De Óscar González G.
Señor director:
Por este medio, lo saludo y le pido se sirva tomar nota de las omisiones que encontramos en el artículo firmado por Alejandra Guillén en Proceso Jalisco 422, del pasado 9 de diciembre, con el título: “Queremos ser los guardianes de Manantlán”.
1.Como Alejandra lo supo durante la gira del pasado 27 de noviembre que realizamos al municipio de Cuautitlán, en la Costa Sur de Jalisco, para investigar la situación del activista nahua y licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Colima: Celedonio Monroy Prudencio, secuestrado con lujo de violencia de su casa en Loma Colorada, ejido y comunidad indígena de Ayotitlán, corazón de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán (RBSM), en la visita no solamente participaron dos diputados, el alcalde de Cuautitlán y la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, sino también los representantes legales de dos Organismos de la Sociedad Civil (OSC) comprometidos desde hace años con la defensa de los derechos humanos, que denunciamos los deberes incumplidos por el Estado mexicano en la RBSM y los territorios en litigio con Colima: Arcadia Lara González, del Centro de Derechos Humanos “Coordinadora 28 de Mayo”, y el suscrito, Óscar González Garí, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C. A nosotros nos acompañó el activista Efraín Franco Jáuregui, del Grupo Ecologista Alteño, A.C.
2.Sin embargo, nos asombra que en su artículo este dato fue dejado de lado por la reportera Guillén, restándole objetividad y seriedad, dado que –como es sabido– en la defensa de los derechos humanos no solamente participan las autoridades federales, estatales y locales, sino las OSC legalmente constituidas. En este caso, los activistas de las OSC fuimos invitados por el diputado presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas, Clemente Castañeda, quien aunque fue desairado por cuatro de los cinco legisladores de la Comisión Especial integrada en la semana previa a la visita a la Casa del Consejo de Mayores de Ayotitlán (CMA), en Tiroma, no lo fue por nosotros, que dejamos labores en Guadalajara para acompañarlo durante el viaje de ida y vuelta (12 horas), así como durante la estancia en Tiroma (3.5 horas).
3.Durante la entrevista, los activistas manifestamos nuestra solidaridad a la familia de Celedonio Monroy e hicimos diversas aportaciones para el esclarecimiento del secuestro, como viene a ser la incidencia criminal de la Minería de Tajo a cielo abierto en la mayoría de los poblados nahuas (15) del Ejido Ayotitlán que conforman la Cuenca Alta del Río Marabasco, límite natural entre Colima y Jalisco, donde están dos grandes minas de hierro que acaparan el agua, que han vuelto al territorio un basurero de desechos y que generan múltiples procesos de explotación, de contaminación y ecocidio, sin faltar los homicidios, donde las víctimas han sido indígenas jaliscienses.
A manera de ejemplo, en Tiroma hablamos del reciente desplome de las tres cortinas de retención de desechos tóxicos que la Minera Peña Colorada levantó en el primer semestre del 2012, y que colapsaron el pasado 23 de septiembre, provocando dos grandes aludes de lodos, rocas y desechos, que destruyeron el único manantial del Mameyito (18 familias), gran parte de los sembradíos y chozas del rancho Puertecito de Las Parotas (cinco), causando severos destrozos a su paso, antes de parar en el cauce del Marabasco, sin que ninguna autoridad ambiental haya sancionado los siniestros causados por la negligencia humana.
4.Hablamos también en Tiroma de la existencia de una modalidad de apartheid a la mexicana que prevalece ahí con diversas expresiones. Asombrosamente, de nada de eso habló Guillén en su artículo, quien apostó por la hipótesis de la venganza de los talamontes contra Celedonio. Hizo exactamente lo que querían lograr en la opinión pública los mineros de la zona de segregación: distraer a las autoridades de los siniestros acaecidos un mes antes del secuestro de Celedonio. Su secuestro, al igual que los siniestros, forman parte de una situación estructural e histórica, de la que son inseparables. No debemos olvidar tampoco que este es otro de los muchos casos en el que el control de los territorios está en manos del crimen organizado, con el que los talamontes y mineros tienen una añeja y estrecha relación. Las autoridades han perdido la fuerza para asegurar a los ciudadanos una convivencia pacífica.
5.Finalmente, denunciamos la suscripción de Contratos de Ocupación Temporal que el Comisariado de Ayotitlán firmó, con la asesoría de UACI-UdeG, el 22 de julio de 2012, entregándole a Peña Colorada una enorme superficie de su dotación: 801-87-93 hectáreas de “tierras de agostadero”, para que la minera pueda ampliar sus tiraderos de desechos y el territorio colimense; claro, todo a cambio de la suma anual de 18 mil pesos por hectárea, pero sin la anuencia de los ejidatarios y comuneros de los poblados nahuas de Mameyito, Las Parotas y Potros. ¿Cómo se promueve –por una parte– la defensa de los derechos del ejido, y se conculcan –por otra– los derechos humanos de los habitantes de la superficie cedida a una mina con una larga trayectoria ecocida y etnocida? Es algo incomprensible para nosotros.
6.A nuestro retorno a Guadalajara, entregamos a los diputados un informe denominado Pronunciamiento de las OSC de Derechos Humanos de Jalisco sobre la Situación del Nahua Desaparecido Celedonio Monroy Prudencio en el Territorio en Litigio entre Colima y Jalisco (7 diciembre de 2012), en el que damos cuenta de la gira, de la entrevista sostenida en Tiroma y de los aportes de las OSC que nos sumamos solidariamente a la búsqueda de este hermano nuestro, por desgracia todavía desaparecido.
Atentamente
Licenciado Óscar González G.
Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C.
Respuesta de la reportera
Señor director:
Respecto a las observaciones del señor Óscar González Gari, es preciso señalar que el texto de referencia no se proponía hacer una descripción de todo lo ocurrido ni una transcripción de todo lo dicho, sino dar forma a un reportaje que, por su propia naturaleza, presenta la información más relevante conforme al objetivo del mismo.
En este caso, el objetivo era mostrar la visión del Consejo de Mayores del ejido de Ayotitlán en torno a la desaparición de Celedonio Monroy, así como reproducir las partes sustanciales del relato de la esposa del nahua al que secuestró un grupo armado.
Se menciona allí a dos diputados y a la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, ya que fueron quienes organizaron la reunión referida, en tanto que las aportaciones a las que se refiere el señor González Gari no representaban información novedosa para este reportaje, pues se han abordado en otros textos periodísticos.
Atentamente
Alejandra Guillén
