Una votación legislativa puso del mismo lado de la cancha a los diputados de oposición y a los de la llamada “telebancada”: las reformas a la Ley de Amparo que, entre otras cosas, eliminan la “suspensión provisional”. El mensaje era obvio: evitar los abusos contra … los abusos de la autoridad. Con esto, dicen los diputados afines a las televisoras, el poder del Ejecutivo será absoluto para decidir sobre las telecomunicaciones. La izquierda y organizaciones no gubernamentales, en tanto, se oponen a quitar el último reducto de lucha de las comunidades que defienden sus tierras de las devastadoras obras mineras, hidroeléctricas o petroleras.
El lunes 11, en una comida con senadores del PRD, el director de Información de Grupo Televisa y estratega jurídico de la empresa, Javier Tejado Dondé, advirtió a los legisladores de izquierda: “A nosotros no nos preocupa la reforma de la Ley de Telecomunicaciones. Vamos a aceptar la competencia. Es más preocupante la reforma a la Ley de Amparo que van a aprobar en la Cámara de Diputados. Le van a dar todo el poder a Peña Nieto. Le darán un poder ilimitado”.
Tejado, articulista cuyos textos se publican en El Universal, dijo que se iba a generar un “encontronazo” entre las dirigencias empresariales, que para esa hora ya manifestaban en los principales noticiarios de radio y televisión su oposición a una parte de esa reforma.
La cúpula empresarial encabezada por Claudio X. González, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios –que reúne a los 36 grupos económicos más fuertes del país– y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, hicieron su último esfuerzo para frenar las modificaciones a las fracciones XI y XIII del artículo 129 de la Ley de Amparo. Se reunieron al mediodía del lunes 11 con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Querían parar el cambio pero el exgobernador de Hidalgo les dijo que ya no podía dar marcha atrás a la iniciativa.
Para el sector empresarial y los grandes concesionarios el problema no era toda la iniciativa aprobada en el Senado en octubre de 2011, sino las modificaciones al artículo 129 que prohíben la figura de la “suspensión del acto reclamado” cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio público referidos en el artículo 27 constitucional, es decir petróleo, agua, espectro radioeléctrico, minas, ferrocarriles, aviación, etcétera.
Eliminar la figura de la “suspensión” fue una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos al gobierno de Peña Nieto. El exsecretario de Hacienda José Ángel Gurría la cabildeó con la nueva administración y se incorporó en el texto del Pacto por México, firmado con las dirigencias del PAN y del PRD.
El compromiso 80 del Pacto lo estableció así, genéricamente: “Se llevará a cabo una reforma integral a la Ley de Amparo para hacerla compatible con las recientes reformas constitucionales”.
Lo que ninguno de los dirigentes del sector empresarial esperaba era que en la sesión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del miércoles 6 se incorporaran las modificaciones al artículo 129. Legisladores del PAN, PRD y PT expresaron su preocupación por que el PRI pretenda otorgarle un “garrote” al titular del Ejecutivo para actuar contra televisoras, telefonía, bancos, compañías aéreas, transporte federal, minas, energía y todos los que legalmente exploten los llamados bienes de la nación estipulados en el artículo 27.
“El 99% de la Ley de Amparo ya está procesada, consensuada y existe voluntad de toda la Cámara de Diputados para discutirla en el pleno y aprobarla” el martes 12, declaró el diputado perredista Fernando Zárate Salgado.
Zárate reconoció que sólo existe controversia en dos supuestos: “Uno, el artículo 5, que amplía el amparo a particulares; y número dos, la eliminación de la suspensión específicamente en lo que toca a los concesionarios del artículo 27”.
De pronto las posiciones de algunos legisladores de izquierda coincidieron con los de la cúpula empresarial e, incluso, con las de Televisa.
“El que no tengan la suspensión significa, de entrada, que no pueden frenar el acto de autoridad hasta que el juicio se resuelva, varios meses o años después. La suspensión es una garantía de audiencia y para detener actos arbitrarios que se habían estado dando; ha habido abusos por parte de algunos operadores, pero ahora se ve que llegan con una posición muy fuerte los diputados priistas”, declaró Tejado a Radio Fórmula un día antes de la aprobación.
En paralelo el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, y algunos legisladores declararon que era necesario modificar el mecanismo de la suspensión porque varios concesionarios lo habían utilizado para “presionar” o “especular” con decisiones de la autoridad, para frenar licitaciones que abrieran la competencia o para sentarse a negociar con el gobierno desde una posición de fuerza.
Sólo en el último año la Cofetel enfrentó 450 acciones legales contra el proyecto de Televisión Digital Terrestre, de resoluciones y planes emitidos por el pleno. Uno de los casos más escandalosos fue en 2010, cuando Iusacell, de Ricardo Salinas Pliego, obtuvo una suspensión que le impidió a Nextel explotar los títulos de concesión derivados de la Licitación 21. La presión de Salinas Pliego rompió la sociedad Nextel-Televisa, forzó un acuerdo con la telefónica dirigida por Gustavo Cantú y derivó en la “megafusión” de Televisa-Iusacell anunciada en 2011.
Otro caso fue el amparo que interpuso Telcel contra el Plan Técnico de Interconexión de la Cofetel en 2009. La compañía logró la suspensión y el plan que permitiría disminuir las tarifas de interconexión se frenó.
La Suprema Corte de Justicia estableció desde junio de 2010 que no procedía la suspensión en un juicio de amparo cuando una empresa concesionaria de telecomunicaciones pretenda dejar sin efecto los actos de autoridad. La votación fue muy cerrada en ese momento: cinco votos contra seis de los 11 ministros integrantes de la Sala Superior.
La fractura de las bancadas
En medio de un intenso y público cabildeo de los grupos empresariales y los representantes de la “telebancada”, la Cámara de Diputados aprobó el martes 12, en lo general, con 360 votos a favor, 70 en contra y tres abstenciones el decreto que reforma, adiciona y deroga la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Fue la primera reforma a una ley con 76 años de antigüedad.
La discusión más fuerte se generó cuando discutían, en lo particular, el artículo 129. El panista Mario Sánchez, exdirigente del Consejo Coordinador Empresarial, propuso modificar el dictamen de comisiones. Argumentó que un cambio así “dejaría sin protección efectiva a concesionarios de bienes del dominio directo en todos los casos”.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, argumentó contra el dictamen pero advirtiendo que un cambio así no sólo afectaba a los “poderes fácticos” sino a las comunidades agrarias, indígenas y ejidos ante los actos de autoridad. “Se llevarán entre las patas también a las comunidades más pobres del país”, afirmó.
La votación sobre este punto fue muy cerrada: Hubo sólo 18 votos de diferencia, 235 contra la modificación propuesta por el panista Mario Sánchez, 218 a favor y dos abstenciones.
Las fracciones de los partidos se dividieron. La “telebancada” que apoyó la propuesta de Sánchez votó en bloque, incluso, contra la línea de sus coordinadores: Jorge Mendoza, del PRI y exdirectivo de TV Azteca, votó en sentido contrario a la mayoría tricolor; los siete legisladores del Verde más vinculados con Televisa y con empresas de telecomunicaciones también se sumaron, como el caso de Javier Orozco Gómez, Carla Padilla, Mónica García o Federico González Luna.
Los legisladores de la “telebancada” votaron en el mismo sentido que muchos de los diputados de izquierda. La bancada del PRD fue la más dividida: 29 a favor de eliminar la figura de la “suspensión”, 49 en contra; en el PT, cuatro en contra y nueve a favor; mientras que los 17 del Movimiento Ciudadano votaron en el mismo sentido que la “telebancada”, pero con argumentos diferentes.
La minuta de la Cámara de Diputados llegó al Senado el jueves 14. Las cúpulas empresariales suspendieron la aguerrida campaña que desataron en los medios electrónicos y la misma Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), organismo cúpula de los concesionarios, emitió un comunicado menos aguerrido que sus posiciones de dos días antes.
El presidente de la CIRT, Tristán Canales, directivo de TV Azteca, afirmó que la defensa de sus intereses se hará “sin confrontarnos con la autoridad. Es decir, fortaleciendo el diálogo y asumiendo una colaboración respetuosa con las instituciones del Estado”.
La minuta se turnó a la Comisión de Justicia y el líder de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón afirmó que iban a revisar las “ocho modificaciones que se hicieron” y evitó especular sobre si se harán cambios a lo aprobado en la Cámara de Diputados con una votación muy cerrada.
“Nadie nos va a presionar si es rápido o vamos a tardar”, afirmó Gamboa, identificado como uno de los legisladores más cercanos a los grupos mediáticos.
Por su parte el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Ernesto Cordero, también reiteró que no existen “plazos fatales”. “Estas cosas se tienen que estudiar, se tiene que analizar con mucha calma y el Senado de la República así lo ha hecho y lo seguirá haciendo”, reiteró.
Versiones de senadores de la Comisión de Justicia confiaron a Proceso que los cambios realizados en la Cámara de Diputados no se modificarán en el Senado, incluyendo el polémico tema de las suspensiones.
“Justos por pecadores”
La abogada Irene Levy, directora de Observatel e integrante del Consejo Consultivo de la Cofetel, y Jorge Álvarez Hoth, especialista en el sector y exsubsecretario de Comunicaciones, coincidieron en que en estos cambios “pagan justos por pecadores” porque si bien se detiene a los poderes fácticos también se le otorga un poder extralimitado al titular del Ejecutivo federal.
Por su parte, Salomón Padilla, abogado y vicepresidente de la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México, que agrupa a los cableros más pequeños, es pesimista: “Si todos dicen que el gobierno federal está dominado por los poderes fácticos, por qué le das más poder al gobierno. Finalmente acabará beneficiando a los poderes fácticos. A partir de ahora no habrá manera de parar a Televisa en ninguna licitación. Si querían promover la competencia, esta no es la manera”.
Levy consideró que “sí se van a tener efectos positivos en cuanto a que se evita que algunas empresas especulen o presionen a través de la suspensión. Sin embargo se corrige un problema pero se crean otros”.
Entre esos problemas Levy mencionó que aún no está claro qué sucederá si una empresa concesionara se ampara frente a una expropiación, no le dan la suspensión, no está claro cómo le van a restituir sus derechos o cómo va a indemnizarla el Estado.
“Le das demasiado poder al Ejecutivo federal porque ya no son ‘suspendibles’ sus actos de autoridad. En términos jurídicos existirá ahora una presunción de legitimidad en beneficio de la autoridad. Antes era en beneficio de los ciudadanos o los afectados”, señaló la especialista.
–¿Qué va a pasar entonces con las nuevas licitaciones?
–Hay que pedir decisiones más transparentes, consultas públicas y que la autoridad funde y motive su decisión. Esto hace más difíciles las licitaciones. Yo he recomendado en la Cofetel que sigamos los estándares internacionales en esta materia que recomiendan consultas públicas a los sectores involucrados.
–¿Cómo observa la reacción de los grupos mediáticos y de los empresarios?
–Es el primer round entre ellos y el gobierno federal.
Por su parte Álvarez Hoth considera que se trata de aplicar la “ley del péndulo”, ahora a favor del gobierno federal.
“Es una modificación trascendental de la relación de los poderes fácticos de cualquiera de estos sectores con el gobierno y el Estado mexicano, producto de una ley natural de la vida que se conoce como la ‘ley del péndulo’ y que simplemente señala que cuando las acciones se cargan demasiado de un lado, es inevitable que eventualmente se carguen demasiado del otro”, explicó.
En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el tema de los amparos y las suspensiones era “gravísimo” porque paralizaba a la autoridad en varios temas del sector, recordó.
A su vez Salomón Padilla considera que las diferencias surgidas antes de la aprobación de la ley son un “pleito arreglado” entre los grandes concesionarios y el gobierno federal.
“Imagínate si ahora se subasta la banda 2.5Ghz y el gobierno decide entregársela a Televisa. Ya no hay manera de parar esta decisión si la autoridad lo justifica como una medida de interés público. No habrá manera de parar o modificar una sola subasta”, explicó.
Para él “la jugada del PRI fue sensacional. Les hizo creer a algunos diputados que era el momento de parar a Televisa y a los poderes fácticos, cuando en realidad se van a poner de acuerdo, pero ahora con las reglas de la Presidencia de la República”.
