En el Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada de Tlajomulco no se atiende adecuadamente a los pacientes por falta de recursos, pero también por negligencia, ya que el desabasto de medicamentos y la falta de personal pone en constante riesgo tanto a los enfermos como al personal médico. La situación llegó al extremo en enero, cuando un paciente falleció por causas que su familia interpreta como producto de la violencia.
“Mamá, llévame a la casa, te juro que tomo todo el medicamento; es que me quieren matar”, fueron las últimas palabras que escuchó María del Socorro Márquez de su hijo Israel Varela, quien el pasado 16 de enero fue asesinado por otro paciente en el hospital psiquiátrico de El Zapote, en el municipio de Tlajomulco.
María del Socorro tenía programada una visita a su hijo para el 18 de enero, pero el día anterior su esposo recibió una llamada de Víctor Hugo Ramírez Siordia, director del Centro de Atención Integral en Salud Mental (Caisame) Estancia Prolongada u Hospital Psiquiátrico, quien le informó que Israel, internado para atender su trastorno bipolar, había fallecido por un golpe al caer a raíz de un paro cardiaco.
La familia tomó la noticia con incredulidad. Pero confirmaron que el director mentía cuando leyeron en el certificado de defunción que Israel, de 30 años, murió por un golpe en la cabeza y estrangulamiento. Ramírez Siordia y sus colaboradores han buscado en los últimos días a los padres de Israel, pero ellos se han negado a tratar con él.
Empleados del hospital señalan que la falta de personal y de medicamentos provocaron el trágico suceso y temen que se registren otros. Para colmo, dicen, mediante un oficio Ramírez Siordia ordenó limitar la permanencia de los pacientes a un máximo de 40 días, a fin de recortar gastos. Les dijo que la orden provenía directamente del gobernador Emilio González, con el argumento de que cada paciente le cuesta a la institución 3 ml pesos diarios.
Consideran irónico que el gobernador, de mano fácil para allegarle recursos públicos a la Iglesia católica, a Televisa y a empresas privadas, y cuyo sexenio ha recibido alrededor de 74 mil millones de pesos adicionales (50% más de ingresos que administraciones anteriores), pretenda ahorrar en la atención de estos pacientes.
Por su parte, pese a que la ley laboral impide a los funcionarios desempeñar doble función en dependencias públicas, Ramírez Siordia trabaja al menos desde 2010 y hasta la fecha en tres lugares al mismo tiempo: dirige el Caisame Estancia Prolongada, es coordinador A en la Secretaría de Seguridad Pública y Readaptación Social, y es médico psiquiatra en la Unidad Asistencial para Indigentes (UAPI).
Oriundo del municipio de Etztlán, Israel Varela Márquez tenía un mes internado en el Caisame Estancia Prolongada. Los empleados afirman que “falleció por negligencia”, ya que en el momento que sufrió la supuesta agresión el hospital no contaba con los medicamentos ni con personal suficiente.
Las fuentes consultadas admiten que no es el primer paciente que muere en estas instalaciones, donde es difícil cuidarlos adecuadamente porque hay 256 de ellos, y cada enfermero debe atender en promedio a 17. Según la norma, deberían cuidar a un máximo de 10 pacientes.
La situación es aún más alarmante en el turno de la noche, ya que tan sólo dos enfermeros vigilan a 80 internados. Lo grave, apuntan, es que ese horario se está asignando a varias jóvenes estudiantes de psiquiatría, que corren peligro. Los fines de semana, en ese turno, ocurren la mayoría de los incidentes porque “muchos (empleados) van a dormir en lugar de trabajar”.
Poco antes del fallecimiento de Israel Varela, enfermeros del turno nocturno que vigilan el pabellón de pacientes crónicos tuvieron que contener a éstos a golpes, ante la falta de medicamentos como Valproato, Risperidona, Olanzapina, Quetiapina, Amisulprida y litio, relata un testigo de los hechos. “No hay ni en reservas”, comenta un médico.
El riesgo es mayor aún porque algunos pacientes llevan años en el área de urgencias, cuando deberían permanecer en la de Estancia Prolongada. Ejemplo de ello es Rafael Wilfrido Emmanuel García Madrigal, con más de 16 años en Estancia Breve, cuando su padecimiento –trastorno orgánico de personalidad– exige que se le atienda en Estancia Prolongada.
“Por consumo de drogas, Rafael cayó en psicosis; no controla sus impulsos y es violento. Ya ha atacado a otros pacientes y a personal médico. A algunos los dejó incapacitados para laborar, y aquí es poco el personal de por sí”, comenta un empleado. Otro añade que, a pesar de su 1.60 de estatura y su delgadez, Rafael “es muy fuerte por el exceso de Dropamina”.
Otro paciente que indebidamente permanece en urgencias es Álvaro Ríos López, de 45 años, quien padece de esquizofrenia. Fue llevado al hospital tras decapitar a su madre con un hacha. Según su expediente, fue dado de alta del antiguo Hospital Civil después de 15 días de internamiento y también fue atendido en el hospital San Juan de Dios.
Al personal médico del Caisame que lo entrevistó, Ríos López le dijo que un día antes de matar a su mamá, Angelina López Neri, quien sufría de Alzheimer, había afilado el hacha porque iba a matar a otras dos personas más, como le habían ordenado unas voces. Admitió que no se había tomado su medicamento.
“Hasta que no ocurra otra tragedia se van hacer bien las cosas”, lamenta uno de los médicos.
Ocultamiento
En la necropsia 142/2013, que se le practicó el 17 de enero en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a Israel Varela, se menciona que la causa de su muerte fue una “contusión difusa de cráneo coadyuvada por asfixia por estrangulación indirecta”. No obstante, el director de Caisame se comunicó a las 8:45 de la mañana a Etzatlán con el papá de Israel Varela para decirle que su hijo había muerto por un golpe que sufrió después de que le diera un paro cardíaco.
Los familiares de Israel fueron de inmediato al psiquiátrico para comprobar lo que había sucedido, pero de camino a Guadalajara, alrededor las 11 del día, recibieron otra llamada del hospital para informarles que el cadáver ya había sido trasladado al Servicio Médico Forense.
María Elena Varela, hermana de Israel, comenta a Proceso Jalisco vía telefónica que se enteraron de la verdad hasta que vieron el acta emitida por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Recuerda que en una visita que le hizo al paciente su mamá, María del Socorro Márquez, él le suplicó que lo sacara del hospital porque dos hombres lo querían matar. “Le dijo: ‘Mamá, llévame a la casa, te juro que tomo todo el medicamento; es que me quieren matar, me amenazaron”, cita María Elena.
La señora no pensó que fuera verdad. Ahora, dice su hija, “trae esa angustia. Ella no sabe qué significa estrangulamiento. Nos preguntó, pero no quisimos decirle”.
Agrega que su hermano Israel era tendido en Estancia Breve. “Tenía 15 días internado y nos dijeron ya no lo podían seguir atendiendo ahí porque no había espacio, por eso lo trasladaron a El Zapote”. Ahora la familia Varela Márquez pretende acudir a la Procuraduría General de Justicia del estado para saber si se abrió una averiguación previa por la muerte de Israel.
Por lo pronto, en el expediente de la autopsia se encuentra el acta de hechos 104/2013, firmada por el agente del Ministerio Público adscrito a Tlajomulco de Zúñiga, Gustavo Collazo Garza, quien se encargó de verificar el levantamiento del cuerpo.
Según el personal médico consultado por Proceso Jalisco, un paciente crónico llamado Lázaro es señalado como el agresor de Israel. Mide 1.60 y “está en el área temporal del Hospital Psiquiátrico, pero ya lleva al menos 20 años internado”, apuntan.
Por estas circunstancias, ellos creen que si se abriera un proceso administrativo para investigar la negligencia médica en que se incurrió en el fallecimiento de Israel Varela, tendría que sancionarse entre otros a la jefa de enfermeras, Anilú Quijas, y al director Ramírez Siordia.
Misión incumplida
Aunque en el Manual de Organización del Centro de Atención Integral de Salud Mental se indica que su misión es brindar “servicios de atención integral médico-psiquiátrica con calidad y seguridad a personas con trastorno mental severo”, no cumple ese compromiso, a decir de las fuentes consultadas.
A los pacientes que acuden a consulta externa, específicamente a los que están afiliados al Seguro Popular, no suele surtírseles la receta porque la farmacia, cuyo proveedor es Lomedic, nunca tiene los medicamentos.
Actualmente el hospital psiquiátrico busca conseguir una certificación por la buena calidad de su atención a los pacientes; con ese fin se repartió entre los médicos una guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. Pero ésta no se puede cumplir cabalmente, ya que recomienda aplicar medicamentos antipsicóticos atípicos que, según los médicos entrevistados, “no se tienen en el hospital, siendo de tercer nivel”.
Comentan que con la aplicación del Seguro Popular el número de pacientes y de consultas se incrementó, de modo que ahora a cada uno de los 10 psiquiatras les toca atender en promedio a 10 pacientes por día. “¿Cómo quieren que baje la tasa de suicidios?”, cuestiona uno de los especialistas.
De acuerdo con un boletín del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fechado el pasado 10 de octubre, en Jalisco alrededor de 1.1 millones de personas padecen algún trastorno mental. Y la monografía Perfil epidemiológico de la salud mental en México, de julio 2012, la Secretaría de Salud federal coloca a la entidad en el segundo lugar en prevalencias de depresión femenina, con 8.2%. En cuanto a la depresión en varones, la proporción también es alta: 5%.
Incluso el secretario estatal de Salud, Antonio Muñoz Serrano, durante el foro de salud mental que se realizó el 11 de junio de 2012 en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UdG, informó que en la entidad existen aproximadamente 70 mil pacientes con esquizofrenia y que el 16% de la población ha presentado ansiedad, medio millón padece el trastorno de angustia y cerca de 350 mil jaliscienses sufren depresión.
Ante tales cifras y el incremento de índices de suicidio, el pasado 27 de septiembre la exdiputada local panista Ana Bertha Guzmán Alatorre presentó un exhorto para que el Ejecutivo del estado, “a través de la Secretaría de Salud y el Instituto Jalisciense de Salud Mental, realice acciones inmediatas” para contener estos padecimientos. Para ello pidió que se incrementara sustancialmente el presupuesto de la dependencia, que en 2012 fue de 90.6 millones de pesos.
Al parecer el llamado tuvo eco, y para 2013 el Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), dirigido por Daniel Ojeda, cuenta con un presupuesto de casi 100 millones de pesos.
Mientras tanto, el personal del hospital psiquiátrico espera que el dinero se aproveche para mejorar las condiciones de trabajo y de atención a los usuarios, se contrate más personal y se normalice el abasto de medicamentos.
