Señor director:
Durante años, he dedicado parte de mi trabajo profesional a investigar y hacer públicos graves casos de corrupción de funcionarios de alto nivel de Pemex. Como represalia, he sido objeto de amenazas de muerte, acoso judicial, agresiones, persecución, vigilancia, intervención telefónica, bloqueo informativo y de un recurrente abuso de poder.
Las amenazas se acentuaron en 2008, cuando investigué y publiqué los contratos que Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación de Felipe Calderón, recibía de Pemex. A partir de entonces llegué, inclusive, a verme obligada a vivir y trabajar con una escolta personal y sistemas de seguridad diversos.
En junio de 2012 me vi forzada a salir de México, bajo graves amenazas y en circunstancias que ponían en riesgo mi vida, y me acogí a un programa europeo de protección para perseguidos políticos, bajo un esquema de asilo temporal. Pero incluso aquí, donde estoy ahora, soy blanco de acoso judicial por parte del diputado con fuero federal Juan Bueno Torio: hace unos días recibí la notificación de que el diputado, con la clara pretensión de continuar su acoso, ha impulsado el seguimiento de un juicio en contra mía.
El juicio deriva de la publicación del libro Camisas azules, manos negras (Grijalbo, 2010), que en uno de sus capítulos aborda su desempeño como director de Pemex Refinación, periodo en el cual se registraron delicados actos de corrupción con un consecuente daño patrimonial para Pemex, según determinaron la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
El libro, producto de una exhaustiva investigación, honra plenamente los principios periodísticos de veracidad y objetividad. Desde su aparición y durante 18 meses, no hubo respuesta de Bueno Torio respecto de la información publicada.
En diciembre de 2010, por unanimidad de los diputados federales de la LXII Legislatura, el Congreso de la Unión creó la llamada Comisión Especial pluripartidista que se encargue de investigar las denuncias ciudadanas contenidas en el libro Camisas azules, manos negras, y en represalia, en agosto de 2011, mientras los legisladores le solicitaban a Pemex los documentos citados en el libro, Bueno Torio, entonces senador de la República, con fuero federal, me demandó por “daño moral”.
En su demanda no hay un planteamiento claro y concreto que acredite el supuesto daño que, dice, provocó la publicación. Sin embargo, incluye en sus pretensiones y en cada punto de su demanda, un mensaje evidentemente intimidatorio. Proyecta en mi contra acciones inhibitorias a futuro, sobre cualquier línea que pudiera yo publicar acerca de su desempeño como funcionario; en otras palabras, requiere que el juez me prohíba publicar cualquier información sobre él.
El diputado pretende que el Poder Judicial coloque una mordaza legal a cualquier investigación y señalamiento acerca de situaciones irregulares, anteriores o actuales, aun cuando éstas por sí mismas constituyen temas de interés público dado que se trata de un legislador que desde hace 12 años, por lo menos, se desempeña en el servicio público y está obligado por ley a la rendición de cuentas, y a que la sociedad califique su gestión.
Su acoso judicial se acentúa porque la situación actual de Pemex y la discusión de la nueva reforma energética, de nuevo coloca los reflectores sobre la actuación de sus funcionarios y exfuncionarios. Por eso el diputado se empeña en colocarme una mordaza, y pretende que el juez me prohíba a priori escribir o siquiera pensar en escribir una sola línea sobre su desempeño público.
Juan Bueno Torio aún le debe a los mexicanos muchas explicaciones sobre su actuación como director de Pemex Refinación; por ejemplo, el hecho de que las compañías de su familia recibían millonarios contratos para el transporte de hidrocarburos en la misma empresa paraestatal que él dirigía.
En lugar de entregar cuentas claras, el diputado promueve el enjuiciamiento contra una periodista que ha cumplido éticamente con el deber de informar. El juicio en cuestión es contrario al supuesto interés del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República de salvaguardar los derechos de los periodistas y ha significado un gasto de recursos públicos que bien podrían asignarse a otros asuntos.
El derecho que los mexicanos tienen de conocer su actuación en Pemex es irrecusable. Quizá el diputado logre amordazar a una periodista, no obstante, pese a la rabiosa oposición de políticos y funcionarios rapaces, no habrá mordaza capaz de callar a toda una sociedad.
Atentamente
Ana Lilia Pérez
Alemania, marzo de 2013
