Ante la inseguridad, violencia y venta de drogas en las inmediaciones de los centros escolares y aun dentro de ellos, las autoridades universitarias de la Región Centro Occidente decidieron reforzar sus sistemas de vigilancia y pedir ayuda urgente a los tres niveles de gobierno para evitar, dicen, “que la situación se salga de control”.
Álvaro Espinoza Baena, uno de los responsables del proyecto “Universidad Segura”, impulsado desde hace dos años por la Universidad de Guadalajara (UdeG), comenta que se solicitará a la federación una partida especial para reforzar las medidas de seguridad para 2013.
Adscrito a la Jefatura de Unidad de Análisis de la Coordinación de Seguridad de la UdeG, Espinoza cuenta que el tema fue sometido a discusión entre las universidades públicas y privadas de la Zona Occidental de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que comprende los estados de Jalisco, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Querétaro, Guanajuato y Michoacán.
“Se trata de que las universidades públicas cuenten con una partida especial para asuntos de vigilancia, tal como ocurre con el Subsidio para Seguridad de los Municipios (Subsemun)”, comenta el investigador a Proceso Jalisco.
La discusión, dice, se inició hace varios meses y en ella salió a relucir que varias instituciones carecen de infraestructura mínima en materia de vigilancia. Una de ellas, la Universidad Autónoma de Nayarit que ni siquiera cuenta con bardas perimetrales. De ahí la urgencia de dotar de infraestructura necesaria a las casas de enseñanza de la región sobre todo frente a la violencia que enfrenta el país, explica el entrevistado.
El tema se activó luego del reportaje publicado en este semanario sobre el aumento del consumo de drogas en los entornos escolares y aún dentro de algunos planteles, como la antigua facultad de filosofía y letras de la UdeG (Proceso Jalisco 421).
Para Montealberti Serrano Cervantes, coordinador de Seguridad Universitaria de la UdeG, también debe atenderse lo que sucede en diferentes partes de la zona metropolitana y en las inmediaciones de los planteles, donde el tráfico de drogas, robo a estudiantes y la proliferación de antros donde se vende alcohol y tabaco a menores debe controlarse.
La problemática es de orden nacional y regional y desborda a las autoridades universitarias, a estudiantes y padres de familia. Es urgente diseñar políticas públicas para enfrentar la problemática, insiste Serrano Cervantes.
En este esquema, es obligada participación de los municipios, los gobiernos estatales y la federación para confrontar esa problemática social en forma organizada y sistemática, tal como lo viene haciendo la UdeG desde hace dos años con el proyecto “Universidad Segura”.
En la zona metropolitana, por ejemplo, los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco han visto con agrado la iniciativa.
La UdeG –la segunda institución más importante de México por su número de alumnos: 210 mil jóvenes, de los cuales 123 mil se concentran en el Sistema de Educación Media Superior y un poco menos de 87 mil en licenciatura, según su página web–, se ha convertido en blanco de ataque de los narcos y de otro tipo de delincuentes en los últimos dos años.
Un empleado de la facultad de filosofía y letras comenta, a condición de que se omita su nombre, que en el jardín sur, en la parte de ciencias sociales, en el límite con la avenida De los Maestros, hay un espacio conocido como Pinos Bar, donde durante mucho tiempo los alumnos se reunían cada viernes para consumir alcohol y drogas.
Hoy, dice, el jardín de filosofía es conocido como “El jardín de los sueños”, por los enervantes que se consumen en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
Serrano Cervantes destaca que los alumnos de la UdeG son asediadaos por delincuentes, vendedores de drogas e incluso por exhibicionistas; aunque admite que en ocasiones son ellos quienes fomentan esos ilícitos.
Desde que se puso en marcha el proyecto Universidad Segura, 15 mil personas, entre alumnos y padres de familia han asistido a los talleres impartidos; además, la Coordinación de Seguridad Universitaria ha organizado al menos 14 conferencias sobre cultura de denuncia, activación de teléfonos de emergencia y prevención a través de internet.
Consumo al alza
Entre 2008 y 2010 el incremento del consumo de sustancias psicoactivas entre los alumnos de bachillerato aumentó más de 50%, asegura Alfonso Partida Caballero, exdirector de la preparatoria 14, quien admite que el problema tiende a incrementarse.
Francisco Gutiérrez Rodríguez, especialista en casos críticos de farmacodependencia, asegura que todo es reflejo de lo que se vive en el sistema educativo nacional.
“El problema golpea por igual a estudiantes de la universidad pública que a quienes acuden a las instituciones privadas”, advierte; también señala que la mayoría de las muertes violentas registradas en la entidad están ligadas al alto consumo de alcohol y drogas.
Según él, los propios datos del Consejo Estatal Contra las Adicciones y del Servicio Médico Forense indican que la población ubicada en el rango de entre 25 y 29 años es la más vulnerable a morir de manera violenta. Casi siempre ese hecho va ligado con alguna adicción como detonante de la tragedia.
La relación de la ingesta de psicoactivos o alcohol con accidentes automovilísticos, suicidios o asesinatos con el uso de armas de fuego son acciones que casi siempre van juntas, afirma.
En orden de importancia, en la entidad el alcohol es la droga de mayor impacto (más de 40%), seguido por la mariguana (27%) y los inhalantes (11%).
Dice que el aumento en el consumo de drogas no es propio de la población estudiantil de la UdeG. Se trata de un problema psicosocial en el cual influyen factores como la desintegración familiar, la insatisfacción de los jóvenes, la falta de proyectos para la inversión de sus horas libres y la necesidad de sentir la adrenalina a su manera:
“Hay una sustancia conocida como violafácil o el GHB (ácido gamma-hidroxibutírico), que se aplica a cualquier tipo de bebida con un gotero que cuesta de 250 a 300 pesos. Cinco o 10 gotas son suficientes para que quien la ingiera quede drogado durante más de cuatro horas”.
Una grapa de cocaína se cotiza entre 150 y 300 pesos, dependiendo de su calidad; las tachas se venden hasta en 125 pesos, por lo general se combinan con viagra; las estopas o pañuelos de mona o toncho cuestan de 10 a 25 pesos y por lo general se les agrega un saborizante para atenuar las nauseas que se presentan después del consumo.
Este último tipo de droga tiene más demanda entre los estudiantes preparatorianos, entre ellos los de la zona del Tecnológico de la UdeG, dice Serrano Cervantes.
Gutiérrez Rodríguez, por su parte, sostiene que Jalisco se ubica en el sexto lugar en consumo de alcohol. Hace notar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2012, el alcoholismo afecta también a las mujeres y que en los últimos cuatro años el consumo de mariguana y cocaína se incrementó en un 50 o 60% entre la población de 15 a 22 años.
El analista insiste en que hoy en día los jóvenes suelen consumir varias drogas; hay quienes incluso recurren a los psicotrópicos “con aire comprimido”, una variante de la que se habla poco, pero que los chavos procuran.
Y en relación con las instituciones privadas de la región, Gutiérrez asegura que el consumo de enervantes es “más refinado”. En las prepas el uso de inhalantes es “normal”, mientras que en las universidades los alumnos refieren “algo más fuerte”, como la cocaína.
