A punto de terminar su desangelada administración, Emilio González creó tres nuevas juntas laborales, pero éstas no han entrado en operación a causa de un conflicto entre las centrales priistas CROC y la CROM por la representación obrera. Sin embargo, se les turnan expedientes que nadie atiende y se arremolinan en un limbo jurídico.
Sandra Esmeralda Bravo Orozco presentó una demanda laboral contra las empresas Kelly Services y Parker Industrial. La primera es la agencia de colocación que la contrató y en la segunda prestó sus servicios. Sin embargo, lejos de avanzar, el recurso jurídico que interpuso desde el 7 de enero ya se atoró.
Ahora es uno de los más de mil 600 casos que se turnaron a las tres nuevas Juntas de Conciliación y Arbitraje entre el 1 de enero y el 6 de marzo pese a que tales instancias aún no están funcionando.
Hasta diciembre pasado operaban en Jalisco 14 de estas juntas: nueve en la zona metropolitana de Guadalajara y cinco foráneas. El entonces gobernador Emilio González Márquez emitió un decreto para crear las juntas 15, 16 y 17, especializadas respectivamente en el sector de la construcción, servicios a oficinas o a través de la subcontratación –outsourcing– y el comercio. Según el Diario Oficial del Estado de Jalisco, entrarían en funciones a partir del 1 de enero, pero no fue así a causa de conflictos entre las centrales obreras priistas CROM y CROC (y en la segunda, donde hay dos dirigentes).
Empleados de Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) confirman que el sistema informático envía los expedientes a cada nueva junta según su especialidad. Pero como todavía no operan, la documentación sólo se acumula.
Abogados y trabajadores consultados por la reportera consideran que las nuevas juntas sólo existen en el papel, ya que no se han integrado formalmente. Por eso recriminan a la JLCA que haya enviado ya expedientes a instancias que no pueden procesarlos, pero suponen que la nueva administración solucionará pronto el problema.
Entretanto, los demandantes cuyos asuntos se están derivando al limbo jurídico de las nuevas juntas tienen tres caminos: esperar que se resuelva el conflicto legal que frenó su operación, promover una cita administrativa para conciliar su asunto o presentar un amparo.
Jesús Hernández Lío, con más de 30 años como abogado laboralista, opina que la creación de las nuevas juntas es positiva “porque se busca abatir el rezago” en la resolución de las demandas, pero lamenta que el conflicto en las centrales obreras empantane la intención porque cinco asuntos de sus clientes fueron derivados a esas instancias.
El problema de fondo, dice, es que el estado no tiene la capacidad para dictar la justicia en los plazos que marca la ley. Y resalta que con la reforma laboral se perjudica al trabajador porque se limita el pago de los salarios caídos a un año, de forma que “si antes el patrón hacía juicios largos, ahora los va a prolongar más, sabiendo que su riesgo se reduce a un año (de salarios caídos) y se obliga al trabajador a pactar sus derechos”.
Edgar Loza Aguilar, abogado de Sandra Esmeralda Bravo, recurrió al amparo (expediente 2615/2013 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Estado de Jalisco) a fin de que se le dé entrada al juicio, se celebre la audiencia de conciliación y emplace a los demandados. Dice que promovió el amparo porque de lo contrario “no pasa nada”.
Se queja de la lentitud con que se imparte justicia laboral en el estado y acusa a la pasada administración de obstruirla aún más. Estima que con un amparo para que se active el juicio de su representada “habrá que sumarle de menos otros dos meses” a su recurso, de por sí retrasado.
Aunque la ley establece 15 días de plazo para admitir o rechazar la demanda, en la práctica este procedimiento se está demorando hasta tres meses y otros tantos para la celebración de las audiencias, dice el litigante.
Fabiola Gutiérrez Vega, secretaria de organización del Sindicato de Empleados al Servicio de la JLCA, quien labora ahí desde los años ochenta, señala que las dificultades actuales de la instancia rebasan las que ha padecido en anteriores cambios de gobierno.
Para ella, la incertidumbre afecta a los trabajadores, a los abogados y a toda la sociedad. “Nunca había habido un conflicto así entre los representantes obreros de las juntas; el gobierno pasado no lo supo manejar, les faltó experiencia a los funcionarios”, comenta.
Juego entre priistas
El 17 de enero pasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del estado informó en un boletín que no estaba al alcance del gobernador ni de la JLCA nombrar representantes obreros para las juntas, con motivo de la resolución dictada por el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE, expediente 538/20912), según la cual aquellos asignados para el periodo 2007-2012 deberán seguir en sus cargos hasta que se resuelva definitivamente el juicio.
Eduardo Almaguer Ramírez, titular de la STPS y expresidente estatal del PRI, informa que todas las juntas tienen el problema de la representación obrera, pero afirma que con la permanencia de los representantes –a los que ya se les venció su periodo– se está sacando el trabajo en las nueve juntas locales y las cinco foráneas.
Sobre las tres juntas de nueva creación, dice que “jurídicamente existen” pese a que no han entrado en funcionamiento y, por tanto, se les asignan los asuntos. No hacerlo, estima el secretario, implicaría limitar el acceso de los trabajadores y patrones a la justicia especializada.
De todas formas, Almaguer Ramírez indica que el mejor camino para solucionar estos problemas es la conciliación entre las partes inconformes (de las centrales obreras) que impugnaron la integración de las juntas, y que se desistan de su juicio ante el TAE.
“Vamos muy avanzados en el diálogo”, indica el funcionario estatal, quien espera alcanzar un acuerdo “lo antes posible” ya que, afirma, “hay avances”. Aunque no da fecha aproximada, calcula que el conflicto no se alargará ni un mes.
Mientras se alcanza el acuerdo, las demandas laborales se seguirán turnando a las juntas correspondientes por su especialidad, sin importar que tres no operen “porque el derecho fundamental que se debe cuidar es el acceso a la justicia y a la legalidad”, en palabras del secretario Almaguer Ramírez.
Finalmente, comenta que recibió la secretaría en condiciones normales desde la perspectiva administrativa y financiera, pero con una gran mano negra en la JLCA, sobre todo en los temas de “impunidad, corrupción, desarticulación política y falta de conducción institucional”.
