En los ámbitos político y académico provoca inquietud el gabinete de Aristóteles Sandoval, que se perfila a partir de su equipo de transición. Preocupa que sus integrantes no tengan méritos ni perfiles idóneos para sus cargos, la aparente intención del mandatario entrante para seguir calcando la figura de Enrique Peña Nieto y el evidente reparto de cuotas a los cacicazgos priistas.
A cuatro días de rendir protesta como gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz le sigue los pasos de Enrique Peña Nieto hasta en el diseño de su gabinete.
Así como el presidente anunció modificaciones a su estructura de gobierno a través del programa Pacto por México, el futuro gobernador lo hizo con el Pacto por Jalisco, al anunciar su intención de recortar o fusionar algunas secretarías.
Dicha propuesta prevé cambios en 14 secretarías, la fusión de Seguridad Pública con la Procuraduría General de Justicia y la integración de Finanzas, Administración y Planeación en una sola dependencia; modificaciones que requieren el aval de los diputados locales y surtirán efecto cuando aprueben las reformas a la Constitución Política de Jalisco y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Igual que su modelo federal, Sandoval decidió que un día antes de asumir la gubernatura revelará quiénes integrarán su gobierno.
Sin embargo, académicos y políticos consultados por Proceso Jalisco señalan que, más allá de la experiencia y la juventud de que presume la administración entrante, entre los colaboradores cercanos al gobernador electo se cuentan “cartuchos quemados” y piezas que obedecen al pago de favores políticos.
Para el investigador Eduardo González Velázquez, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), se trata de una estrategia que busca imitar lo que se hace en el centro del país, pero con la intención de posicionar desde ahora a Sandoval Díaz como el sucesor natural de Peña Nieto. Incluso, dice, habrá que estar atentos al gasto que destinará a los medios:
“Aristóteles y varios más ya están trepados prácticamente en la ola de la elección presidencial de 2018. Habría que ver cuáles serán los mecanismos que establezca para relacionarse con las televisoras y con algunos medios de comunicación a fin de que se pueda ir apuntalando su figura a nivel nacional. Hay que recordar que estas prácticas las llevó a cabo Peña Nieto desde el gobierno del Estado de México muchísimo antes de comenzar la campaña presidencial. Yo no descartaría el apoyo abierto a las televisoras a cambio de un trato favorable a la figura de Aristóteles. Es muy factible.”
Destaca que en México los funcionarios arriban al primer círculo de poder por pagos de favores, y el gabinete de Sandoval Díaz no será la excepción. González Velázquez considera que el exdirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) Ricardo Villanueva será clave en la nueva administración porque era jefe de la oficina del priista cuando éste estaba al frente del ayuntamiento de Guadalajara, fue el coordinador general de su campaña y ahora encabeza el equipo de transición.
“Estos equipos de trabajo se convierten en una especie de factura que comienzan a cobrarse y se pagan con estas posiciones en el gabinete, lo cual trae consecuencias poco favorables para el estado. Más allá de que lleguen funcionarios con algunas capacidades, la verdad es que lo hacen pensando en proyectos personales o electorales que les permitan continuar viviendo del erario. En esa medida, las políticas que puedan aplicar son muy pobres, de bajos resultados, totalmente alejadas de la realidad del estado y las necesidades de la población”, afirma el académico.
El pasado 18 de diciembre el gobernador electo presentó a los 46 miembros de su equipo de transición, que consta de cinco coordinadores generales y el Consejo Consultivo Ciudadano que lidera Enrique Dau Flores, exalcalde de Guadalajara.
Equipo de cuotas
Los tapatíos recuerdan a Dau Flores por su mala actuación como alcalde de Guadalajara tras las explosiones del 22 de abril de 1992. Reapareció en la administración del panista Francisco Ramírez Acuña como titular de la Comisión Estatal de Agua (CEA) y desde ese cargo fraguó el proyecto de endeudamiento más agresivo del estado: el fracasado proyecto de la presa de Arcediano, en el contaminado río Santiago.
Se estima que el gobierno estatal gastó más de 700 millones de pesos en estudios y algunas obras menores, pero la presa no se construyó. Actualmente Dau Flores incluso tiene cuentas pendientes con la justicia federal por desacatar órdenes judiciales con dicha obra, así como en las afectaciones a la Cuenca del río Santiago, de cuyo consejo es presidente desde el año pasado (Proceso Jalisco 411).
Si Ramírez Acuña invitó a su gobierno a priistas como Dau Flores, Sandoval Díaz lo hace con otros dos paquistas cercanos al extitular de la CEA: Gerardo Octavio Solís Gómez, actual coordinador general de seguridad integral, y Juan Jaime Petersen Farah, miembro del Consejo de Política Presupuestal y Financiera.
Un presunto pariente de este último, Jorge Petersen Aranguren, fue uno de los vendedores de los terrenos donde Emilio González construyó la Villa Panamericana mediante una serie de maniobras jurídicas (Proceso Jalisco 338).
Juan Jaime Petersen ha trabajado en el sector privado y actualmente es promotor de negocios inmobiliarios y consultor financiero de la Dirección de Pensiones. Asesoró al gobernador saliente Emilio González Márquez en el desastre ecológico y económico que implicó la construcción de la Villa Panamericana. Es hermano del expresidente municipal panista de Guadalajara y exsecretario de Salud, Alfonso Pertersen Farah.
A su vez, Solís Gómez es un hombre de confianza del exgobernador Ramírez Acuña, quien lo designó procurador general de justicia, secretario general de Gobierno y gobernador interino. Cuando Ramírez Acuña fue titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) con Felipe Calderón, Solís fue su coordinador de asesores.
Desde el 7 de octubre de 2010, un juez penal giró a la Procuraduría General de la República una orden de aprehensión contra uno de los colaboradores más cercanos de Solís Gómez en la procuraduría estatal, Felipe de Jesús Delgado Hernández, quien después fue titular de la Unidad de Gobierno en la Segob, por estar involucrado en el otorgamiento irregular de permisos a casinos, entre otros al Casino Royale de Monterrey (La Jornada, 9 de septiembre de 2011).
Cuando fue procurador estatal, Solís Gómez se convirtió en el brazo ejecutor de cientos de detenciones arbitrarias durante el gobierno de Ramírez Acuña. En 2002 participó en la redada contra cerca de mil 500 jóvenes en una fiesta rave realizada en Tlajomulco de Zúñiga, y en la represión de los jóvenes altermundistas que protestaron el 28 de mayo en 2004, en el marco de la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea.
También hay espacio para otros integrantes del equipo de Sandoval Díaz cuando fue alcalde, como Gabriel González Delgadillo, regidor del Panal y actual coordinador de procuración institucional. A él se le atribuye la iniciativa para sustituir el nombre de la avenida Belisario Domínguez por el del cantante ranchero Vicente Fernández.
El Grupo Universidad de Guadalajara está representado por Luis Gustavo Padilla Montes, coordinador de la agenda internacional y medio hermano de Trino y Raúl Padilla López, exrectores de la casa de estudios.
Padilla Montes ha ocupado cargos universitarios como secretario técnico de la Secretaría General, coordinador de Estudios Incorporados, secretario Técnico de la Rectoría General, jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales de la Vicerrectoría Ejecutiva, Coordinador Ejecutivo del proyecto de apertura de una Sede de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, California, y secretario administrativo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también tiene una tajada, ya que el coordinador de Políticas de la Juventud, Bernardo Macklís Petrini, es pariente de la esposa del exdiputado local Enrique Aubry de Castro Palomino, aviador en el Congreso del Estado con un sueldo superior a los 42 mil pesos mensuales, según el informe que el pasado 14 de febrero presentó el director de Administración y Recursos Humanos del Poder Legislativo, Agustín Araujo.
Forma parte del equipo del “cambio incluyente” el consejero de comunicación gubernamental, Sergio Ramírez Robles, exdirector de Comunicación Social en Puebla. Su gestión, que terminó el 4 de diciembre, se caracterizó por los malos tratos a los periodistas. En octubre pasado incluso interpuso un paquete de demandas civiles contra de 19 informadores, entre ellos el reportero de Proceso Álvaro Delgado, supuestamente por incurrir en “exceso de libertad de expresión por ofender y denostar a funcionarios estatales”.
El pago de cuotas alcanza al senador Arturo Zamora Jiménez, ya que Carlos Enrique Zuloaga, quien fuera su síndico en el ayuntamiento de Zapopan, ahora es consejero de seguridad integral y política de Sandoval Díaz.
Asimismo fueron incluidos en el equipo de transición otros exfuncionarios del ayuntamiento tapatío con Sandoval Díaz: Javier Hurtado González, ahora coordinador para el análisis del Plan Estatal de Desarrollo; Anisse Musalem Enríquez, coordinadora del Programa Temporal de Becarios; Héctor Rafael Pérez Partida, coordinador comercial de política presupuestal; y Mauricio Gudiño Coronado, coordinador de Infraestructura.
Casos similares son los de Ruth Gabriela Gallardo Vega, coordinadora de seguridad; Miriam Vachez Plagnol, de cultura; André Marx Miranda Campos, de deporte; y María Magdalena Ruiz Mejía, de vinculación para la sustentabilidad.
Si con los gobiernos del PAN se encumbraron industriales como Guillermo Martínez Mora y Horacio Gutiérrez Pardo, y el supuesto priista Aurelio López Rocha es secretario de Turismo, con Sandoval Díaz el empresario joyero Juan José Palacios Jiménez, promotor de la asociación civil Guadalajara 2020, funge como coordinador general de política económica en el equipo de transición.
Malos signos
En entrevista con Proceso Jalisco, el excandidato a gobernador y dirigente de Alianza Ciudadana, Enrique Alfaro Ramírez, advierte que una de las tareas del mandatario entrante será lidiar con los grupos más radicales del PRI y con políticos que, si bien lo ayudaron en la campaña, son conocidos por su mal desempeño:
“Si Aristóteles conforma un equipo como lo hizo cuando era alcalde de Guadalajara, podemos esperar la mismo: una mala dirección. Hoy preocupa ver a personajes que no han demostrado ninguna capacidad ni talento, como los grupos de exgobernadores y aquellos que sólo responden a intereses institucionales.”
Entre éstos, además de los viejos políticos como Dau Flores y Solís Gómez, cita a Javier Hurtado, coordinador para el análisis del plan estatal de desarrollo, además de legisladores como Mariana Fernández Ramírez, coordinadora de bienestar social en el equipo de transición:
“Me preocupa ver a personajes que no han demostrado ninguna capacidad, como Javier Hurtado, que se presume como académico de segundo nivel de la burocracia priista, y Mariana Fernández, que hizo un terrible papel como legisladora. Sí, es mi prima, pero uno no escoge a sus parientes.”
Alfaro Ramírez percibe dos indicios de que la próxima administración será deficiente: los inadecuados perfiles de los integrantes del equipo de transición y los compromisos políticos y económicos que representan.
“Si el gobierno se convierte en una agencia de colocación del PRI para pagar los favores políticos –reitera Alfaro Ramírez–, este gobierno va a fracasar. Cada puesto requiere persona con solvencia profesional, que demuestren que pueden con el paquete, y yo vi en el equipo de transición a personajes que dan pena ajena. ¿Qué tanta libertad tendrá Aristóteles para gobernar Jalisco? Me imagino que no mucha, pues si su equipo es grande es porque sus compromisos son muchos y muy fuertes. De ese tamaño fueron los apoyos que recibió.”
Acerca del rediseño institucional propuesto por Sandoval Díaz, Alfaro dice que es una copia al carbón de la agenda nacional y poco tiene que ver con del estado. Además, considera que la firma del Pacto por Jalisco es hasta ahora una propuesta al aire sin un documento formal.
Por otro lado, el investigador Eduardo González, del ITESM, también se muestra escéptico hacia la reforma para fusionar la procuraduría con la Secretaría de Seguridad Pública e integrarlas en la Fiscalía General del estado, ya que esas dependencias tienen funciones diferentes que merecen un tratamiento específico.
Comparte esa opinión el investigador de la Universidad de Guadalajara Dante Haro Reyes, especialista en temas de seguridad, quien advierte que el nuevo organismo puede convertirse en un “monstruo”.
“El problema no es tanto cómo se van a fusionar las secretarías, sino mejorar los perfiles de los operadores, la preparación, la honorabilidad, la trayectoria para los cargos que se van a ocupar”, explica.
Y Bernardo Jaén Jiménez, también investigador de la UdeG, indica que el rediseño institucional es cuestionable:
“Esto da generalmente pie a ocurrencias, y eso es lo preocupante. He dado seguimiento de la propuesta que hizo Aristóteles la semana pasada y me parece que no hay un diagnóstico de qué está funcionando mal en el diseño institucional actual, como para que a partir de eso se saquen conclusiones de cómo podría mejorar.”
En todo caso, advierte, la propuesta que presentó el gobernador entrante parece tener la intención de concentrar el poder en sus colaboradores que ocupen la Fiscalía General y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
