El nuevo secretario de Salud, Agustín González Álvarez, tiene denuncias ante la Contraloría del estado por hacer de los Hospitales Civiles de Guadalajara una fuente de trabajo para sus allegados en abierta violación de las leyes laborales. La institución le preguntó si era culpable… Y ahora tiene más plazas.
En los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG) –el Fray Antonio Alcalde y el Juan I. Menchaca– las plazas de médico general A estuvieron a disposición del que fue su director general, Jaime Agustín González Álvarez, quien manipuló los ascensos y mintió a la Contraloría del estado para proteger a sus allegados.
En cambio, empleados con antigüedad y el perfil para ascender de categoría, como el técnico radiólogo Francisco Javier González Bermúdez, que solicitó su recategorización, no lo consiguieron porque la Comisión Mixta de Escalafón no emitió la convocatoria para asignarla por concurso.
En vez de eso, el recién nombrado secretario de Salud en el gabinete de Aristóteles Sandoval, González Álvarez se las entregó a personal de confianza. Favoreció así, por ejemplo, al exrector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG, Héctor Raúl Pérez Gómez; al Sindicato de Trabajadores de los Hospitales Civiles, e incluso le reservó una plaza a Claudia Alejandra Castellanos Barbosa, su actual pareja.
De acuerdo con documentos de los que este semanario tiene copia, dichas plazas se otorgaron el 13 de junio de 2011, mediante el acuerdo administrativo ACU-ADMON-01/CGMRT/2011, que firmaron Jaime González Álvarez y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los HCG, Alejandro Rivera López, para regularizar jurídica, financiera y administrativamente mil 375 puestos eventuales que existían en el la institución desde 2010.
Lo extraño es que el 24 de noviembre de ese mismo año, la Unidad de Transparencia de los HCG (cuyo presupuesto es de 3 mil 550 millones de pesos, de los cuales mil 700 millones los aporta el estado), le respondió al técnico radiólogo González Bermúdez, que no existen ni han existido plazas con la categoría de médico general A, B y C.
Pero González Bermúdez explica que un médico general participa en la consulta externa para clasificar a los pacientes y derivarlos a las especialidades que correspondan, según la enfermedad que padezcan.
Además, desde el 22 de julio –nueve días después de que se regularizaron las plazas mencionadas– el director de recursos humanos de los HCG, Carlos Alfredo Bautista López, le contestó a otro técnico radiólogo que pedía su recategorización, Jorge González Salazar, que ahí no se necesitan médicos generales A porque se trata de hospitales de segundo y tercer nivel, que sólo requieren de especialistas (oficio CGRH/0944/2011).
Lo cierto es que ya para el 28 de junio de 2012, el director de los HCG certificó una relación de 32 médicos generales A con base permanente y tres de carácter eventual.
Del estas plazas, 28 se les otorgaron a médicos que trabajaron de manera temporal, entre ellos Martín Gerardo Aguilera Lomelí, hermano del exsecretario del Sindicato Único de Trabajadores de los HCG, Juan Aguilera Lomelí; María Noemí Leticia Rodríguez Díaz, odontóloga ascendida médico general A en plaza eventual; Dante Jorge Alejandro Díaz Palencia, quien ingresó en 2007 y funge como cirujano general; y Margarita Josefina Sánchez Reynoso, quien hizo funciones de médico ginecobstetra pero nunca pasó el examen nacional de residencia, porque de lo contrario habría recibido el nombramiento como médico especialista.
Simulación
González Bermúdez refiere que en los HCG sólo se han creado plazas en dos ocasiones: en 1997 y el 2 de junio de 2011, cuando se firmó el convenio con el gobierno estatal para autorizar la creación de los mil 375 puestos eventuales.
El técnico radiólogo señala que fue una treta para otorgar esas vacantes a personas del círculo del director González Álvarez y brincarse la Ley Federal del Trabajo, así que les llamaron “eventuales” a las plazas que en realidad son de nueva creación. De haberse ceñido a la norma, se debieron someter a concurso entre el personal.
Recuerda que el 9 de septiembre de 2010 González Álvarez emitió una circular para dar a conocer la crisis financiera que atravesaba la institución, por el cual había solicitado al gobierno estatal una ampliación de casi 205 millones de pesos a la partida de gastos de operación. En ese documento el funcionario reconoció que había más de mil 800 trabajadores eventuales en los HCG.
A finales de ese año, continúa, el director llegó a un acuerdo con el secretario de Administración del estado para que se diera base a mil 375 eventuales, a cambio de que en el futuro no se hicieran más contrataciones en esta categoría. El convenio se firmó el 2 de junio de 2011.
“El argumento del director ante el gobierno del estado para solicitar la basificación del personal eventual consistía en que la mayor parte de la nómina eventual la pagaban los Hospitales Civiles con las cuotas de recuperación, y según González Álvarez ese dinero era necesario para los gastos de operación”.
Precisa que el costo anual de las mil 375 plazas eventuales en 2010 era de aproximadamente 380 millones de pesos, y cuando el gobierno del estado asumió el costo, los Hospitales Civiles ahorraron ese monto. Pero el director general no lo aplicó en la institución –señala el entrevistado–, ya que sus instalaciones siguen siendo precarias.
Además, aunque el convenio mencionado estipuló que no habría más personal eventual, se está contratando a personal bajo la figura de “servicios profesionales” durante cinco meses y sin prestaciones.
Ya transcurrieron casi tres años de la firma del convenio, pero los nombramientos de plaza no se han hecho efectivos, ya que el personal de base tiene derecho a prestaciones económicas como aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado, que no se hicieron porque eran eventuales. La segunda es que los nombramientos no corresponden al lugar físico donde estos empleados desarrollan sus actividades.
Al respecto, González Bermúdez advierte que los nuevos empleados que recibieron el nombramiento de médico general A ni siquiera están comisionados en áreas hospitalarias, pues desempeñan funciones administrativas con sueldos superiores a 20 mil pesos mensuales.
Por estas razones, el 14 de junio de 2011 él denunció formalmente estos hechos ante la Contraloría del Estado para que realizara una investigación de oficio en los HCG.
“La categoría de médicos generales siempre ha sido oscura y amañada. No corren el escalafón a los trabajadores; ellos debieron recategorizarse a la categoría A, B o C. Hasta la fecha hay trabajadores que son explotados haciendo funciones de médicos generales o de médicos especialistas con un nombramiento definitivo en una categoría distinta a la que están ejerciendo”, apunta el técnico radiólogo.
Mentiras institucionales
A partir de los señalamientos de González Bermúdez, la Contraloría del estado inició una averiguación y por escrito le envió un cuestionario a Jaime Agustín González Álvarez. El 9 de julio del 2012 el funcionario respondió mediante el oficio DG/0838/2012 al contralor Francisco Xavier Venustiano Trueba Pérez.
Una de las preguntas fue que si tiene un “vínculo diverso laboral” con Claudia Alejandra Barbosa Castellanos. La respuesta fue que ella no es su cónyuge y que tampoco la favoreció con una plaza permanente de médico general, toda vez que ella es trabajador eventual desde el 1 de mayo del 2001, con un horario de 8 a 16 horas.
Lo que no informó el titular de los HCG es que el 5 de noviembre de 2002 nació la hija que él procreó con Barbosa Castellanos, que lleva el apellido de ambos y fue registrada en la oficialía número 1 de la Dirección General del Registro Civil de Guadalajara. Del acta de nacimiento se desprende que la pareja vive en el mismo domicilio de la colonia Providencia, en Guadalajara.
En cuanto a la segunda parte de la respuesta del director, González Bermúdez señala que también hizo falsa declaración porque el 8 de mayo de 2001 elevó al entonces titular de los HCG, el ahora diputado federal Leobardo Alcalá Padilla una petición para que su pareja fuera ascendida a la categoría de médico general. Proceso Jalisco cuenta con copia certificada de ese oficio (DRH/MAY/01), firmado por González Álvarez cuando era director de la Unidad Hospitalaria Juan I. Menchaca.
En su esfuerzo por documentar las irregularidades, el técnico radiólogo también solicitó copia de las convocatorias y boletines en las que se ofertaron plazas de médico general A, B y C, pero la titular de la Unidad de Transparencia de los HCG, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, (exdirectora de Evaluación Interinstitucional y Gestión del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información) le respondió mediante el oficio UTI/HCG/201011-325 que no existen vacantes ni servidores públicos en esa categoría, y que tampoco hubo convocatorias.
González Bermúdez considera que la funcionaria falseó su declaración a propósito para cancelar toda posibilidad de que el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información (Itei) le ordene proseguir la búsqueda de datos. Por eso presentó un recurso de revisión ante el Itei (con número de expediente 975/2010).
Sin embargo, relata, el organismo sólo le preguntó a Cantero Pacheco si cumplió con la entrega de la información. El peticionario volvió a inconformarse, alegando que existe una negación al acceso de información porque el sujeto obligado ofrece respuestas contradictorias e incongruentes. Tres años después de esa reclamación, el Itei no se ha pronunciado al respecto.
Tampoco sirvió de nada la denuncia que presentó ante la Contraloría, por lo que entabló una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (expediente 498/2012/11-F) para exigir la nulidad de los nombramientos permanentes de médico general A o que, en su defecto, se le entregue una plaza de esta categoría.
El pasado 29 de enero sostuvo una audiencia conciliatoria, y el director jurídico de los HCG, Andrés Álvarez Politron, le manifestó que tenía órdenes directas del director general de no darle seguimiento a su caso.
“Podría denunciar mil cosas, pero no pasa nada. Lo único que se obtiene es una represalia. En los HCG me tratan como a un delincuente, lejos de reconocer que están mal. No puedo esperar nada de ninguna autoridad, es una mafia muy grande”, afirma el afectado.
