A pesar de que los integrantes de la LX Legislatura local autorizaron al gobernador Emilio González Márquez la contratación de un crédito por 2 mil 439 millones de pesos para que liquidara un empréstito al Banco Interacciones, y para que el Consejo Estatal del Deporte y Apoyo a la Juventud (Code) pagara sus deudas a los proveedores contratados durante los Juegos Panamericanos 2011, éstos aún reclaman su pago.
Se trata de una decena de micro, pequeños y medianos empresarios del ramo de la construcción, transporte e industria electrónica que en conjunto exigen alrededor de 400 millones de pesos por los servicios prestados en la justa deportiva.
A punto de concluir la administración de González Márquez, todo parece indicar que su sucesor, Jorge Aristóteles Sandoval, heredará ese adeudo, sobre todo porque el crédito autorizado el 15 de enero último, que presuntamente se utilizaría para el pago a proveedores, aún no ha sido gestionado por el mandatario saliente.
El viernes 15 el secretario de Finanzas, Martín Mendoza López, compareció ante los legisladores de la Comisión de Hacienda en el marco de la glosa del sexto Informe de González Márquez. Los proveedores aprovecharon el foro para exigirle el pago; no faltó quien le gritara “ratero”.
Mendoza les respondió que él no los había contratado. Al final, les dijo que en lugar de reclamarle debieron felicitarlo por haberlos defendido porque fue él quien acudió al Congreso local el 12 de enero a solicitar la autorización de un nuevo crédito para que el Code les pagara.
“Por qué no vinieron a felicitarme el día que los defendí, cuando me estaban acribillando aquí (por estar) pidiendo su dinero en una reestructura de pasivos. (Los diputados y yo) duramos cuatro horas hablando del mismo tema; no los vi felicitándome. Hoy les digo: ténganme un poquito de paciencia. Si no alcanzo a liquidarlos yo, lo hará el gobierno entrante, pero con los contratos”, les dijo el funcionario.
Los empresarios
En su comparecencia del pasado 12 de enero, Martín Mendoza admitió las deudas del Code con diversos proveedores, pero se negó a revelar la lista. Quienes lo enfrentaron ahora, dice, son algunos de los empresarios molestos por la falta de pago, entre ellos Guillermo Petersen Orendain, primo hermano de Alfonso Petersen Farah, alcalde de Guadalajara en el periodo 2007-2009.
Su empresa Orsa Maquinaria, S.A. de C.V., dice Petersen Orendain fue contratada para pintar los pisos de concreto del Estadio de Atletismo la semana previa a la inauguración del evento deportivo. Y señala que a pesar del parentesco con el exalcalde, nunca gozó de privilegios: “Yo soy un contratista más de todos los Juegos Panamericanos y no tengo por qué tener ningún privilegio, por eso me ves aquí desfilando, sufriéndole”, asegura.
Y si al familiar del exalcalde no le han pagado, el asunto se torna más difícil para los proveedores que no firmaron contrato con el Code, pues con el pretexto de que su presencia era urgente nunca firmaron ningún convenio; los acreedores sólo tienen pagarés, cartas compromiso, facturas y notas que no pueden cobrar.
Armando García, un albañil que junto a su hijo colocó pisos de cemento en el estadio de atletismo y la sede de basquetbol, no sabe cómo hacer para cobrar los 100 mil pesos que le deben.
Originalmente, comenta, le pidieron la instalación de 10 mil metros cuadrados, pero terminó pegando 28 mil. “Nosotros vivimos al día, no somos como las empresas grandes que tienen capital. Si yo hago 100 o 500 metros, eso es lo que cobro; no es mucha ganancia”, confía al reportero.
Para justificar la contratación del crédito, Mendoza López habló a los legisladores de la deuda del Code con sus proveedores, aunque se reservó información. Pero los datos salieron a relucir en la glosa del último informe de González Márquez: de los 400 millones de pesos, 325 se adeudan a Dicamevi, S.A. de C.V., una empresa que contrató Fonatur Constructora para que a su vez subcontratara a las compañías que construyeron la sede de atletismo y el complejo acuático donde realizaron las competencias de natación y clavados.
Gustavo Preciado, director de Aluminum –una de las compañías subcontratadas que instaló aluminio y cristal en el complejo deportivo–, asegura que cuando fue a buscar al representante de Dicamevi a su domicilio, para exigirle el pago, se encontró un lote baldío.
“No sabemos cuándo nos van a pagar. Ha pasado año y medio. Es una situación realmente desesperante y nos habla de la falta de entendimiento de lo que es la micro y pequeña empresa, que desde nuestra perspectiva es la única solución que tiene nuestro país para generar empleos y salir adelante”, sostiene Preciado.
Nabor Jiménez, abogado de los transportistas que acarrearon el material de construcción a las sedes, señala que algunos invirtieron todos sus recursos para cumplir con las exigencias de los organizadores de los Juegos Panamericanos.
Los adeudos del Code van de los 100 mil pesos –como es el caso del albañil Armando García y su hijo– hasta 2 millones a proveedores como Nueva Marca, S.A. de C.V., y Audiovisión, S.A. de C.V., que se encargaron de la instalación de muros de tablarroca y equipo de sonido en el estadio de atletismo, respectivamente.
Jaime Castro Sandoval, representante de Nueva Marca, que se constituyó hace tres años y da empleo a 200 personas, refiere que gran parte de la mano de obra que emplearon la tuvieron que pagar ellos. La invitación para trabajar en las instalaciones de los Panamericanos llegó por medio de otro contratista del ramo de la pintura, quien recomendó a la empresa.
“Como tapatíos quisimos echarle todos los kilos (al proyecto internacional), nos sentimos orgullosísimos en su momento, te lo digo de corazón. Cuando vi la inauguración estaba súper orgulloso y ya nos habíamos endeudado. Ahora me siento decepcionado de mi gobierno”, expone.
A Nueva Marca se le pidió construir carpas provisionales en la Villa Panamericana, donde los atletas acudían a tomar sus alimentos. La obra se les pagó, pues se trababa de una contratista más seria. El problema, dice, inició cuando Dicamevi se hizo cargo de las instalaciones de atletismo.
El responsable de la obra era el ingeniero Eduardo Martínez, quien luego fue acusado por el gerente de proyectos del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos (Copag), Alan Ángel, de ocasionar daños estructurales a más de una decena de viviendas aledañas a ese inmueble por la utilización de tres vibrocompactadoras.
Labor de alto riesgo
Eduardo Gómez Valdez, representante de Audiovisión S.A. de C.V., que reclama el pago de 130 mil pesos, dice que la instalación de equipo de audio y video fue difícil, sobre todo porque los empleados tuvieron que trabajar a contrarreloj y batallaron para subir los motores de las cámaras satelitales que finalmente instalaron a 30 metros de altura.
“Estuvimos instalando las cámaras un día antes de las competencias. La última que hicimos fue en el Code. La pista de ciclismo, donde estuvimos hasta las cuatro de la mañana, fue la más peligrosa”, señala. Comenta que incluso tomó fotos y filmó la instalación para tener un sustento y cobrar las facturas.
Y aunque los proveedores nunca pensaron en demandar a los organizadores, la demora en el pago los hizo reflexionar y ahora amagan con demandarlos por las vías penal y civil, expone Petersen Orendain.
El empresario lamenta que la administración de González Márquez no haya actuado para que se les pagara; duda también que el gobierno que encabezará Aristóteles Sandoval a partir del viernes 1 de marzo salde esa deuda.
