BERLÍN.- En noviembre de 2010 una delegación de integrantes del gabinete de seguridad de México se reunió en esta capital con parlamentarios y funcionarios del gobierno de Angela Merkel, a quienes los mexicanos propusieron un acuerdo de cooperación en materia de seguridad.
Un mes después el gobierno mexicano presentó por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores un primer borrador. A principios de 2011 la parte alemana hizo una contrapropuesta.
El objetivo del acuerdo: “Mejorar el trabajo conjunto entre los dos países en la lucha, prevención y solución de delitos serios del crimen organizado, especialmente en las áreas de tráfico de drogas, tráfico de migrantes y terrorismo”, consigna una respuesta que el gobierno alemán dio a diputados del grupo parlamentario Die Linke (La Izquierda), quienes a finales del año pasado le pidieron información sobre el tema.
El documento de respuesta a los parlamentarios estipula que con la eventual firma del convenio, el gobierno alemán se propone “respaldar y apoyar a México en su lucha contra el crimen organizado, así como aumentar la seguridad interna de ambos países”.
El eventual acuerdo establece que Alemania apoyaría a México en la formación profesional de policías con el fin de “construir estructuras jurídico-estatales en el área de la seguridad pública y el orden, así como fomentar el establecimiento de condiciones democráticas”.
Propuesta cambiada
Al responder al Parlamento, el Ejecutivo alemán aclaró en ese momento (finales del año pasado) que las negociaciones estaban detenidas.
Pero en octubre pasado el gobierno de Felipe Calderón las reactivó, y para sorpresa de los alemanes presentó una nueva propuesta. Así lo confirmó el jefe de la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio del Interior de Alemania, Sven Berger, durante su participación en la conferencia México, ¿estado de derecho?, el 30 de noviembre en esta ciudad.
“La iniciativa para firmar el acuerdo vino en 2010 por la parte mexicana, que envió un proyecto de tratado. Las negociaciones comenzaron por ambos lados y nosotros enviamos una contrapropuesta en 2011, pero el gobierno mexicano no reaccionó, sino hasta octubre pasado, luego de las elecciones presidenciales. Nosotros hubiéramos esperado que esa reacción viniera más tarde, una vez comenzada la nueva administración, pero no fue así”, reveló.
Indicó además que la dependencia que lleva las negociaciones del lado mexicano no es la Secretaría de Gobernación, sino la Procuraduría General de la República.
“El tratado de seguridad que negociamos con México es como el que firmamos con muchos otros Estados que tienen problemas. Pero este caso en especial ha despertado mucha atención. Ninguna otra firma de este tipo de tratados había tenido tanta atención de la opinión pública (tanto alemana como mexicana)”, comentó ante el auditorio.
En el caso de México, el acuerdo se refiere sobre todo “al intercambio de información sobre delincuentes, redes delincuenciales, organizaciones terroristas, escenas del crimen, hora del crimen, infracción de la norma y medidas acordadas, así como una operativa colaboración conjunta que lleve, eventualmente, apoyo personal o material por parte de Alemania”, detalló la organización civil Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (CADHM).
Fuentes consultadas por este semanario señalan que se trata de acuerdos que se adoptan de manera muy general respecto a determinados puntos y que al operar pueden centrarse en temas muy específicos, como capacitación en derechos humanos para los cuerpos policiacos, instrucción en prevención de la corrupción, formación profesional en el área de investigación y solución de casos en donde México tiene una gran carencia y Alemania, en cambio, goza de una tradición de análisis y recolección de pruebas.
Berger explicó que los límites de la cooperación entre México y Alemania establecidos en el proyecto de acuerdo están regulados por las leyes de cada Estado.
Detalló la forma de operación: Una vez firmado el acuerdo por los dos gobiernos, el Parlamento alemán lo tiene que ratificar. Ya en operación, el gobierno mexicano tendría que utilizar los canales diplomáticos para hacer las solicitudes concretas de apoyo. Por esta vía el Departamento Federal contra la Criminalidad, del Ministerio del Interior, analizaría y resolvería la petición.
Berger rechazó que mediante el acuerdo México busque apoyo financiero o armas. “México no es un país en desarrollo. No requiere de nosotros ni dinero ni armas. Lo que necesita es el know how, y lo que eventualmente nosotros podemos ofrecer es la experiencia de cómo funciona exitosamente una policía civil apegada a la legalidad dentro de un estado de derecho”, dijo.
México implica riesgo
El interés de Alemania en un pacto de este tipo con México lo explicó el gobierno de Merkel en la respuesta que hace un año envió a los diputados de Die Linke:
“Debido a su situación geográfica, México tiene una interdependencia económica con los Estados Unidos de América y representa hoy un papel estratégico dentro del comercio de droga internacional debido a su apertura económica hacia Europa. Los cárteles mexicanos han desbancado a las organizaciones colombianas en el transporte y venta de droga en Norteamérica. Por ello no se descarta que los cárteles mexicanos vean en Europa un potencial mercado.
“Si bien México, como país de tránsito de droga, no representa en este momento un gran problema para Europa, existen ya advertencias aisladas de actividades de cárteles mexicanos en Europa, que se refieren, en primera instancia, a actividades de contrabando sobre todo hacia España e Italia. Dentro de Europa, Alemania sigue siendo un país de tránsito en el tráfico de cocaína procedente de México. En ese sentido, podrían ser asegurados distintos cargamentos en aeropuertos alemanes.”
La CADHM alertó sobre los riesgos: “La coordinación teme que este acuerdo, basado en un diseño elaborado en diciembre de 2010 por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, sea en realidad una herramienta usada por el gobierno mexicano para dotar de legitimidad a la lucha contra el narcotráfico y para presentar a México como un verdadero estado de derecho.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán conoce y reconoce los tremendos problemas de derechos humanos en los que están involucradas las fuerzas de seguridad mexicanas. Sin embargo se deja llevar por una doble estrategia que sigue el gobierno federal mexicano, que se basa, por un lado, en la admisión del estado actual de violaciones a los derechos humanos por parte de policías y militares, y, por otro lado, de garantías verbales en el sentido de que se trabaja por encontrar un mejoramiento de la situación”, señaló en un posicionamiento público dirigido al gobierno alemán.
Ante el nuevo gobierno la CADHM plantea: “Tiene que haber un compromiso del nuevo gobierno (…) y no sólo eso, sino pasos y avances serios en materia de derechos humanos antes de negociar un acuerdo, que además pretende ‘capacitar’ a los cuerpos policiales que reprimen y violan esos derechos”, asegura a Proceso la coordinadora de la red, Carola Hausotter.
En opinión de la CADHM, el gobierno alemán tendría que atender cuatro puntos concretos en la negociación del acuerdo: ceñirse a la cláusula referente a los derechos humanos que estipula la Unión Europea en su tratado comercial con México, “extraterritorializar” las directrices europeas de protección a los defensores de derechos humanos, dotar de recursos para impulsar el funcionamiento de “proyectos alternativos de seguridad” y establecer públicamente sus prioridades concretas en el tema de derechos humanos en México y comprobar su cumplimiento.
