Llama la atención que la LIX Legislatura haya gastado casi 2 millones de pesos en fruta, galletas, agua y refrescos en un solo mes. Que lo hayan hecho con proveedores cuyos datos registrados no coinciden con la realidad o ni siquiera aparezcan en el padrón, abre un campo fértil a la corrupción, dados los indicios de que los coordinadores parlamentarios de los partidos se valieron de adquisiciones irregulares para quedarse con dinero del Poder Legislativo.
Documentos internos del Poder Legislativo, cuyas copias tiene Proceso Jalisco, dan cuenta de los dispendios de los coordinadores parlamentarios de la pasada Legislatura, quienes contrataron bienes y servicios con empresas que se dieron de alta precisamente al inicio de su gestión, con otras que no se registraron en el padrón de proveedores y o que no existen legalmente.
Algunas de esas empresas sólo habían sido proveedoras de la Universidad de Guadalajara. Por ejemplo, Servicio Comercial Integral EMG se encuentra, según el registro de proveedores del Poder Legislativo, en Diagonal Hernán Cortés 2851, interior 2, colonia Vallarta San Lucas –nombre incorrecto de Vallarta San Jorge–; sin embargo, en ese lugar no se encuentra ni ha estado esa firma, de la que Jesús Sánchez Mariscal aparece como director y representante legal. El número telefónico que aparece en el padrón corresponde a otra empresa. La secretaria que respondió a la llamada de la reportera asegura que sí conoce a Sánchez Mariscal, que no labora ahí, pero “se aparece de vez en cuando”.
Aunque entre junio y agosto de 2010 el Congreso le compró a Sánchez Mariscal material de limpieza y equipo de administración por 173 mil 509 pesos, la empresa se dio de alta en el Poder Legislativo hasta 2011, con el número JA/050/2011.
Por su parte, Alex Fernando Rentería González, quien vendió al Congreso un “suministro de transformador tipo seco” e instaló tres circuitos de aire acondicionado por 356 mil 084 pesos, no se encuentra en el domicilio que proporcionó (Fray Bartolomé de Las Casas 523, Sector Reforma). En ese lugar está una lavandería, propiedad de Arturo, quien se identificó como hermano de Alex Fernando Rentería. Éste aparece además en el padrón de proveedores del Centro Universitario de Tonalá, de la UdeG, como constructor civil.
Por su parte, Arturo Rentería dijo que le prestó parte de su establecimiento a Alex Fernando por muy corto tiempo. Cuando se le preguntó que si su hermano todavía comercializaba plantas de electricidad, afirmó no saber que vendiera eso y se negó a decir dónde localizarlo. Exempleados del Congreso aseguran que Fernando Rentería entregó la planta de luz, pero luego se la llevó.
Otro proveedor, Edgar Eduardo Jiménez Alatorre, fue contratado en marzo de 2010 para la adquisición de dos elevadores con capacidad de 800 kilos o 10 personas cada uno y garantía de tres años, por 132 mil 125 euros (más de 2.2 millones de pesos). La entrega se fijó para el último trimestre de 2010.
Este semanario buscó a Jiménez vía telefónica para saber por qué todavía no se instalan los elevadores (sólo ha entregado uno en el edificio de Juárez y Corona), pero el número de celular que proporcionó al Congreso no es el suyo. Su representante de ventas, Raúl Martínez Camarena, asegura por el mismo medio que trabajó para Jiménez Alatorre durante nueve meses pero desconoce su domicilio fiscal. Y enfatiza que a él no se le puede imputar nada porque no firmó ningún documento ni salieron cheques a su nombre.
Los diputados autorizaron la compra en euros con la justificación de que esos equipos únicamente se consiguen en el viejo continente. El 3 de agosto de 2010 el Congreso le pagó a Jiménez la factura 49 por 767 mil 857 pesos.
Pa’ los chescos…
Llaman la atención los gastos de la anterior Legislatura en fruta, galletas, agua y refrescos: casi 2 millones de pesos tan sólo en junio de 2010.
A Mars Evvij, S.A. de C.V. le compraron 140 mil 910 pesos de galletas. El domicilio fiscal que proporciona la empresa en el padrón de proveedores (Avenida México 2325-5E, colonia Vallarta San Jorge) no existe.
Pero querían más galletas, así que contrataron a Erika Alejandra Ojeda Sánchez –presunta socia de la esposa de Carlos Corona, exsecretario general del Congreso–, quien en junio de 2010 les surtió 103 mil 270 pesos de dicho producto. Proceso Jalisco buscó el domicilio que proporciona Ojeda en el padrón de proveedores, pero tampoco existe. Se le buscó en la red Facebook, donde está registrada su empresa Dolcherry. Cuando se le preguntó el domicilio para conocer directamente sus pasteles y galletas, respondió que no tiene un local fijo, sino que hace la repostería fina en la cocina de su vivienda y que lleva los pedidos a domicilio.
En junio de 2010, el Congreso local le compró a José Gerardo Orendáin Romero 636 mil 496 pesos en fruta, aunque no aparece en el padrón de proveedores. El 17 de mayo de 2010, Orendáin recibió otro pago por 115 mil 753 pesos (cheque 418). En una búsqueda por internet se encontró que aparece como proveedor del Centro Universitario de Tonalá, en cuyo padrón dio como domicilio la calle Hidalgo sin número, colonia San José del 15, en El Salto, con el número telefónico 36 06 08 24. Sin embargo, esa línea corresponde a un domicilio de la colonia Artesanos, según informó una mujer que respondió la llamada y dijo no conocer a José Gerardo Orendáin.
Ese mismo mes, los legisladores compraron a Coca-Cola y PepsiCo 210 mil pesos en aguas y bebidas gaseosas. Además le pagaron 852 mil 374 pesos en servicio de mensajería a Delivery Now, que primero registró como su director a José Octavio Jiménez Yenny y se le asignó el número de proveedor JA/078/2010, pero después apareció con el número JA/048/2010 y con Juan Carlos de Anda Quezada como su representante. Ambos declaran que el domicilio fiscal de Delivery Now es Ontario 1374, colonia Providencia, donde en realidad se ubica un despacho de contadores.
José Octavio Jiménez registró además a la empresa Código Púrpura con el giro de mensajería y se le asignó el número JA/365/2010. Posteriormente cambió su dirección a Avenida Américas 1501, piso 20B, entre Sao Paulo y Ontario.
El Congreso también le compró a proveedores no registrados en su padrón. Es el caso de César Juvenal Velásquez Rodríguez, quien hasta septiembre de 2010 no estaba registrado, pero desde junio de 2010 le arrendó al Legislativo equipo y maquinaria. Lo mismo sucedió con Alejandro Durán Zapata, quien ingresó en el padrón el 29 de junio de 2010 pero se le asignaron compras de material informático y útiles escolares desde marzo anterior.
Comercializadora de Partes Mexicanas S.A. de C.V., vendió entre junio y agosto de ese año casi 315 mil pesos en mobiliario y equipo de administración, pero se dio de alta en el padrón hasta 2011. Según anuncia en su página de internet, sólo ofrece refacciones y accesorios para automóviles.
Otra empresa que se registró en el padrón después de ser contratada es Comercializadora Euro Marketing, que le vendió al Legislativo tóner para copiadoras por 220 mil pesos, como lo muestran las facturas 4305, 5186 y 5188. Hizo lo mismo Francisco Javier Alaniz Lomelí, quien rentó autos al Congreso en marzo, abril y junio de 2010, pero se dio de alta en el padrón hasta octubre de ese mismo año con la razón social Rent a Car Pacific.
Asimismo, María del Carmen Rodríguez Juárez se inscribió el 28 de febrero de 2010, pero una semana antes ya proveía de tóner, material de oficina e informático, así como servicio de limpieza. De mayo a septiembre de ese año, se le pagaron aproximadamente 1.3 millones de pesos en productos facturados consecutivamente.
Proceso Jalisco acudió al domicilio de esta proveedora y encontró un negocio de impresión digital y offset. Se buscó vía telefónica a Rodríguez Juárez, quien algo nerviosa argumentó que dio facturas consecutivas porque el Congreso le pidió que fraccionara los montos a fin de que no excedieran de 30 mil pesos.
Cuando se le pidió precisar qué material informático le surtió a los diputados, no supo responder. Tampoco logró justificar por qué su negocio, una imprenta, vende material de limpieza y papelería. Admitió que el Congreso es su único cliente fuerte y se quejó de que todavía le adeuda 100 mil pesos.
En aquel junio de 2010, Luis Ramón Ortega Barajas vendió al mismo cliente casi 64 mil pesos en equipo de cómputo, pero su alta en el padrón está fechada hasta septiembre. En tanto, a Rafael Ruvalcaba Ayón se le pagaron en el mismo mes 562 mil 423 pesos por el servicio de vigilancia (facturas 58, 59 y 60), pese a que se registró tres meses después. El domicilio que proporcionó este proveedor, avenida San Francisco 15, tampoco existe. De acuerdo con el portal de la Universidad de Guadalajara, Sergio Mogollón Rodríguez, representante de ventas de Ortega Barajas, fue jefe de brigadas de la Unidad de Servicio Social de la casa de estudios.
Se buscó a Ortega y a Mogollón en los teléfonos que proporcionaron en su registro, pero no respondieron.
RH Motors se dio de alta en el padrón de proveedores el 29 de mayo del mismo año, y a la siguiente semana ya le rentaban autos al Congreso. El pago por sus servicios de junio a septiembre fue de 558 mil 336 pesos. Aunque esta empresa se inscribió en el padrón con el giro de “transportación ejecutiva y foránea, renta de autos y camionetas de todo tipo”, la realidad es que se dedica a la compraventa y consignación de vehículos, como lo comprobó la reportera.
Igualmente, Ruth Natalia González de Anda aparece inscrita en septiembre, pero, el 31 de agosto, entregó las facturas 457,458 y 460 al Congreso por 60 mil 891 pesos en alimentos.
Los fantasmas
El Congreso del estado entregó pagos a personas que no aparecen tarde ni nunca en el padrón de proveedores. Una de ellas es Brenda Jazmín Prieto López, a quien le dieron 12 mil 400 pesos por dos servicios de coffee break, uno el 22 de julio y otro el 5 de agosto de 2010. Igual pasó con Empresas Urbanas, a la cual le pagaron 124 mil 810 pesos por estacionamiento, y con la Comercializadora Kargappi, que también dio servicio de coffee break y entregó facturas consecutivas de la 202 a la 209.
Otro que no aparece en el padrón es Ignacio Gutiérrez Rentería, a quien se contrató por 30 mil 763 pesos para realizar una sesión de fotos aunque el Congreso tiene entre su personal a varios fotógrafos. A su vez, Lidia Ramírez Robles vendió antojitos a los diputados por 23 mil 100 pesos de junio a agosto de ese año.
A Maca, S.A. de C.V., el Legislativo le pagó 41 mil 316 pesos por servicio de coffee break, aun cuando no aparece en el padrón de proveedores; lo mismo ocurrió con Manuel Cruz Tapia, quien recibió casi 156 mil pesos por concepto de almacén (factura 409); y con Martha Laura Martínez Amial (137 mil pesos por activos, según la factura 3479) y Manuel Pérez González (14 mil por mantenimiento a vehículo).
Otra empresa que no está en el padrón y que aun así se le contrató es Rolf Renta, que recibió en julio de 2010 un total de 34 mil 800 pesos por alquiler de vehículo.
Úrsula Verónica Jiménez Ramos, ausente del registro, vendió al Congreso maquinaria y equipo eléctrico por 34 mil 400 pesos. Ella es proveedora del Centro Universitario de Lagos de la UdeG, donde en 2008 le compraron dos lectores de código de barras.
Otros proveedores en similar situación son Víctor López Martínez, a quien le pagaron 36 mil 764 pesos por equipo informático, Jessica Liliana Zúñiga Esparza, que recibió 10 mil 329 pesos por la venta de pilas, y Yolanda Villarreal Cortés, quien en julio y agosto entregó facturas por 206 mil 272 pesos.
