En apenas un par de semanas la primera iniciativa del gobierno del PRI, la reforma al artículo tercero constitucional aprobada y cacareada con acuerdos políticos minoritarios pero sonorizada con estruendosos bombos y platillos, se ha convertido en letra muerta en algunos estados de la República y está movilizando a miles de maestros en su contra.
Desde el discurso oficial esta iniciativa es apenas el principio de la gran reforma educativa que requiere el país, porque falta su ley reglamentaria y cubrir muchos más aspectos, pero ya se le ha considerado la única vía expedita para lograr la recuperación de la rectoría del Estado en el sistema educativo nacional. En las alturas de la burocracia gubernamental la ilusión embelesa mientras que abajo, en la realidad cotidiana del magisterio, lo que toca tierra debe ser enterrado de inmediato.
El componente más duro de la reforma al artículo tercero pretende reorganizar la normatividad laboral a través de la cual se lleva a cabo la carrera magisterial, que sigue vigente bajo el control de la cúpula sindical del SNTE, con todo y su ahora encarcelada líder sempiterna. La selección de aspirantes y la contratación de nuevos maestros; la formación, actualización y capacitación de quienes están en ejercicio; la designación de directivos; el manejo de estímulos y prebendas; la ubicación de los docentes en determinadas categorías; su permanencia y su eventual retiro dependen de criterios más políticos y sindicales que pedagógicos, de eficacia, pertinencia educativa o capacidad en la gestión escolar. Pero en el planteamiento de la reforma constitucional todo esto busca ser alterado para que quede en manos del aparato gubernamental y se le arrebate al sindicato.
Falta que se pueda. Durante décadas, diversas iniciativas de reforma en las escuelas normales o en la redefinición de los términos del ejercicio docente subordinaron lo académico a lo sindical y a lo político, con lo que se mantuvo un conflicto al que ahora se le ha echado leña verde y que se extiende día a día en tiempos de estiaje. Sin embargo la opción de poner a prueba un nuevo modelito –que aún no se sabe cómo va a funcionar ni a qué proyecto educativo y de país responde– parte de la suposición de que el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y los conocimientos dependerá de la modificación de las condiciones laborales del magisterio.
En el campo internacional hay ejemplos encomiables (que no imitables) de que la calidad de la enseñanza depende fuertemente del desempeño de los docentes y que entre más calificados estén para poder potenciar el aprendizaje de sus alumnos, mejor le va al sistema educativo. Pero también hay ejemplos de sistemas y países que con todo y exámenes de oposición, con reglas de operación transparentes, vigilancia social, recursos de evaluación por pares y hasta normas que evitan la suspensión de clases para garantizar el derecho permanente del servicio educativo (véase el estudio que abarca comparaciones en distintos países de América Latina: Perazza, Roxana, “Sistema de estímulos en la carrera docente, ¿qué se necesita?”, en Martínez, Alba, coordinadora, Un futuro para la escuela pública, Ediciones de Educación y Cultura, México, 2009, pp. 115-145) que llevan ya algunos años como norma que se ha enraizado, tienen indicadores cualitativos que no son mejores ni peores que los que prevalecen en México, pese a la podredumbre escolar que se padece.
Así que falta por ver si lo ilusorio aterriza en algo distinto y no sólo se siguen modas que han demostrado ser efectivas en algunos países (aunque en otros no) cuando se hace abstracción de las condiciones en las que sus reformas se han llevado a cabo. En la realidad, por lo pronto las propuestas de regular la carrera magisterial se están echando por la borda en algunos lugares muy significativos. En Guerrero por ejemplo el magisterio disidente ha planteado que lo que se ha aprobado en la Constitución no va a operar en su sistema escolar y en Oaxaca ya se han definido conceptos muy distintos para iniciar su reforma educativa. Estos casos tendrán un efecto multiplicador en otras entidades del país mientras que en otras estarán a la espera –bajo los usos y costumbres de lo antigüito– de la Ley Reglamentaria del nuevo artículo tercero, que estará en discusión próximamente en la Cámara de Diputados.
El ritmo y la intensidad de las movilizaciones magisteriales que se han vivido en estos días dan para pensar que está emergiendo un movimiento radical y social, con propuestas distintas y hasta alternativas a la aún ilusoria reforma educativa. Si la realidad que ahora está conmocionando el marco de las negociaciones en el sistema educativo se mezcla con la cantidad de otros tantos frentes políticos que ha abierto el actual gobierno, de la ilusión se puede pasar rápidamente al desencanto o a otros medios superiores de contestación.
