Es un contrasentido, por decir lo menos, que se haya anunciado a tambor batiente una reforma educativa con un discurso hacia los jóvenes en el que se ofrece combatir sus raíces de desigualdad y ofrecerles nuevas perspectivas de vida, educación y trabajo, y sostener un presupuesto de egresos para la educación pública regresivo y desarticulado frente a los propósitos que se impulsan.
En el decreto de reforma al artículo 3º de la Constitución (Diario Oficial de la Federación, 26 de febrero de 2013) se asume que el Estado garantizará la calidad de la educación desde la “idoneidad de los docentes y los directivos”, con la mejora de materiales, métodos, organización e infraestructura escolar. La gran medida impositiva, como se ha reconocido de manera profusa, será el establecimiento universal de concursos de oposición para los docentes de la educación obligatoria a través de una ley reglamentaria (habrá que ver cómo viene) que fijará “los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional… de los trabajadores de la educación”.
Debe hacerse notar, sin embargo, que para iniciar una reforma que incida en la calidad de la educación y de los aprendizajes, de los métodos, lenguajes y conocimientos para los millones de mexicanos que están en condiciones de precariedad educativa, hacen falta muchos recursos de inversión y que estos estén debidamente orientados. Y es aquí donde, por lo menos para este primer año de ejercicio presupuestal, la reforma quedará mucho más como una medida política de impacto mediático, porque no tendrá condiciones para hacerse realidad.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se pasa de 3.9% de crecimiento económico del PIB de 2012 a 3.5% para este año, y se calcula una inflación de 3%, lo cual nulifica el porcentaje de por sí disminuido. Este monto general apenas se relaciona con lo que se alcanzó durante 2006, lo cual lo hace regresivo de facto. Para la educación pública esta regresión se muestra en el decrecimiento de la partida general (-0.11%) y respecto del PIB con una reducción que va de 3.67% de 2012 a 3.57% programado para 2013. Para la función correspondiente a educación obligatoria, motivo del decreto de reforma, hay una reducción de 3.83%.
Conforme a rubros y orientaciones del presupuesto, y sobre todo en aspectos que inciden de forma directa en el mejoramiento de la calidad y el de conocimientos y aprendizajes, también se carece de una visión coherente.
Así por ejemplo para ciencia y tecnología hay una reducción de 2% respecto del año anterior, de 4% para desarrollo tecnológico, 10% para educación superior, de apenas 2% de aumento para el muy controvertido FAEB (Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal) y reducciones considerables para la edición de libros de texto gratuitos (-5.22%), materiales didácticos (-31.65%), para abatir el rezago educativo (-8.43%), para el mejoramiento pedagógico en aula (-7.51%), para el crecimiento de un aprendizaje en línea y de la aplicación de nuevas tecnologías (-7.87%), para sectores vulnerables (0% de incremento) y de población indígena (-34%) y en general para atender los más amplios sectores en rezago educativo, se presentan reducciones presupuestales severas.
El sector que más requerimientos debería tener para ampliar el servicio educativo orientado a los jóvenes en el país, el de la educación media superior, es donde aparecen terribles distorsiones e incoherencias. En los ramos 33 y 11 para este nivel hay una reducción de 2.85% respecto del año anterior, una muy considerable reducción en el sistema Conalep, pero la más importante se da en el rubro de “mejoramiento de la calidad para los adultos” y para el que atiende el “rezago escolar”, precisamente donde se concentra el sector de población más desescolarizado del país.
Hay aumentos para determinadas instituciones de educación superior: 2.67% para la UNAM, 4.48% para el IPN, 3.24% para la UAM, pero en otras de similar importancia aunque de menor tamaño –como la UPN, El Colegio de México o el Cinvestav– se presentan reducciones respecto de su presupuesto anual previo.
Para 2013 no aparece en el horizonte la posibilidad de crear nuevas universidades, como la demanda lo requiere, y si se juntan los magros recursos que se ofertan para la educación media superior y la superior y los millones de jóvenes que van quedando en el rezago (42% de estudiantes de educación superior que no se titulan, 33.2% de alumnos de media superior que reprueban, 14.5% que desertan en bachillerato, 89% del total de jóvenes entre 20 y 29 años que no están matriculados y 7 millones 226 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan –véase La ONU ya lo advertía, Carlos Acosta Córdoba, Proceso 1897, p. 34–), el “desafío histórico” de atender a una población que crece año con año no podrá alcanzarse, por lo menos con los recursos que se orientan para superar las actuales condiciones de una mala educación, inequitativa y de baja calidad.
Otra incongruencia: En el caso de la propuesta de reestructuración de las telecomunicaciones, recién anunciada, se atiende la apertura de la oferta de medios pero no la regulación de sus contenidos. Siendo la televisión una segunda mala escuela, un mecanismo de manipulación consumista, de vulgarización lingüística, racista y de promoción de la violencia, de un manejo sexista de la imagen de la mujer y de su degradación como objeto mercantil, nada se ha dicho respecto a la regulación y control del contenido educativo de las viejas y las nuevas televisoras, cuando se trata de un tema fundamental y básico que podría llegar a ser un complemento ideal para elevar la calidad de la educación en el país. Así estamos.
