De acuerdo con el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, Ricardo Homero Salas Torres, 30% de los policías que presentan su examen de confianza lo reprueban, por lo que en el estado suman ya más de 4 mil los cesados. Muchos se quejan de sus directivos, pues tienden a asociarlos con la delincuencia organizada, lo cual es falso, dicen. Especialistas en seguridad advierten: si las autoridades no hacen algo para frenar esa situación, algunos de los despedidos pueden convertirse en el ejército de reserva de las bandas criminales.
Postrado tras de una manta blanca con una leyenda en letras negras que expresa su protesta, el agente de seguridad Isidro Jesús Limón Rueda, despedido de la Policía de Zapopan, arrastra la frustración y la rabia desde hace varias semanas.
Lejos de resguardarse en el anonimato para no ser visto por sus superiores, Limón Rueda pide que Proceso Jalisco publicar su nombre y apellidos para denunciar de manera abierta lo que le pasa. De hecho es él quien busca al reportero para la entrevista.
Especializado en la atención a situaciones de alto riesgo –secuestro de rehenes y desactivación de explosivos–, Limón Rueda es uno de los más de los más de 380 agentes despedidos en ese municipio tras reprobar los exámenes de confianza que exige la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente desde 2008 a todas las corporaciones. En la entidad han sido despedidos ya 4 mil agentes.
Es probable, argumenta, que su cese esté relacionado con la enfermedad que desarrolló a causa del estrés y la tensión a la que fue sometido durante sus jornadas de servicio en los últimos tres años: la diabetes. Aclara que nadie le notificó su baja de manera oficial.
Y relata un pasaje de 2009, cuando, en medio de un enfrentamiento de diferentes cuerpos de seguridad con sicarios de Los Zetas en los límites de Magdalena y Tequila, se cayó de la patrulla en la cual viajaba y se rompió los ligamentos:
“Me desbarranqué dos veces. En uno de esos accidentes tuve rompimiento de tendones de mi mano derecha; después me dio diabetes. Tengo una trombosis severa en mi pierna izquierda. Me tocó estar en la primera línea de fuego en diferentes momentos de la lucha contra el crimen. Participé también en la destrucción de grandes plantíos de mariguana en 2010, así como en el combate a Los Zetas.”
El enfrentamiento del 9 de octubre de 2009 al que se refiere el entrevistado duró más de tres horas y en él participaron más de 250 uniformados de diferentes corporaciones, así como elementos del Ejército; todos ellos se enfrentaron a 30 zetas en el Cerro de Guevara.
El saldo: tres delincuentes muertos, dos heridos y nueve detenidos; también cayeron un soldado y un policía estatal y resultaron heridos varios agentes municipales.
Limón Rueda habla frente al Palacio Legislativo. Mientras se desarrolla la entrevista comienza a organizarse la segunda manifestación de policías frente a las puertas del Congreso local, ubicado en avenida Hidalgo 222.
Un comandante rompe la monotonía de la plaza de la Liberación al dirigirse a los policías congregados: “¡Que no decaiga ese ánimo!, compañeros. ¡Échenle ganas! Esto lo vamos a ganar”.
Limón Rueda llevaba trabajando 16 años en la corporación. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando relata sus desventuras y la forma en que éstas afectan a su familia. “Justo ahora siento cerca la muerte”, dice.
Traga saliva para que las palabras no se le atoren en la garganta. “Si me quitan el trabajo, ¿a dónde voy a ir a dar? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Quién me va a contratar? Yo le digo a usted con mucho dolor que tengo 51 años y no aguanto mucho estar de pie, estoy enfermo. Yo le di mis mejores años de vida a la corporación, me preparé para servir. Amo mi trabajo, también soy paramédico y no tengo ninguna liga con el crimen organizado; soy maratonista y ahora me pregunto qué va ser de mi familia”.
Talleres, diplomados y seminarios de especialización amparan su historial como elemento de la Dirección de Seguridad Publica y miembro del Escuadrón de Rescate y Operaciones Especiales (EROE) de Zapopan. Limón Rueda siempre tiene a la mano 32 reconocimientos por los cursos tomados y un altero de diplomas. Ahora, dice, no sirven de nada.
“Me preparé como técnico en explosivos; sé activarlos y desactivarlos. Me especialicé con el grupo SWAT (de armas especiales y tácticas) en técnicas avanzadas para rescate de rehenes en situaciones de alto riesgo en un diplomado impartido por la Policía Federal. El curso sobre explosivos, que tomé junto con otros compañeros, fue impartido por elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el antiguo grupo élite del Ejército”, destaca.
Despidos y deslindes
Los despidos no sólo afectan a policías de línea, varios mandos medios también han sido afectados. El segundo comandante de la policía de Zapopan, José Antonio López Martínez, se queja del secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, Ricardo Homero Salas Torres, quien asegura que “quienes no aprobamos y estamos dentro de las corporaciones tenemos ligas con la delincuencia organizada. Yo le digo: ‘Quien acusa, tiene la obligación de comprobar’.
“En lugar de estar haciendo señalamientos públicos, el señor debe sustentar sus dichos. Y si tiene esos elementos para sostener sus palabras, que acuda a presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Así debe ser, por ley.
“Si él puede comprobar que estoy ligado a la delincuencia organizada, que se presente ante la autoridad correspondiente. Si tengo problemas de drogadicción, que me lo comprueben y me den de baja inmediatamente; si no estoy apto para portar un arma o para disparar, yo mismo presentaré mi renuncia”.
López Martínez lleva 20 años de servicio. E insiste: “Si me dicen que psicológicamente no soy apto –después de grandes desveladas y de fuertes descargas de adrenalina que sufrí en el cumplimiento del deber y de participar activamente para proteger a la ciudadanía–, que me lo demuestren. Salas debe pensar lo que dice o renunciar, porque me está afectando a mí, pero sobre todo a mi familia. Eso se lo dejo a su conciencia”.
Los inconformes estudian la posibilidad de presentar una demanda por la vía penal contra Salas Torres por sus falsas acusaciones. Dicen al reportero que algunos compañeros fueron despedidos hace meses por no acudir a los exámenes de confianza. Si no acudieron, fue porque se decretó el código rojo después de los narcobloqueos registrados en 2012 en la zona metropolitana de Guadalajara; es decir, estaban acuartelados.
A su vez, Salas Torres rechaza ser “la mano ejecutora de los despidos”. Dice que 30% de los policías evaluados reprueban. Durante la primera quincena de enero, expone, al menos 12 mil de los 18 mil agentes de la entidad presentaron sus exámenes; 70% resultaron aptos para el servicio, el resto reprobaron.
“Estamos por debajo de la media nacional, que ronda el 50% de reprobados, aunque existen estados donde el nivel de no aptos es superior al 80%”.
El funcionario rechaza que el Consejo de Seguridad Pública sea el órgano encargado de determinar qué policías deben ser despedidos. El Centro de Control –que depende de ese organismo–, dice, sólo aplica las cinco pruebas que conforman el examen de confianza: polígrafo, sicológica, económica social, antidoping.
Los resultados se entregan a corporaciones a las que están adscritos los uniformados, sostiene Salas Torres, y reitera que el cese de elementos está en manos de las comisiones de Honor y Justicia de la cada corporación.
Según el registro del Centro Nacional de Control, en el estado hay 24 mil elementos policiacos, así como 6 mil personas cuyas actividades no están relacionadas con la seguridad; entre ellos hay bomberos, agentes de protección civil, integrantes de las bandas de guerra y músicos.
De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente desde 2008, el 2 de enero de 2013 todas las corporaciones policiacas del país debieron estar evaluadas al 100%.
En el caso de Jalisco, ante la imposibilidad de atender la demanda, los directivos de las dependencias de seguridad pidieron una prórroga de 10 meses, aunque Salas Torres asegura que la aplicación de los exámenes concluirá en marzo.
Lluvia de amparos
Xóchitl Fernández, con 25 años de experiencia en manejo de armas, control del miedo para confrontar a delincuentes, primeros auxilios y más recientemente policía montada en Zapopan, fue cesada recientemente. Ganaba alrededor de 9 mil pesos quincenales.
“Yo soy madre y padre para mi muchacho –Víctor Güitrón Fernández, de 14 años– y no soy ninguna delincuente”, dice a Proceso Jalisco.
El adolescente cursa el tercer grado de secundaria y acompañó a Xóchitl en la protesta del viernes 11 frente al Congreso. Aprovecha la entrevista para defenderla:
“Despidieron a mi mamá y estamos a punto de perder la casa, no sabemos a dónde vamos ir a vivir. Tenemos problemas para continuar con mi educación; pero mi madre es una policía honesta. Yo quiero que me digan por qué la corrieron”.
Víctor empuña una pancarta con una leyenda en la que expone que su madre no es delincuente.
“Ellos dicen que los cesados son los que salieron mal librados de las pruebas de confianza o porque están ligados al crimen; no es cierto. Yo pregunto: ¿A qué se refieren con eso del examen de confianza? La confianza la entregamos nosotros, cada mañana, cuando nuestros familiares salen de casa y no sabemos si volverán con vida.
“Que vean las autoridades el tipo de armas que traen los policías como mi mamá. Los chalecos antibalas o sus armas no son de los mejores, tampoco los vehículos. Nada de eso se puede comparar con lo que usan los delincuentes. (Los jefes policiacos) no comprenden que nosotros somos los que a diario les prestamos a nuestros padres y tenemos la confianza de que regresen con vida”, dice Víctor.
–¿Qué pasa por tu cabeza ahora que hay tantos ataques a los policías y que a muchos se les acusa de estar coludidos con el hampa? –pregunta el reportero.
–Yo, como hijo único, sé que mi madre es honesta y así me ha enseñado a ser. Siempre espero que vuelva con bien. Hay muchos hijos que recriminan a sus padres porque llegan tarde del trabajo. Yo, por el contrario, cuando la veo llegar doy gracias a Dios por regresarla con vida. Creo que a mi madre la corrieron de manera injusta. Para mí, ella es una heroína, no una delincuente”.
Para Cuauhtémoc Peña Cortés, líder de la Federación General de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, las autoridades deben cambiar su estrategia de evaluación y ofrecer un plan para saber qué hacer con los elementos que, sin ser delincuentes, han sido dados de baja.
Existe el riesgo de que con los ceses las autoridades estén conformando el ejército de reserva de la delincuencia organizada, asegura Peña Cortés. Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, coincide con él; también sugiere suspender la aplicación de los exámenes y replantear la evaluación.
Peña Cortés denuncia: “Hay policías incapacitados para reincorporarse plenamente a su servicio después de que vivieron un accidente de servicio y que tampoco los quieren jubilar; que viven enfermos y sólo los ponen a cuidar edificios públicos porque, según su nombramiento, son ‘personal operativo’. Eso no es justo”.
Uno de los comandantes cesados, quien pide omitir su nombre, asegura que el despido masivo de policías no implica forzosamente la conformación de un grupo de reserva que buscaría estar al servicio de los delincuentes:
“El asunto no es así de radical. Creo que en el fondo cada quien responde por sus actos, aunque sí es importante que las autoridades valoren el tipo de personal que están dejando en la calle. Se trata de servidores especializados en el uso de armas, manejo de situaciones peligrosas, rescate de rehenes y manejo de explosivos. Tenemos capacitación para controlar situaciones de miedo y para confrontar a los adversarios.
“El personal que avientan a la calle está capacitado en defensa personal, técnicas y tácticas operativas para enfrentar a los delincuentes, confrontación de situaciones de crisis (con o sin rehenes), manejo de armas cortas y fusiles de asalto, tipo ráfaga y muchos de los que fueron despedidos son mandos intermedios o fueron policías con jerarquía que tienen el poder de convocar a su gente para mostrar su inconformidad o para organizarse y defender sus derechos”.
Asegura que él y otros policías afectados preparan su defensa jurídica. El propósito, dice, es defender sus plazas ganadas a pulso: “Igual que lo hicieron los integrantes del Barzón y de otros movimientos sociales, demostraremos la inconstitucionalidad de la nueva ley; sabemos que no puede aplicar con efectos retroactivos. Nosotros ya estábamos contratados cuando se aprobó esa nueva ordenanza”.
En resumen, Zapopan tiene 380 despedidos, entre ellos varios comandantes y las labores de vigilancia en varios sectores de la exvilla maicera se hacen con cinco patrullas, lo que deja en una situación de absoluta vulnerabilidad el reglón de la seguridad pública, según la información proporcionada por personal operativo de esa corporación a Proceso Jalisco.
En Guadalajara son alrededor de 200 los policías afectados, 10 de los cuales se ampararon para continuar en sus labores; en Tlajomulco, 35% de los gendarmes reprobaron el examen; en Tlaquepaque los mismos jefes policiacos se quejan de que entre los no aprobados hay mucha gente honesta, y en Tonalá y El Salto sumaban 60 los elementos cesados hasta la semana pasada.
En Guadalajara, el jefe de la policía municipal, Carlos Mercado, admite que hay problemas para dar de baja al personal señalado, mientras que en el Congreso el coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro, pide replantear ese examen.
Ante la serie de quejas por esos despidos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió medidas cautelares para solicitar el pleno respeto a la integridad de los agentes que acuden a realizar sus exámenes de confianza y evitar vejaciones, admitió el ómbudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
