Alicia de los Ríos tiene 36 años, 35 de los cuales ha estado en espera de su madre, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Dice que agentes de la extinta Dirección de Investigación y Prevención de la Delincuencia (DIPD), dirigida por Francisco Sahagún Baca, la detuvieron el 5 de enero de 1978 en la Ciudad de México. Desde entonces no se sabe nada de ella.
El de la luchadora social Alicia de los Ríos Merino es uno de los 532 casos de desaparición forzada incluidos en la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); uno de los 797 expedientes abiertos por la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) de efímera existencia; también está clasificado en la averiguación previa SIEDF/CGI/53/2007 –actualmente “en integración”–, y es uno de los mil 350 nombres de personas que fueron desaparecidas por motivos políticos durante los gobiernos del PRI.
Su hija Alicia de los Ríos, integrante del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez, duda que el gobierno de Enrique Peña Nieto atienda el problema de los 27 mil casos de desaparecidos que le heredó Felipe Calderón, aun cuando se haya comprometido a esclarecerlos.
“No se pueden resolver casos que ocurrieron hace cuatro años, cuando se arrastra una impunidad de cuatro décadas. Basta recordar que a finales de los setenta, en plena cacería de las organizaciones que buscaban a su modo una transformación del país, nacen las bandas y cárteles del narcotráfico bajo el cobijo y la impunidad de los gobiernos priistas”, dice la activista a Proceso.
Y añade: “No porque nuestros casos no sean recientes quiere decir que no son urgentes de resolver; tienen la misma urgencia porque son delitos continuados”.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), considera que el gobierno mexicano debe atender su “asignatura pendiente”.
Entrevistado luego de la presentación oficial del informe Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada, que documenta 249 casos, 149 de ellos en los que están implicados miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiacos durante la guerra de Calderón, Vivanco admite que en sus charlas con funcionarios del gobierno de Peña Nieto no abordó el tema de la deuda pendiente del Estado mexicano.
La impunidad es denominador común en las desapariciones forzadas ocurridas durante los gobiernos priistas de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, en la llamada “guerra sucia”, y las registradas en los seis años de guerra contra el narcotráfico de Calderón. Así lo considera el informe del Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la ONU al referirse a los dos periodos.
Divulgado por la ONU en marzo de 2012, un año después de que los integrantes del GTDFI visitaran México, el informe detalla las condiciones en que se encuentran los casos abiertos relacionados con la “guerra sucia” en el gobierno de Vicente Fox.
El reporte indica que sólo 2.5% de los casos investigados derivaron en una averiguación previa. De ellos sólo 20 fueron consignados. En no más de 10 casos se obtuvo una orden de aprehensión, aunque no por desaparición forzada sino por privación ilegal de la libertad; hubo también 49 averiguaciones que siguen abiertas, “pero ninguna autoridad ha sido sentenciada ni se encuentra detenida o en espera de ser juzgada por desaparición forzada”.
Tras reprobar el hecho de que algunos casos fueron remitidos al fuero militar, los especialistas de la ONU se sorprendieron porque “ningún caso de desaparición forzada perpetrado durante la ‘guerra sucia’ haya resultado en la condena de algún elemento militar”.
Desconfianza
Octavio Amezcua, director del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), organización que representa a Tita Radilla Martínez, resalta que con el ascenso de la administración peñanietista se concretaron acercamientos para retomar las indagatorias para la localización de Rosendo Radilla, suspendidas desde las excavaciones en el excuartel militar de Atoyac en noviembre de 2011 y que, asevera, “no tenían ningún referente ni sustento probatorio”.
Según lo abordado en recientes reuniones con funcionarios de la PGR y la Secretaría de Gobernación, agrega Amezcua, este año habrá nuevas excavaciones con base en “testigos oculares”, se han retomado testimonios de militares que operaron en el cuartel en los años setenta y se han rescatado algunos documentos del Archivo General de la Nación que permitirían identificar a presuntos responsables de las desapariciones forzadas.
También sigue pendiente la reforma al Código de Justicia Militar y la correcta tipificación de la desaparición forzada conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, reformas estancadas en el Poder Legislativo, dice Amezcua.
Por lo pronto, añade, esa voluntad está en duda toda vez que el presupuesto asignado a Gobernación para atender las indemnizaciones por los abusos del pasado y las obligaciones internacionales con organismos de derechos humanos no rebasa los 60 millones de pesos, cifra insuficiente.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), que representa a la familia De los Ríos Merino ante la CIDH, no alberga esperanzas de que la administración de Peña Nieto atienda los casos relacionados con la represión de los gobiernos priistas.
“Se dice que el PRI ha cambiado. Ya veremos. El que no ha cambiado es el Ejército, aun cuando se le han dado mayores privilegios. Es ahí donde radica la principal resistencia para que avancen las investigaciones”, sostiene el director del Prodh, organización que también litiga ante el órgano de la OEA los casos de David Jiménez Fragoso, desaparecido en 1975, y de integrantes de la familia Guzmán Cruz: Venustiano, Solón y Armando Guzmán Cruz, y Jesús y Amafer Guzmán Jiménez, desparecidos entre 1974 y 1976.
Lo más que las víctimas de la “guerra sucia” pueden esperar del gobierno federal, dice Marroquín, es que “empiece a repartir dinero sin aceptar siquiera una responsabilidad plena del Estado, y mucho menos llevar a cabo investigaciones serias que den con los responsables”.
Una medida que hablaría de la voluntad de resolver la deuda con el pasado, comenta, “es trasladar los casos de la Coordinación General de Investigaciones a un área de la PGR que cuente con agentes del Ministerio Público suficientes y recursos para realizar indagatorias; mientras eso no ocurra, no importa cuáles sean las medidas que tomen las autoridades”.
Enrique González Ruiz, presidente de la Comisión de la Verdad en Guerrero –donde organizaciones sociales registran 650 desapariciones forzadas que ocurrieron durante la “guerra sucia”–, coincide con Marroquín. El regreso del PRI al poder, arguye, puede significar un obstáculo para acceder a la justicia en los casos de los abusos del pasado.
Exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y cercano a los movimientos de defensa de presos políticos y desaparecidos desde los años setenta, González Ruiz considera que, como sociedad, “no hemos tenido la fuerza para obligar al Estado a que investigue en serio”.
