Aunque se halla a punto del retiro, el cacique del deporte Mario Vázquez Raña mueve sus fichas en el Congreso de la Unión a fin de que la Conade y el Comité Olímpico Mexicano prevalezcan por encima de organismos como la Codeme y la CAAD. Para ello cuenta con dos operadores de lujo: el diputado Felipe Muñoz y el titular de la Conade, Jesús Mena, quienes gozan de su protección y padrinazgo. Detrás de este afán de dominio asoman oscuros intereses políticos y económicos.
Con una larga trayectoria asociada al cacique del deporte Mario Vázquez Raña, en diciembre pasado Felipe el Tibio Muñoz, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, envió al Congreso su iniciativa para una nueva Ley de Cultura Física y Deporte. Casi de la mano, otro incondicional del veterano directivo, Jesús Mena, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), intentó impulsar su proyecto a través del Senado de la República.
Ambas propuestas siguen la misma pauta: Pretenden someter el deporte del país a través de un mando prácticamente único, dotar de mayores facultades y atribuciones a la Conade y al Comité Olímpico Mexicano (COM), y excluir a la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme).
Más aún: Se proponen tener injerencia permanente en el deporte profesional, incluido el futbol. Y una muestra de ello se establece en el artículo 131 del documento turnado por Jesús Mena al Senado de la República: “Los estatutos y reglamentos de las ligas profesionales serán aprobados por la Conade, previo informe de la federación deportiva nacional correspondiente, debiendo incluir, además de los requisitos generales señalados reglamentariamente, un régimen disciplinario específico”.
Además, el inciso I del artículo 132 condiciona “organizar las competencias de naturaleza profesional en coordinación con la respectiva federación deportiva nacional y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales e internacionales, pueda establecer la Conade”.
La propuesta elaborada por David y Gilberto Hernández, colaboradores del director de la Conade, plantea la creación de un Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved), que asumirá parte las atribuciones de la Codeme, como se indica en el artículo 93: “los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las federaciones deportivas nacionales serán vigilados por la Conade, por conducto del Coved”.
En ese sentido, el artículo 94 establece que “el Coved tendrá por objeto vigilar y garantizar que los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las federaciones deportivas nacionales cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos”. Ello implica un gasto considerable, toda vez que requerirá la creación de infraestructura, así como contratación de contadores para fiscalizar y de abogados que se encarguen de los estatutos.
Sin duplicidades
Ninguna iniciativa ha prosperado por falta de consenso. La del titular de la Conade no pasó del escritorio de uno de los cuatro integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado. Las propuestas presentadas marcaron la pauta para que los senadores de esa comisión dieran un paso al frente con una iniciativa de Ley del Deporte publicada en la Gaceta Oficial el martes 5.
Se trata de un proyecto que en términos legislativos supera al de Felipe Muñoz. Asimismo, consolida la autoridad de la Conade como órgano representante del gobierno en la materia, y a la vez respeta y fortalece las atribuciones tanto de la Codeme como del COM, con sus funciones bien definidas y delimitadas.
También evita la duplicidad de funciones, impide que la Conade interfiera con otras instituciones y le otorga las mismas facultades al Comité Paralímpico Mexicano (Copame) que al COM. Asimismo, ratifica que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) es el máximo órgano de justicia deportiva en el país, a contrapelo de los intentos del Tibio por desaparecer este organismo, así como a la Codeme (Proceso 1884).
Aunque conserva la esencia de la actual Ley General de Cultura Física y Deporte, la iniciativa del Senado incluye 150 artículos y sus objetivos principales se sustentan básicamente en los tres primeros capítulos. El número 1 refiere a su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo al Ejecutivo federal por
conducto de la Conade.
El artículo 2 establece que el ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y deporte tienen como base los siguientes principios: “I.- de legalidad, II.- de soberanía jurídica, III.- de derecho social, IV.- de igualdad, V.- de democracia, VI.- de autonomía, y VII.- de libertad”.
El artículo 3 establece acerca de la ley y su reglamento: “y las demás disposiciones que de ella emanen tienen por objeto establecer las bases y modalidades para la concurrencia, coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado, con el objetivo de establecer los mecanismos para el adecuado ejercicio del derecho de toda persona a la cultura física y el deporte”.
La propuesta incluye un inciso (VII del referido artículo) encaminado a promover las medidas necesarias con el fin de erradicar la violencia y reducir los riesgos de afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas, así como para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del doping.
La Codeme dejará de tener injerencia en la integración de las delegaciones deportivas que representen al país en las competencias internacionales, de tal manera que desaparece la llamada “comisión tripartita” –integrada por Conade, COM y la propia Codeme. Esta atribución ahora será exclusiva del Comité Olímpico Mexicano y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como se indica en el artículo 71 de la Sección Quinta relativa al capítulo del COM.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y Deporte fue suscrita por integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado: los priistas Lilia Guadalupe Merodio Reza y Roberto Armando Albores Gleason; el panista Daniel Gabriel Ávila Ruiz, y Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista, quien preside dicha comisión.
Este proyecto se contrapone a la iniciativa de Felipe Muñoz, impulsada por Mario Vázquez Raña, quien desde los setenta se había opuesto de manera sistemática a la Ley del Deporte. Este semanario dio cuenta de ello: “El 16 de junio de 1976, Mario Vázquez Raña, titular del Comité Olímpico Mexicano y director del recién nacido Instituto Nacional del Deporte, criticó al licenciado Rafael García Garza, presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Deporte, por sugerirle al entonces candidato priista a la presidencia de la República, José López Portillo, la promulgación de una Ley General del Deporte” (Proceso 522).
En estas páginas también se informó que Vázquez Raña estalló en cólera y declaró: “Proponer la ley es una afrenta al actual gobierno y al presidente Echeverría. Es poner en evidencia su decisión de crear un Instituto Nacional del Deporte como solución idónea para resolver la problemática general del deporte. Me parece que es un insulto a la investidura del presidente Echeverría, quien fue el que ordenó previamente un profundo estudio sobre la mejor solución en favor del deporte. Él mismo decidió crear el pasado 7 el INDE”.
La intención de legislar en materia deportiva ni siquiera estaba considerada. Y el reportero Francisco Ponce detalló así la situación prevaleciente en marzo de 1986: “Hace 10 años, como resultado de una pugna, se fortaleció la necesidad de elaborar la ley del deporte en México. Y ahora persisten los intentos, aunque a pesar de los planes y promesas poco se ha invertido en tiempo y recursos para procurar una estructura de cooperación a fin de edificar el sistema deportivo nacional” (Proceso 522).
Desde entonces transcurrieron 14 años para que se consumara una iniciativa, lo que ocurrió en 1990 como Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, situando a la Conade como la entidad rectora, presidida ésta por el exmarchista Raúl González durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Por cierto, la ley fue impugnada por Mario Vázquez y el COM. Aquél se declaró en franca desventaja respecto de las disposiciones en ella contenidas. El precepto se reformó en 1995 y en junio de 2000 fue promulgada la Ley General del Deporte, todavía con el exandarín al frente de la Conade.
Bloqueos
Las pugnas por el poder se recrudecieron con la llegada de Nelson Vargas a la Conade (2000-2006). No fue sino hasta 2003 cuando se promulgó la Ley General de Cultura Física y Deporte, que fue impugnada por El Tibio, a la sazón presidente del Comité Olímpico Mexicano.
De hecho, Muñoz se amparó contra la propia ley del deporte como en su momento lo hizo su benefactor y jefe. Eso y el recrudecimiento de las pugnas entre los principales dirigentes del deporte –Alonso Pérez, de Codeme; Felipe Muñoz y Vargas– impidieron que la ley se aplicara en su totalidad.
Durante el sexenio de Vicente Fox se buscó aplicar una reforma constitucional a la referida ley, que se logró apenas en 2011, es decir cinco años después de que finalizara su mandato. Sin embargo, tras la designación de Carlos Hermosillo, primero, y después de Bernardo de la Garza al frente de la Conade, en el sexenio pasado, la ley quedó obsoleta. Pese a todo, la reciente iniciativa de la Comisión de Juventud y Deporte conserva gran parte de las bases de la ley actual.
Descrito a menudo como el hombre que traza el rumbo del deporte nacional y patrocina las campañas de los candidatos priistas a la Presidencia de la República, a sus 80 años Vázquez Raña se mantiene activo en el escenario local. A él se le atribuyen las recientes imposiciones de tres de sus allegados: removió a Felipe Muñoz para colocarlo como diputado y titular de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados; a Carlos Padilla lo tiene en la presidencia del Comité Olímpico Mexicano, en lugar de Muñoz, e influyó de manera decisiva en la designación de Jesús Mena al frente de la Conade.
El cacique del deporte en México fue miembro del Comité Olímpico Internacional desde 2000 hasta 2012. Renunció a todos sus cargos en el COI –comisión ejecutiva, presidencia en Solidaridad Olímpica, y de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACON)– luego de su cuestionada reelección al frente de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) en marzo pasado.
Ahora, a punto del retiro y después de oponerse reiteradamente a cualquier intento para implantar una ley del deporte, quiere imponer sus lineamientos con todo a su favor, con todas las atribuciones y toda la fuerza con la que dominó el Comité Olímpico Mexicano de 1974 a 2001. Para ello dispone de piezas importantes. Aún está por verse si los senadores que canalizaron la iniciativa de ley del deporte dejarán que se les manipule.
Consenso
En entrevista con Proceso, el senador panista Daniel Gabriel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, advierte: “Hasta este momento no he recibido presiones de nadie, y no las permitiré. Voy a legislar a favor de todos los deportistas de México”.
El legislador, quien presidió la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso de Yucatán, dice que no conoce el proyecto de ley de Felipe Muñoz, pero asegura que le solicitarán ese documento a través de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado.
Adelanta que la iniciativa de su comisión será “revisada y enriquecida” como resultado de los foros de consulta con atletas y especialistas del deporte. “Es el trabajo que realizaremos antes del dictamen de la iniciativa, previo a que pase al pleno del Senado para su aprobación y de ahí a la Cámara de Diputados”. Según el senador, el proyecto de su comisión saldrá antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, “es decir, antes del 30 de abril”.
Sin embargo, para el diputado Gerardo Villanueva, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, a la iniciativa de Muñoz aún le espera un largo proceso. “Es un tema que todavía no está resuelto; debe pasar por las consultas en los siguientes meses”.
–¿Estas modificaciones abarcan al CAAD y a la propia Codeme?
–Lo tenemos que revisar; es la misma ley, pero un poco reciclada de la actual, y me parece que debemos insistir en el tema del deporte popular.
El documento de Mena que Proceso pudo conocer fue realizado, entre otros, por David Hernández González, hasta hace unos días miembro titular de la CAAD, a la que renunció para brindarle asesoría al director de la Conade. El texto tiene otro responsable: Gilberto Hernández Oseguera, candidato a senador; ocupó el sitio 17 de la lista de candidatos a senador plurinominal en esta elección por el PRI. Hernández Oseguera no ocupa un escaño en el Senado, pero el licenciado en derecho del deporte trabaja para la empresa Promofut, de los primos Eduardo Hernández Applebaum y Enrique Nieto Applebaum, representantes y promotores de jugadores profesionales.
Gilberto Hernández también es árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte y fundador de la firma TrustSports and Entertainment Law.
Los Hernández concibieron la idea de impulsar el proyecto de Mena desde el Senado. Esa iniciativa le otorga a la Conade amplias atribuciones. A partir de ahí proponen que la Conade vigile, entre otras cosas, los procesos electorales de las federaciones deportivas nacionales (artículo 5) y el financiamiento y subvención de la cultura física y el deporte (artículo 59 del capítulo VIII).
La Conade quiere agenciarse más dinero “para garantizar la promoción, fomento y estímulo de la cultura física y la práctica del deporte”. Para ello, la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios deberán generar sistemas de financiamiento.
El segundo párrafo del referido artículo refiere que “el apoyo económico en relación con la cultura física y el deporte puede tener una base mixta, de carácter público y privado, además de la capacidad propia del sector de cultura física y deporte para generar los recursos económicos que permitan su desarrollo”.
Y aunque el Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno que tiene la función específica de publicar las leyes, reglamentos, acuerdos y decretos que van a operar en el país y demás actos expedidos por los poderes de la federación, la nueva ley del deporte concebida por los Hernández también pretende hacer de esta instancia su plataforma, como se asienta en el segundo párrafo del artículo 92: “Los estatutos de las federaciones deportivas nacionales, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación”.
