Igual que el Ejecutivo del estado, los diputados locales heredaron una enorme deuda y, lo que es peor, mecanismos poco transparentes para contratar a sus proveedores. Tan sólo a distintos medios de comunicación les deben aproximadamente 15 millones de pesos por servicios contratados en diferentes instancias. En algunos casos se trata de propaganda, más que de publicidad.
La mayoría de los medios de comunicación de Jalisco no han podido cobrar al Congreso del estado alrededor de 15 millones de pesos que les adeuda por publicidad entre 2010 y 2012, es decir, durante las legislaturas LVIII y LIX.
No existe ni un solo contrato, pero 70 proveedores tienen facturas que a cada rato intentan cobrar en la Dirección de Comunicación Social del Legislativo.
Pese a la mala experiencia, la Legislatura LX no cuenta con un mecanismo transparente para contratar ordenadamente a los proveedores de servicios mediáticos. A veces se factura a nombre de la empresa, otras a los ejecutivos de cuenta e incluso a ciertos periodistas.
De igual forma, algunos de estos servicios los adquirió el Congreso; otros, las fracciones parlamentarias, por lo que en ocasiones se hizo el trámite en la Secretaría General del Poder Legislativo y otros acudieron a Comunicación Social, dice a Proceso Jalisco el director de esa oficina, Rodolfo Flores González.
–Si no hay contratos, ¿cómo saben que el proveedor cumplió? –se le pregunta al funcionario.
–Algunos traen grabaciones, copias de periódicos, pautas de espoteo, publirreportajes (gacetillas), desplegados, anuncios, notas que dicen fueron vendidas. Otros ni especifican. Lo que queda claro es que había un desorden administrativo.
Comenta que no tiene en su poder los documentos respectivos, pero que tiene estimaciones porque los quejosos le piden que intervenga para liberar sus pagos.
–¿Cuánto se le debe, por ejemplo, a Televisa?
–Híjole, no quisiera hacerlo porque me voy a meter en un lío si no te doy el dato correcto. ¡Perdón, pero es un tema delicado! porque no sabemos la cantidad exacta de medios y de dinero.
–¿A cuántos medios de comunicación se les debe?
–Prácticamente a todos.
–Replanteo la pregunta: ¿a quién no se le debe?
–No tengo registro de deuda a Proceso Jalisco ni a Mural.
–¿Tiene en su nómina a periodistas?
–A ninguno.
Flores González llegó al área de comunicación propuesto por la fracción del partido Movimiento Ciudadano (MC). Admite que su antecesor, Ángel Vázquez (amigo de Alfredo El Güero Barba, líder de la CROC, y de su hijo Marco Barba) no realizó el trámite de entrega-recepción, obligatorio en la administración pública.
Otra fuente facilitó a este semanario una relación de proveedores no reconocidos por el área de Comunicación Social. Ahí se revela que la deuda total es de 14 millones 864 mil 389 pesos con 42 centavos.
En 2010, el Congreso le debía 993 mil 865 pesos con 20 centavos a 16 proveedores. En 2011, ya eran 13 millones 459 mil 877 pesos con 85 centavos a 53 proveedores. En 2012 se solicitaron trabajos a cuatro medios por 410 mil 646 pesos.
A la Televisora de Occidente (Televisa) se le ha retrasado el pago de 2 millones 320 mil pesos; a Creativisión Corporativa, de Puerto Vallarta, cuyo nombre comercial es La Explosiva 590, de 556 mil 720 pesos; y TV Azteca un millón 160 mil pesos.
En cuanto a medios radiofónicos como Activia del Centro, Promomedios de Occidente y la Cadena Radiodifusora Mexicana, mejor conocida como la XEW, los diputados les deben 812 mil pesos a cada una.
Otros acreedores del Legislativo son: Telefonía por Cable o Megacable (754 mil 863 pesos), Nueva Era Radio de Occidente o Radio Juventud (700 mil), Quiero Media –Telecable y Ocho TV– (696 mil), Grupo DK (649 mil 600) y Página Tres –antes Público, hoy Milenio Jalisco– (580 mil pesos).
Los únicos adeudos menores: en 2010 no se le pagaron mil 740 pesos a Ediciones y Publicaciones Siete de Junio (Tribuna de la Bahía, en Puerto Vallarta) y en 2011 a Editora Diario Zapotlán mil 500 pesos.
Relación perversa
Entrevistado por separado, Juan Larrosa, coordinador de Quid, Observatorio de Medios de Comunicación del ITESO, comentó que el problema repercute en la sociedad, “que está mal informada o de plano desinformada”.
Los medios a los que se les paga “publicidad”, afirma, “en realidad difunden propaganda”, como lo ha documentado Quid. En una revisión a dichos medios, se comprobó que sobresalen las notas que favorecen al Ejecutivo estatal y a los municipios: en ellas, dice, “no hay un esfuerzo periodístico, se trata de anuncios o propaganda disfrazada de información”.
–¿Cómo queda el derecho a la información para el oyente, televidente o lector?
–Además del derecho a la información, quedad en entredicho el derecho de las audiencias a saber exactamente qué están consumiendo. Los ciudadanos tenemos que saber cuáles periódicos o medios de comunicación reciben dinero público y cómo se distribuye: en notas, entrevistas, anuncios… Es importante para la sociedad distinguir qué es información y qué es publicidad. Se trata de una tarea pendiente para la democracia.
De no solucionarse el problema, “la hipótesis sería: mientras los medios reciban dinero para publicidad, tendrán una línea editorial moderada, poco crítica; y si no se lo dan, cambia esa línea”.
Larrosa lamenta que no haya una reglamentación adecuada para que los poderes públicos justifiquen y transparenten las asignaciones de contratos a los medios.
También considera que debe erradicarse la práctica de algunos políticos que, mediante el aparato administrativo del Congreso, meten en la nómina a periodistas para que le redacten sus discursos o comunicados de prensa. Y si no se termina, al menos que se haga público, dice, ya que “la clave es la transparencia”.
Para Juan Pablo Altamirano, consultor en imagen pública, los medios de comunicación de la entidad y el Legislativo local tienen “una relación perversa, se trata de un matrimonio por conveniencia”.
De continuar esta situación, advierte, los informativos perderán credibilidad. Por ejemplo, un periódico empezará a perder lectores, y el anunciante, en este caso el Congreso, no se anunciará en un medio que no se lee. Según Altamirano, lo que sigue es la quiebra. Lo mismo en radio y televisión.
Desgraciadamente, prosigue, también otros poderes cooptan a los medios con el dinero público. Para comprobarlo, el especialista invita a identificar al periódico local que en los primeros cinco años de la administración de Emilio González Márquez “jamás lo criticó… y a este medio no le quedó de otra en el último año: después de que la mayoría de los medios hicieron públicos los desvíos económicos e irregularidades de los Juegos Panamericanos, tuvo que entrarle al tema. Por eso sostengo lo del matrimonio por conveniencia”.
–¿Es difícil mejorar la imagen de los diputados?
–La tienen muy fácil. Sólo necesitan tres cosas: ética, honradez y transparencia. Sin embargo, no lo quieren hacer, porque obviamente les pisarían los callos a los diputados de la LVII, LVIII y LIX legislaturas. En imagen pública hay un dicho: “Las cosas son lo que parecen”.
