Ante el aumento de los crímenes contra sus integrantes, las comunidades nahuas de la Sierra de Manantlán se aprestan a crear grupos de autodefensa, ya que hasta ahora las policías municipal y estatal no les brindan protección ni resuelven los delitos. Para colmo, existen indicios de que tras los intentos del municipio por bloquear la organización de la vigilancia indígena están los intereses de la minera Peña Colorada.
CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN.- Mientras algunos pobladores del ejido Ayotitlán, en la sierra de Manantlán, en el sur de Jalisco, se oponen a la creación de una policía comunitaria sin armas, en esa zona indígena nahua no han cesado las amenazas, el saqueo de recursos y la violencia, ante la pasividad de las autoridades municipales y estatales.
Defensores de los derechos humanos aseguran que tras esa “inesperada” oposición se esconden los intereses de la minera Peña Colorada, que según los ejidatarios que se le oponen, teme que una policía de ese tipo estorbe “el despojo sistemático y clandestino” de los recursos locales que realiza desde hace años.
Tras la desaparición de varios miembros de la comunidad, robos, asesinatos y la presencia de hombres armados y con capuchas, el líder de la autoridad tradicional indígena, Gaudencio Mancilla, asegura que los cerca de 2 mil 500 pobladores ya no puede esperar más y van a defenderse “como sea”.
La asamblea comunitaria del pasado lunes 11 en este municipio dio un giro inesperado.
Los abogados y defensores de derechos humanos que han asesorado a la comunidad, como el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso estatal, el diputado Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, esperaban que los pobladores dieran un paso adelante para concretar el cuerpo de policía local. Incluso, Castañeda propuso a los cerca de 100 asistentes los lineamientos y características que podría tener este grupo, que sin armas se encargaría de “la vigilancia” de la zona y “la conciliación de delitos culposos no graves”, aunque no de la persecución ni enjuiciamiento de quienes comentan asesinatos o violaciones.
Pero un grupo nutrido de asistentes, incluidos algunos funcionarios municipales, se opusieron a ello con el argumento de que esto pondría en mayor riesgo a la gente. Además, acusaron al Consejo de Mayores de no tomar en cuenta sus opiniones.
“A estas alturas, para nuestras comunidades la policía no es necesaria porque los problemas que han sucedido anteriormente son de la competencia del Ministerio Público (…). Dicen que no estarían armados. ¿Entonces cómo van a enfrentar a los delincuentes? ¿Usted cree que si alguien de la comunidad se sabe que anda ‘echando dedo’ y señalando, no es el que va a desparecer primero?”, cuestionó el ejidatario Eusebio Jacobo.
Portando una camisa con el logotipo de Peña Colorada, Jacobo consideró que el tema del robo de minerales debe ser discutido sólo por los miembros del ejido y no “ante personas que no tienen competencia” en el asunto.
La reunión, que duró cerca de dos horas, se tornó ríspida pese a la mediación del diputado Castañeda. Otro ejidatario aseguró que la policía comunitaria pondría en riesgo a quienes formen parte de ella, porque se enfrentarían a verdaderos delincuentes y no sólo a los que roban en la comunidad.
El secretario del ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán, Esteban Arias, pidió al diputado Castañeda no dar por un hecho la creación de la policía, sino buscar otras alternativas porque “el municipio está tranquilo” y no suceden hechos tan graves como en otras zonas del país.
Estas posturas extrañaron a los abogados asesores y defensores de derechos humanos que conforman el comité técnico, pues fue la propia comunidad nahua la que el pasado 27 de noviembre solicitó a las autoridades mayor vigilancia en la sierra, tras el secuestro del activista indígena Celedonio Monroy Prudencio. Asimismo, los pobladores de esta región aprobaron discutir la normatividad de un grupo de vigilancia conformado por ellos.
El abogado del ITESO y miembro del comité técnico, Gerardo Ballesteros, consideró que el clima de inseguridad que vive la comunidad y la constante presencia de grupos armados hacen necesaria una policía comunitaria que vigile la zona y procese a los delincuentes conforme su usos y costumbres.
En opinión de Ballesteros, con la voluntad de los pobladores y los sustentos legales “hay condiciones para constituir este grupo” que esté al pendiente de quiénes entran y salen de la comunidad, pero que debe de estar conformado en consenso y no con imposición.
Para el coordinador de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, César Díaz, la asamblea no fue lo que esperaba el comité, pues a pesar de la buena convocatoria y la cooperación de las autoridades estatales, se notó la intención de la presidencia municipal de Cuautitlán por “reventar la sesión”.
“Es claro que los que se oponen están en la presidencia municipal, ellos deben de estar coludidos con el saqueo de material de la minera, y como se están beneficiando buscan que nadie les quite el monopolio y el control de la zona. El trato es que ellos no actúen y con eso le facilitan las cosas a Peña Colorada”, afirma.
Para Díaz es claro que han manipulado a algunos ejidatarios, pues tan sólo en la pasada asamblea de Ayotitlán, presidida por el comisario ejidal Abraham Isaac Chávez, se aprobaron tres contratos de explotación minera en la comunidad a cambio de 20 mil pesos para cada propietario. “Es extraño que el comisario haya estado en todas las reuniones anteriores en las que se tocó el tema y haya faltado a ésta, que era decisiva”, dice el coordinador de la UACI.
Los asistentes y el comité técnico acordaron que el 17 de marzo realizarán un foro de discusión para que los inconformes con la creación del grupo de autodefensa expongan sus motivos.
Estado fallido
Desde el día del secuestro de su esposo, en octubre pasado, Blanca Esthela González Larios recibe constantes amenazas de que correrá la misma suerte que Celedonio. El pasado domingo 10, un grupo de hombres armados y con capucha, a bordo de una camioneta sin placas, se apostó a la entrada de su comunidad.
“He recibido amenazas de que me van a levantar porque yo soy el estorbo, yo ya no me siento segura”, narró en la reunión realizada en Cuautitlán. Añadió que pese a las denuncias sobre la presencia de estos comandos, la policía municipal y estatal visita el ejido solamente “de entrada por salida”.
Muchos otros pobladores han recibido amenazas de muerte y han sido víctimas de robos por parte de grupos que aún no han sido identificados, y a los cuales la policía municipal, con sus 50 elementos y 20 patrullas, no han podido contener.
Para el líder del Consejo de Mayores, Gaudencio Mancilla (cuyo hermano Agustín fue secuestrado hace ocho meses), la inseguridad está desbordada, pues además sufren del saqueo de maderas y minerales por parte de gente armada y desconocida.
“La comunidad está sufriendo el robo, muertes que no se han aclarado, desapariciones, y ya no nos confiamos. Por eso queremos nuestra policía, para que la misma comunidad vigile”, dice al respecto.
Sin embargo, para el representante de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en esa asamblea, Francisco Solorio, la gravedad de la situación rebasa las atribuciones que se pretende otorgarle a la policía comunitaria, pues el poder de fuego de los grupos de la delincuencia organizada es superior incluso al de las corporaciones municipales y el área serrana es demasiado extensa.
“Meter una unidad arriba, en la sierra, y poner a elementos a enfrentar a un grupo armado con seis unidades es mandarlos a que los maten. Estos grupos tienen una capacidad que hay que buscar la manera de aplicarle una medida eficaz, y esto se puede lograr sólo en base a la coordinación con la policía estatal y el Ejército.”
Consultado al respecto, el diputado Clemente Castañeda aclara que la policía comunitaria no podría sustituir las labores de la municipal, sino hacer labores de prevención, de cohesión y cooperación social que necesita la comunidad.
“Sería irresponsable plantear que la comunidad haga frente a la delincuencia organizada y sea capaz de atender delitos de alto impacto, porque no lo puede hacer ni la municipal ni la estatal, que son insuficientes, y con trabajos lo hace el Ejército. Pero sí pretendemos que la autodefensa siembre la semilla de un mejor entendimiento para hacer frente a otro tipo de problemas.”
Pero las comunidades no pueden esperar más. Gaudencio Mancilla advierte que si no se aprueba la creación de un grupo de autodefensa, los pobladores tendrán que tomar otras medidas para “defender la naturaleza y garantizar su seguridad. Yo le pido al presidente municipal que nos den resultados, pero si no los da y no ven legal eso (la policía comunitaria), y revientan la comunidad, allá ellos, porque la comunidad tiene que defenderse”.
