Señor director:
Por este medio deseo denunciar la pésima procuración e impartición de justicia por parte de autoridades de la Ciudad de México que actúan de manera arbitraria, ilegal y terriblemente injusta, llenando los reclusorios sin distinguir culpables de inocentes.
Fui acusado de cometer violación agravada y se me condenó a 10 años de prisión por el solo hecho de haber sido “imputado” por una mujer, aunque no se comprobara el delito del que me acusó la supuesta víctima. Desde un principio fui “condenado” oficiosamente por la PGJDF a quedar indefenso, a la desigualdad de género y a la desigualdad jurídica, violentando dolosamente todas mis garantías individuales.
Esto se aprecia en la averiguación previa FDS/FDS-4/T3/623/11-12 de la Agencia del Ministerio Público Número FDS-4. En ella intervienen los agentes Enrique de la Cruz Aparicio –quien me detuvo en mi domicilio violentamente, sin orden judicial y en compañía de un civil de nombre Carlos de la Cruz (seguramente su familiar), quien a la vez se dice pariente de la denunciante– y Diana Lizeth Zepeda Vera, quien miente para encubrir a su compañero, declarando que participó en mi detención; asimismo, el M.P. José Soto Landa, quien se prestó a alterar la realidad de los hechos para incriminarme y lograr el auto de formal prisión.
Tales hechos los denuncié ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (expediente CDHDF/I/121/GAM/11/D7521, del 21 de diciembre de 2011), según la cual no hubo elementos suficientes para emitir recomendación, a pesar de que su investigación revela la forma ilegal y violenta en que fui detenido, y no obstante que el informe médico reporta que fui objeto de tortura física y psicológica.
Aclaro que no estoy en contra de los derechos de las mujeres y que, por el contrario, siempre he apoyado sus causas justas, pero las autoridades tergiversan el sentido de las leyes que protegen a la mujer y abundan los casos en que las “asesoran” e incluso “alteran” las declaraciones de quienes se atreven a denunciar, con tal de mostrar con estadísticas que cumplen con su trabajo. Esto sin contar con que los policías reciben un estímulo por cada consignación que realizan, como ya se denunció en la película Presunto culpable, además de que existen otros hechos igualmente perversos: 93% de los acusados nunca ven al juez, 95% de las sentencias son condenatorias y 92% de las condenas no se basan en evidencia física.
Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF: La justicia que impera y que usted dirige es “aleccionada”. Yo me apellido “De León Alarcón” y no “Wallace” ni “Martí” (con todo mi respeto a los difuntos), pero aun cuando también tengo derecho a la seguridad jurídica, este tribunal ha atentado contra todos mis derechos desde el 11 de diciembre de 2011, fecha en que fui detenido ilegalmente.
Actualmente me encuentro preso en el Reclusorio Oriente, donde recientemente unos valientes compañeros reclusos dieron a conocer el abuso, la corrupción y el clima de terror que aquí imperan. En mi caso, decidí declararme en huelga de hambre por tiempo indefinido el pasado miércoles 28 de noviembre de 2012, como recurso para exigir atención a mi caso por parte del TSJDF del Gobierno del DF y de la CNDH, ya que desde mi detención existieron graves irregularidades.
Responsabilizo a las autoridades del Reclusorio Oriente de cualquier atentado hacia mi persona como consecuencia de esta acción y hago un llamado a la CDHDF para que acuda en mi apoyo, ya que lo usual en el reclusorio es acallar las protestas con violentas represalias. ¡Por mi dignidad y mi libertad lucharé!
Atentamente
Argenis Alejandro de León Alarcón
