Los hermanos Aníbal y Luis Enrique Castro acusan al empresario José Vicente Chalita Noemí del despojo de 62 hectáreas en agosto de 2004 con el apoyo de funcionarios del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y de autoridades de judiciales. En entrevista con Proceso Jalisco, los agraviados documentan las “conductas ilegales” de Chalita y el desaseo con el que se han conducido las instancias legales para encubrir sus tropelías.
Desde la década pasada el promotor del fraccionamiento El Palomar y campo de golf Country Club El Cielo, José Vicente Chalita Noemí, despojó de 62 hectáreas de alta plusvalía a una inmobiliaria y a un particular. Y aunque los afectados acudieron a las instancias legales para documentar el delito y la autoridad judicial giró orden de aprehensión contra el empresario, un juez y varios magistrados lo exoneraron.
Acusado de la autoría intelectual del ilícito en perjuicio de Aníbal Calderón Rodríguez y de la Inmobiliaria Rincón del Palomar, S.A. de C.V., representada por Luis Enrique Calderón Rodríguez, hermano de Aníbal, a Chalita se le abrió el proceso penal número 490/2008-A el 5 de septiembre de 2006.
La víspera, los agraviados acudieron al Juzgado Mixto de Primera Instancia del 31 Partido Judicial en Tlajomulco de Zúñiga, donde se le abrió la averiguación previa 168/2007. Tras recibir la documentación probatoria y el testimonio de los querellantes, el juzgado decidió girar orden de aprehensión contra el empresario y sus subordinados Carlos Manuel Alcalá Sanabria y Elena Carrillo Flores.
El 26 de diciembre siguiente Alcalá y Carrillo fueron detenidos y se les decretó auto de formal prisión. Al primero se le acusó de despojo; al segundo, de falsedad en declaraciones.
El 23 de noviembre de 2007, Chalita promovió ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal un amparo contra la orden de aprehensión decretada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlajomulco y lo obtuvo de manera definitiva el 21 se mayo de 2009 (número 146/2009).
Con ello quedó sin efecto la querella en la cual se le acusaba de los delitos de despojo y falsedad en declaraciones a la autoridad. Los agraviados recurrieron al juez 13 de lo Penal, Jesús Salvador Rivera Claro, para que, con plena libertad de jurisdicción, resolviera de nuevo el caso, “purgando los vicios de fundamentación y motivación”.
El 10 de julio siguiente la secretaria del juzgado, María Jovita Ramírez Cerda, actuando como juez en sustitución del titular, analizó el expediente y decretó de nuevo la orden de aprehensión contra Chalita Noemí por falsedad de declaración y despojo agravado.
Ramírez Cerda encontró que el empresario violó el Código Penal en su artículo 262, fracciones 1 y 4, al ocupar un inmueble que no le pertenecía. El despojo, según expuso, lo hizo en grupo, por lo que, como autor intelectual de ese delito, determinó aplicarle una sanción penal de dos a ocho años de prisión sin derecho a fianza.
No obstante, Ramírez Cerda omitió comunicar su dictamen al Juzgado 13 de Distrito en Materia Penal y enviar la orden de aprehensión correspondiente a la Procuraduría General Justicia (PGJ) para que se ejecutara.
“Como la resolución se quedó en el juzgado, el abogado de Chalita, Juan Manuel Torres Barajas –exdirector de la Policía Judicial y exprocurador de Justicia del estado–, le dijo al juez de distrito que debía informar a su cliente sobre el dictamen del 10 de julio en un plazo de 24 horas”, sostiene el abogado Calderón.
Pero en lugar de enviar la decisión de Ramírez Cerda, el juez Rivera Claro emitió una nueva sentencia el 31 de julio de 2011. Con ello no sólo dio un revés a su secretaria –quien dos años antes actuó como juez sustituta–, sino que también protegió a la contraparte, se queja el abogado.
Rivera Claro absolvió a Chalita del delito de falsedad de declaración, pues únicamente lo encontró culpable de despojo, aunque eliminó el agravante de la “fracción 4”; es decir, no lo consideró autor intelectual, con lo cual el implicado obtuvo su libertad bajo fianza.
Para sustentar su decisión, el juez arguyó que las pruebas presentadas para sustentar los hechos “resultan ser un tanto contradictorias entre sí y, por ende, no son aptas para sustentar la denuncia”.
De acuerdo con Rivera Claro, los testigos a favor de Calderón no mencionaron a Chalita en su declaración; además, dijo, cayeron “en contradicciones en lo esencial”, por lo que decidió exonerar al empresario.
Sin embargo, desdeñó otras pruebas, entre ellas el contrato de compraventa y el reporte pericial de Héctor Gómez Villanueva, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Arquitectura del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien acreditó “la ocupación del terreno por un tercero, ajeno al ofendido”.
El juez tampoco consideró la violencia que se ejerció durante la invasión ni la escritura 44,473 que ampara que el 15 de marzo de 2001 inmobiliaria Rincón del Palomar compró 59 hectáreas, asegura Calderón.
Los afectados apelaron la decisión de Rivera Claro, pero la Sala 11, integrada por los magistrados Jaime Coral Cedeño, Higinio Ramiro Ramos, Espartaco Cedeño y Joaquín Moreno Contreras, avaló la resolución de Rivera Claro.
Los hermanos Luis Enrique y Aníbal Calderón sospechan que Chalita debió ofrecer algo a cambio para que lo exculparan. Meses después presentaron un amparo (el 175/2012), que quedó asentado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. Aún no reciben respuesta.
Un empresario abusivo
Aníbal Calderón Rodríguez asegura haberle comprado un terreno de tres hectáreas al ejidatario Antonio Villa Benítez, de la comunidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, hace más de una década. La superficie colinda con el fraccionamiento de lujo El Palomar y en las inmediaciones se localiza el campo de golf El Cielo, propiedad de Vicente Chalita.
El 3 de noviembre del año 2000 las autoridades del ejido reconocieron a Aníbal Calderón como el posesionario del predio y el 15 de enero de 2001 se concretó la transacción. La propiedad de Aníbal colinda con una de 59 hectáreas, que pertenece a Inmobiliaria Rincón del Palomar, cuyo representante es su hermano Luis Enrique Calderón.
Aníbal cuenta que, el 27 de agosto de 2004, dos empleados de la inmobiliaria, Pedro Meza Martínez y Samuel Fernández López, acudieron al terreno de la empresa a reforzar las cercas perimetrales. En eso estaban cuando irrumpió en el lugar un grupo de abogados y personal al servicio de Chalita, quienes le dijeron que la propiedad era del empresario, aun cuando no exhibieron ningún documento.
Poco después se presentó en el predio el jefe de la Unidad Departamental de Monitoreo y Atención a Manifestantes de la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos del Interior, Jorge Salvador Torres Blanco. El funcionario alegó que el terreno era de Chalita desde 30 años atrás y advirtió a los empleados de Calderón que si no se salían se los iba a “llevar detenidos”. Meza y Fernández no le hicieron caso.
Horas después llegaron alrededor de 40 policías judiciales. Iban armados y los acompañaba Torres Blanco, el propio Chalita y su colaboradora Elena Carrillo Flores. Los comandaba la agente del Ministerio Público Rosalba Flores Monroy.
Torres Blanco le pidió a Flores Monroy que autorizara a los uniformados romper la cerca y arrestara a los trabajadores de la inmobiliaria. Así lo hizo y los dos empleados de Calderón fueron detenidos y trasladados a la PGJ.
Chalita se metió al predio de Aníbal Calderón y dejó ahí a varios de sus empleados para que lo vigilaran, entre ellos a su jefe de vigilancia, Carlos Manuel Alcalá Sanabria, y a otro de apellido Padilla Cano, relatan los agraviados.
El mismo día de la invasión Chalita presentó una denuncia contra Luis Enrique Calderón Rodríguez, representante legal de la inmobiliaria Rincón del Palomar (averiguación previa 5487/2004) ante la Subprocuraduría B de Atención a Delitos Patrimoniales No Violentos, en su calidad de apoderado legal de Inmobiliaria Megaterra de Occidente.
Chalita declaró haberse enterado, por medio de Alcalá, que 25 personas de “aspecto agresivo y sin uniforme traían cuatro perros y estaban destruyendo los linderos de alambre del predio” de 59 hectáreas que –dijo–“le pertenecen desde hace más de 35 años”.
Expuso también que esa superficie la compró al gobierno federal a través de otra de sus empresas: Inversiones México. Al término de su declaración, Chalita ratificó de inmediato su querella, cuando lo usual es dejar pasar varios días.
En su artículo 168, el Código Penal estatal indica que se castigará con una pena que va de uno a cinco años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario mínimo a quien declare o informe falsedades ante una autoridad, refieren los afectados en su declaración.
E insisten en que las 59 hectáreas de las que los despojó Chalita nunca fueron del empresario, a quien acusan también de quebrantar la ley al presentar la escritura pública 6880 para pretender demostrar que él era el auténtico propietario.
Los cómplices
Los testimonios de dos empleados del gobierno estatal, Óscar Gutiérrez Palomares y Néstor Javier García Rojas, muestran la forma en que algunos funcionarios ayudaron a Chalita.
Gutiérrez Palomares asegura que por las fechas en que se cometió el despojo fue designado asistente de Néstor Javier García Rojas, entonces director general de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político de la subsecretaría de Asuntos del Interior.
El día que se consumó la invasión, relata, su jefe recibió una llamada del subsecretario de Asuntos del Interior, Leobardo Treviño, quien le informó sobre el asunto y le comentó que incluso ya había enviado “de avanzada” a Torres Blanco.
García Rojas y Gutiérrez Palomares se trasladaron a la procuraduría para entrevistarse con el entonces subprocurador B, Espiridión Medina, a quien informaron sobre la invasión. Los funcionarios decidieron buscar a Chalita para que presentara su denuncia ante la fiscalía.
Una vez que el empresario interpuso la querella se armó el operativo, en el cual participó la policía estatal, según declaró Gutiérrez Palomares.
García Rojas, a su vez, manifestó ante la autoridad ministerial que él estuvo presente durante el operativo del 27 de agosto de 2004 y que semanas después –el 19 de octubre– fue testigo de que Chalita acudió a las oficinas del director de Seguridad Pública del estado, Alfonso Gutiérrez Santillán.
De acuerdo con García, el funcionario comentó al empresario que “él estaría pendiente de cualquier situación que se suscitara en los predios” con el fin de evitar alguna futura invasión.
Los afectados –los hermanos Calderón Rodríguez– recuerdan que Chalita pidió a los ejidatarios de San Agustín deshacer el trato (con Aníbal, realizado a finales de 2000), pero ellos no aceptaron.
El empresario recurrió entonces a Carrillo Flores, a quien financió para que demandara ante el Tribunal Unitario Agrario del 16 Distrito la nulidad de la asamblea del 21 de mayo de 2000, en la que se aprobó la aportación de tierras de uso común a la Inmobiliaria Rincón del Palomar, de la que Luis Enrique Calderón es representante legal.
Chalita fracasó de nuevo, por lo que decidió presentar él mismo una demanda ante esa instancia. El empresario argumentó que la resolución de la asamblea del ejido debía anularse “por la irrisoria razón de que él hizo un ofrecimiento económico mayor”. Su solicitud quedó asentada con el número 38/16/2004.
Los afectados señalan que Chalita dedica su vida a “desplegar conductas ilegales”. Su modus operandi consiste en apropiarse en forma ilegal de tierras ejidales y privadas para venderlas posteriormente y “obtener innumerables e indebidos beneficios y lucros”.
