Hace medio año estalló el escándalo de los funcionarios tabasqueños del sector salud que despilfarraban el dinero público en los casinos de Las Vegas. Pero ese fue apenas un atisbo del cochinero en el que se había convertido el gobierno tabasqueño del priista Andrés Granier. El próximo 1 de enero Arturo Núñez Jiménez tomará posesión como gobernador y se enfrentará a una administración corrompida hasta la médula y endeudada hasta niveles difíciles de manejar.
El escándalo estalló el pasado junio. Mientras el sector salud de Tabasco estaba en crisis, los medicamentos escaseaban y el equipo hospitalario se caía a pedazos, sus directivos se paseaban en Las Vegas y dilapidaban cientos de miles de pesos en las mesas de juego.
Ahora, en vísperas del cambio de administración, el gobernador priista Andrés Granier deja un hoyo de mil 200 millones de pesos asignados a este sector y que fueron saqueados de programas vitales para los tabasqueños.
Pero éste no será el único problema que tendrá que afrontar y resolver el próximo gobernador, el perredista Arturo Núñez Jiménez, quien tomará posesión el próximo 1 de enero.
Encontrará en situación crítica la seguridad, la educación y el transporte, además de una abultada deuda pública que le heredará Andrés Granier.
Por ejemplo, mientras Tabasco ocupa el segundo lugar nacional en presupuesto per cápita para seguridad –detrás del Distrito Federal– en los últimos dos años todos los delitos se han disparado en la entidad: el secuestro creció 178% y los robos y homicidios, 50%.
El tema de la deuda pública es preocupante. Mientras en 2006 el gobernador Manuel Andrade la dejó en unos 450 millones de pesos, seis años después Granier la puso en más del mil 800 millones, según datos oficiales. Pero este monto sube hasta 4 mil 500 millones si se toman en cuenta los financiamientos de corto plazo y otros pasivos, como los de la seguridad social.
La pobreza es otra herencia de Granier. Además de haber recortado hace dos años los programas sociales de ayuda a adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad, el reporte más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que 57.2% de la población tabasqueña está en situación de pobreza; en 2008 ese indicador era de 53.8%. Es decir: 112 mil nuevos pobres en cuatro años.
Otro dato: De acuerdo con el Coneval 700 mil tabasqueños padecen hambre, ya que a 33.3% de la población no le alcanzan sus ingresos para una canasta alimentaria básica.
Aunado a esto, en el reporte de mayo pasado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Tabasco está entre los 10 estados con mayor desempleo con una tasa de 5.79%, apenas por arriba de Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.
La herencia de Granier va más allá de los indicadores sociales. Documentos oficiales –de los que Proceso tiene copias– prueban la gran corrupción que campea en la mayor parte de la estructura de gobierno y afecta programas básicos de salud, educación, seguridad y transporte, cuyos responsables han desviado recursos millonarios.
De fraudes y desfalcos
A principios de año los diputados perredistas Rafael Elías Sánchez y Juan José Peralta Fócil presentaron una denuncia ante la procuraduría estatal por presunto desvío de 175 millones de pesos contra el exsecretario de Salud Luis Felipe Graham Zapata, quien solventó una serie de irregularidades quitándole dinero a 19 programas y a los hospitales de Salud Mental, infantil Rodolfo Nieto Padrón, de alta especialidad Juan Graham Casasús, al Gustavo Rovirosa Pérez y al de la Mujer.
Con estas medidas –aprobadas por las secretarías de Finanzas y de Planeación– la dependencia logró recuperar 96 millones de pesos pero quedaron sin solventar 78 millones. Graham Zapata fue acusado de ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones, peculado y tráfico de influencias.
El pasado junio el periódico tabasqueño La Verdad del Sureste publicó una foto que causó revuelo en la entidad. Adalberto Vázquez, administrador de la Secretaría de Salud, aparecía con otro grupo de tabasqueños en el centro nocturno Pure del hotel Cesar’s Palace en Las Vegas, del que es visitante frecuente.
En la nota se decía que mientras en los hospitales del sector salud se carecía de medicamentos y equipos para atender a los tabasqueños, Vázquez “se da la gran vida con parrandas de varios días en los hoteles más lujosos de Las Vegas”.
El martes 4 Vázquez fue suspendido provisionalmente por la Contraloría estatal por “no presentar en tiempo y forma estados financieros como lo marca la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental”.
Pero detrás de esta suspensión viene una investigación acerca de mil 200 millones de pesos de recursos federales no ejercidos de 2007 a la fecha que no fueron devueltos y sobre los que –según informes oficiales– se analiza “una posible desviación”.
En los documentos que se tienen a la mano se advierte que para cubrir una parte de este monto rezagado y que nunca se regresó a la federación durante los 15 días siguientes de cada ejercicio fiscal –como marca la ley–, el pasado 27 de agosto Vázquez solicitó al Comité de Financiamiento del gobierno estatal una ampliación de los recursos por 750 millones de pesos para el pago de pasivos, indemnizaciones y liquidaciones y a proveedores.
Además de Vázquez Gómez también estarían implicados Graham Zapata –quien en 2011 renunció a la Secretaría de Salud de Tabasco para buscar la candidatura gubernamental– y los secretarios de Administración y Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda y el de Planeación, Gustavo Jasso Gutiérrez, quienes autorizaron las solicitudes de ampliación de presupuesto. También, por encubrimiento, el actual titular de Salud, Carlos M. de la Cruz Alcudia.
Según la documentación del gobierno estatal difícilmente se podrán ejercer los 750 millones de pesos que ya fueron aprobados, pues la entrega-recepción del gobierno de Granier acaba en octubre y en 40 días “física y legalmente es imposible realizar invitaciones, licitaciones, concursos, y contrataciones para poder ejercer estas partidas, de acuerdo con la legislación vigente”.
Administración podrida
Pero no sólo el sector salud tabasqueño tiene problemas. También los tiene el de la educación.
El pasado 19 de septiembre la titular de la Secretaría de Educación, Deyanira Camacho Javier, envió a Granier un reporte sobre la grave situación financiera de la dependencia estatal.
Señala que a pesar de que recibió este año por parte de la federación mil 216 millones de pesos, la mala calendarización y aplicación de recursos y la ineficiente operatividad de la extitular Beatriz Luque Green y del administrador de la entidad, Mario Carrillo Díaz, la Secretaría se declara en bancarrota con un déficit presupuestal y financiero de 223 millones de pesos (sin contar impuestos) y un adeudo en Impuesto Sobre la Renta a los trabajadores federalizados por 473 millones de pesos.
“Adicionalmente se debe considerar el pago, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2012, correspondientes a las prestaciones comprendidas en ese lapso, así como otros gastos relacionados con la operación de los servicios educativos, cuyas acciones representarán una erogación de 736 millones 254 mil 903.60 pesos, incluyendo el déficit observado en el periodo comprendido entre enero y el 30 de septiembre de 2012”, indica el reporte.
En 2008 se descubrió que Luque, la anterior titular de Educación, ejercía funciones y firmaba documentos oficiales sin tener título profesional. Esto significa que usurpó un cargo público únicamente por ser allegada a Granier y su familia.
Arturo Núñez tendrá que revolver otro problema grave en la entidad: La corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se venden placas, permisos y concesiones para taxis y transporte colectivo y se tiene documentado en videos el robo directo de dinero de las urnas receptoras de los autobuses subvencionados por el estado por parte del subsecretario Óscar Conde, descubierto llenando bolsas con dinero que ya se había contado del TransBus.
De acuerdo con reportes internos del gobierno de Tabasco la corrupción en el área de transporte alcanza todos los niveles. Por ejemplo los inspectores hacen operativos de supervisión a los colectivos y taxis de Villahermosa y les cobran a los conductores cuotas de 30 a 50 pesos.
“Dentro de las oficinas todos los trámites se han transformado en una cadena de corrupción permitida por los jefes ya que ellos también se ven beneficiados. Uno de ellos es que al entregar un documento o trámite que ya se ha iniciado y siga su curso, es obligación de darle dinero a la persona que atiende el asunto correspondiente. (…)
“En esta dependencia se encuentra la presencia de la comadre del gobernador Granier, la señora Mirna Ocaña Martínez, ya que la licenciada Verónica Cortez, titular de la Unidad de Relaciones Públicas, es su hija y por lógica cuenta con todos los beneficios por se la madre de la titular antes mencionada”, indica uno de los documentos.
Dinero desaparecido
Hay otro hoyo negro: No se sabe dónde están grandes cantidades de dinero que se registraron en el presupuesto aprobado pero que desaparecieron en el camino.
El pasado 27 de agosto, en una nota informativa el ingeniero José Francisco Vega Celorio, director general de la Junta Estatal de Caminos, solicitó al secretario de Administración y Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda, y al de la Contraloría, Roger S. Pérez, suprimir “con alguna fecha desde el 2010” la existencia de la Planta de Emulsiones Asfálticas que había dejado de funcionar desde ese año pero que en el presupuesto de 2011 aparecía con un gasto de operación de 8 millones 865 mil 314 pesos.
Esta planta –obsequiada en 1995 por Pemex al gobierno de Tabasco para la producción de asfalto para las carreteras– había sido reportada por la Secretaría de la Función Pública por algunas irregularidades, como la venta de emulsión asfáltica para su mantenimiento, tras el abandono de la administración estatal, mediante doble facturación. Entre 2007 y 2008 se realizaron varias auditorías y el director de la planta, Enrique Escalante, fue descubierto en esas irregularidades y sancionado con seis meses sin goce de sueldo.
Otra irregularidad está en el patrimonio de muebles e inmuebles del gobierno estatal. Al cabo de las auditorías realizadas a mediados de este año se ubicó que seis dependencias presentaron un mínimo de mil bienes registrados en la Secretaría de Administración y Fianzas “pero que no se encuentran registrados en las propias dependencias y viceversa”.
Señala el reporte: “Así también, existen bienes adquiridos y no contabilizados por las dependencias y no reportados a patrimonio del Estado a cargo de la Secretaría de Administración y Fianzas. Bienes en buen estado valuados en cero pesos y que no han cumplido con la normatividad que indica que todo bien debe ser valuado por peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Bienes duplicados en la Contabilidad de las Dependencias y/o en el padrón de Finanzas. Bienes adquiridos por las Dependencias que no cuentan con su factura correspondiente o que se le asignó un valor de un peso o cero pesos.”
Otra irregularidad está en el programa social estrella del gobierno de Granier, Te Da Más, dedicado a las personas con discapacidad, madres solteras y personas de la tercera edad que fue suspendido en 2010 tras tres años de funcionamiento.
Desde 2007 el programa no tuvo una administración sana. Según la auditoría DGAGP/AEX/31/2008 el programa reportaba una cantidad inferior de beneficiarios respecto a la relación de pagos proporcionada por la Secretaría de Finanzas. Había beneficiarios no localizables por ausencia de datos generales y beneficiarios fallecidos que seguían recibiendo dinero.
Por ejemplo en 2010 la Coordinación General de Desarrollo Social reportó en el municipio de Centro a 33 mil 960 beneficiarios y la relación proporcionada por la Secretaría de Finanzas dio a 34 mil 299. Es decir que había una diferencia de 339 beneficiarios que equivalía a siete millones de pesos que “no se sabe” a quién se le pagaron.
Finalmente se tienen detectadas obras públicas inconclusas en 14 proyectos revisados, que tienen modificaciones en el tiempo de entrega y un incremento de presupuesto de hasta 73%.
