronda de negociaciones con un comunicado conjunto en el cual informaron que siguen avanzando “en la construcción de acuerdos sobre los temas de acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva”.
La tierra
En estos cuatro meses de pláticas los delegados se han centrado en la discusión del tema agrario, origen del conflicto armado en Colombia y que figura como el punto número uno de la agenda: “Política de desarrollo agrario integral”. Ya hay acuerdos en torno al apartado “acceso y uso de tierra”, un asunto medular en cualquier revolución latinoamericana.
En Colombia, donde los terratenientes han bloqueado desde el siglo pasado cualquier intento de reforma agraria, el problema está vigente y se agudizó en las dos últimas décadas, pues al conflicto histórico se agregó el despojo de 6.6 millones de hectáreas por parte de organizaciones delictivas –narcotraficantes y paramilitares de extrema derecha y sus remanentes, conocidos como bandas criminales o bacrim– así como de latifundistas.
Según París, la concentración de la tierra es el origen del conflicto armado interno. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubica a Colombia entre los países más desiguales del mundo en distribución de la tierra, con un índice Gini de concentración de propiedad rural de 0.85, cuando el máximo de desigualdad es de 1 punto. El 52.2% de la superficie agrícola está en manos de 1.15% de la población.
Las partes dialogan en La Habana sobre la creación de un fondo de tierras para repartir a los campesinos, incluidos los 4.9 millones de desplazados que ha dejado la guerra. Para las FARC el fondo necesita un mínimo de 20 millones de hectáreas y el gobierno ofrece 8 millones.
De acuerdo con París, de las 114 millones de hectáreas que hay en Colombia, “36 millones están dedicadas a la ganadería extensiva, que es una forma de enmascarar el latifundio; 10 millones están en manos de testaferros y narcos, pero a pesar de que en público se dice (por parte del gobierno) que serán devueltas y puestas al servicio de los campesinos, el Estado sólo ha ganado tres procesos de extinción de dominio”.
Por otra parte las FARC piden nueve millones de hectáreas para ser declaradas zonas de reserva campesina (ZRC), una figura ya existente que goza de una autonomía similar a la que tienen las comunidades indígenas y de afrodescendientes.
Los ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y de Defensa, Juan Carlos Pinzón, así como el ultraconservador líder de los ganaderos Félix Lafaurie (crítico del proceso de paz y vinculado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez), se oponen a las ZRC, a las que catalogan de “republiquetas independientes”. París sostiene que esas zonas “no son creación de la guerrilla, como mal dicen los voceros del gobierno; fueron creadas por ley del Estado y están en la Constitución nacional”.
Para el representante de las FARC, al margen del fondo de tierras que se discute en La Habana, el Estado colombiano está en condiciones de destinar unos 56 millones de hectáreas “al servicio de una reforma agraria integral”.
Las propuestas, contrapropuestas y el debate son parte de las negociaciones que se desarrollan en el más completo sigilo en la capital cubana y que el pasado martes 19 cumplieron cuatro meses.
París señala que “todavía queda tela por cortar para arribar a un acuerdo” pero confía en que eso puede lograrse “con voluntad (por parte del gobierno) para entrarle a los temas con vocación de reforma y sentido de patria. Entregar tierra a los campesinos es un acto sencillo para saldar la deuda que tiene el Estado con este sector de los colombianos que da el alimento al país y que sólo recibe violencia estatal”.
En torno al problema de la tierra es inminente un acuerdo; podría lograrse en la octava ronda de negociaciones que empezará este 2 de abril en el Palacio de las Convenciones de La Habana.
París dice que los avances en la mesa de conversaciones constituyen “un hecho muy importante” al compararse con anteriores procesos de paz en los que “ni siquiera pudimos avanzar en dibujar el primer punto de esas agendas”. Se refiere a los diálogos de Caracas (1991-1992), Tlaxcala (1992) y El Caguán (1998-2002), en los que los representantes de las FARC y el gobierno nunca abordaron temas específicos ni partieron de una agenda de puntos concretos.
México
Al referirse a la eventual participación de México como acompañante del proceso de paz, París sostiene que en el acuerdo general suscrito el pasado 26 de agosto en La Habana entre representantes de las FARC y el gobierno para iniciar los diálogos, las partes dejaron abierta la posibilidad de incorporar a otros países como coadyuvantes.
“México está en la oportunidad de recuperar su política exterior, colocándose una vez más como factor de paz y apoyo en estos procesos, tal y como lo jugó en su momento en Centroamérica”, plantea el dirigente de las FARC, quien participó en los diálogos de Caracas, Tlaxcala y El Caguán (Colombia).
El pasado septiembre, cuando se anunciaron los diálogos de paz, Colombia recibió el respaldo público de todos los gobiernos de América Latina excepto el de México, que bajo la Presidencia de Felipe Calderón guardó un ominoso silencio.
A diferencia del panista, el actual presidente Enrique Peña Nieto manifestó, durante una visita a Colombia –como mandatario electo– en septiembre pasado, su deseo de respaldar los diálogos de paz.
El secretario mexicano de Hacienda, Luis Videgaray, dijo en esa ocasión que Peña Nieto “quiere estar cerca, acompañar, respaldar y ser un factor de colaboración para que este proceso de paz que es tan importante para Colombia, pero también para toda la región, y eso incluye a México, sea muy exitoso”.
La agenda
El punto cuatro de la agenda de negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano es el de “solución al problema de las drogas ilícitas”. Al referirse a ese asunto y al efecto que un convenio sobre el mismo pudiera tener sobre el narcotráfico en Latinoamérica, París manifiesta que “todo el acuerdo de paz, y la paz definitiva, actuaría sobre las problemáticas social y económica, entre ellas el fenómeno de los cultivos ilícitos”.
“Nosotros”, añade, “abordaremos el asunto desde los intereses de los campesinos, desde una política de sustitución de cultivos ilícitos. Es a los Estados, gobiernos y ante todo a Estados Unidos (principal consumidor de drogas en el mundo) a los que les corresponde solucionar lo que se denomina el narcotráfico”.
Los tres apartados del punto cuatro de la agenda establecen que las FARC y el gobierno trabajarán en “programas de sustitución de cultivos de uso ilícito”, “programas de prevención del consumo y salud pública” y “solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”.
Entre los representantes del gobierno colombiano en la mesa de negociaciones figura el general retirado de la policía Óscar Naranjo, quien tuvo a su cargo la lucha antidrogas entre 2007 y 2012 y quien en la actualidad es asesor de seguridad del presidente mexicano.
El 9 de marzo de 2014 los colombianos renovarán el Congreso bicameral y una de las expectativas que genera el proceso de paz es que se logre un acuerdo expedito para posibilitar la participación de las FARC en los comicios como una organización política con registro legal.
–¿Aspiran las FARC, como organización política, a participar en las elecciones legislativas de 2014? –se le pregunta a París.
–Aspiramos por ahora a producir un revolcón de reformas en el régimen electoral, en los medios de comunicación y en las garantías políticas, que permitan participar en la actividad política legal en condiciones de competir y ganar. Como están las cosas en esas materias es imposible aceptar ir a un evento donde nuestros adversarios impondrían sus mayorías con fraude, plata, sangre y fuego.
El punto número dos de la agenda es el de “participación política” y tiene tres apartados que plantean derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, “en particular para los nuevos movimientos que surjan” tras la firma de un acuerdo de paz; acceso a medios de comunicación y medidas efectivas para promover una mayor participación política, incluso de la población más vulnerable, “en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad”.
París afirma que para hacer efectivas estas aspiraciones y posibilitar la transformación de las FARC en un movimiento político reconocido por el Estado se requieren reformas legales, constitucionales y políticas tendientes a “construir un medio ambiente político distinto al existente hoy en día, diseñado en las doctrinas contrainsurgentes y que favorece ampliamente a las fuerzas del establecimiento”.
“Así visto el propósito, no hay afán (prisa), pero no seremos ajenos a ningún acontecimiento político y observaremos cómo se dan las nuevas contiendas electorales para conseguir más pruebas de cómo, sin reformas a las comunicaciones, al aparato electoral, a la doctrina militar, es muy difícil entrarle de frente a esa participación política”, agrega.
Un aspecto que preocupa particularmente a las FARC es el de las garantías a la seguridad de sus integrantes y dirigentes en un eventual escenario de desmovilización e incorporación a la vida política.
La organización guerrillera tiene la experiencia de que en 1985, en el proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), impulsó la creación de un partido político legal, la Unión Patriótica (UP), que llegó a ser la tercera fuerza de Colombia pero que desde su creación fue sometida a una guerra sucia que acabó en su exterminio.
Más de 3 mil de sus integrantes –entre ellos dos candidatos presidenciales, dos senadores, 18 diputados, 40 alcaldes y cientos de concejales y dirigentes sindicales– fueron asesinados en los ochenta y noventa, en lo que la justicia colombiana acabó por tipificar como un “genocidio de tipo político” cuyos principales autores fueron grupos paramilitares de extrema derecha, policías, militares y agentes del Estado que actuaron en estrecha coordinación.
De acuerdo con París, esa experiencia demuestra que las bases de la paz que se construyan en La Habana tienen que ser muy sólidas y cuidadosas porque el genocidio de la UP convirtió a los integrantes de esa organización en “los cadáveres del siglo XX, y las FARC no pueden ser los cadáveres del siglo XXI”.
–¿Los remanentes del paramilitarismo constituyen un obstáculo para la eventual desmovilización de las FARC? –se le pregunta.
–Los remanentes se llaman bacrim (bandas de exparamilitares dedicadas sobre todo al narcotráfico), nuevo nombre del viejo paramilitarismo que está listo a criminalizar cualquier movimiento social o político que surja de los acuerdos. Entre más avanzamos hacia un acuerdo, más crece la resistencia de los paramilitares y su vocero público, el señor (expresidente Álvaro) Uribe Vélez.
El exgobernante colombiano es un enconado crítico del proceso de paz que desarrolla su sucesor, Juan Manuel Santos, con las FARC, ya que considera que esta organización es “terrorista”, carece de legitimidad para que el Estado le reconozca interlocución política y pretende “engañar al país” pues no tiene “ninguna voluntad” de llegar a un acuerdo.
París asevera que Uribe –quien desarrolló una estrategia de guerra total contra las FARC durante su mandato (2002-2010)– y su pequeño grupo de incondicionales políticos se van “quedando solos con una postura guerrerista” en un país que aspira a poner fin al conflicto.
Dice que contra el proceso de paz “conspira ante todo la pesada carga que impone una mentalidad política neogranadina (en referencia al virreinato de la Nueva Granada, que tenía su base en Colombia) de no hacer cambios, de no trabajar por las reformas sociales como base de todo consenso social que requiere cualquier fórmula de gobierno. Es la violencia la vía más empleada, pues así históricamente han logrado imponer los privilegios de los poderosos”.
Los tiempos
Entre las recurrentes andanadas de Uribe –quien aparentemente aspira a la reelección en mayo de 2014–, Santos está bajo presión y el proceso de paz condiciona el escenario político.
La mayoría de los colombianos rechaza la guerra y quiere una paz negociada, pero espera ver en el corto plazo resultados concretos para no repetir la historia de los fallidos diálogos del Caguán, que se prolongaron casi cuatro años sin que hubiera avances y culminaron con la agudización del conflicto armado.
París reconoce que el país tiene urgencia de lograr la paz y dijo que a pesar de que un conflicto que se ha prolongado décadas no puede ser resuelto de un día para otro, en estos cuatro meses de negociaciones se han dado pasos concretos: “Algunos quieren recargar el tiempo que pasa en contra de la aspiración de todos los colombianos de ver un acuerdo de paz. A la vez que defendemos lo alcanzado decimos que los medios no pueden manipular, al igual que algunos políticos, los afanes (prisas) que tenemos todos por llegar a la paz definitiva”.
Noviembre próximo será determinante para Santos, pues deberá anunciar si buscará o no su reelección. Todos los analistas dan por hecho que lo hará, pero advierten que en ese escenario el gobernante deberá demostrarle al país que su decisión de negociar con las FARC fue la correcta, lo que implica tener listo –o al menos avanzado– un acuerdo.
El lunes 18 Santos afirmó tras una reunión del Consejo de Ministros que “si seguimos como vamos, vamos a lograr, ojalá, la paz en este país. Dios quiera, antes de finalizar el año, si las cosas se dan como queremos”.
París considera que la coyuntura electoral comienza a “teñir de contenido el discurso oficial, pero esas expresiones son convergentes con el proceso de paz y con el propósito de avanzar hacia una solución política del conflicto; esta efusividad oficial puede ayudar”.
El delegado guerrillero sostiene que las FARC tienen toda la disposición de “seguir avanzando” en la mesa de diálogo.
