El binomio seguridad-violencia mantiene postradas a las corporaciones policiacas del estado y de los municipios. Las instituciones corren el peligro de perder alrededor de 60% de sus elementos que no presentaron su examen de confianza, según demanda la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente desde 2009; además, las presiones de las bandas delincuenciales por doblegar a los uniformados son cada vez más intensas y las debilitan, sostiene el investigador Dante Haro Reyes.
A partir de enero próximo, los cuerpos policiacos estatales, cuyos elementos no hayan presentado exámen de confianza reglamentario podría quedarse sin trabajo, lo que agravaría los problemas de seguridad sobre todo por el aumento exponencial de los delitos de alto impacto y las presiones de las bandas delincuenciales que buscan doblegar a las corporaciones estatales.
Según la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2 de enero vence el plazo para que las 23 mil personas de los cuerpos de seguridad de los 125 municipios, así como agentes de la Procuraduría General de Justicia, elementos de las secretarías de Vialidad y de Seguridad Pública se sometan a esa evaluación.
El escenario se complica pues entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo gobierno –entre julio de este año y marzo de 2013– median nueve meses, lo que provoca un “vacío de poder”, sostiene Dante Haro Reyes, analista de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
El propósito de Emilio González Márquez, dice, es “dejarle la bronca” a su sustituto, el priista Jorge Aristóteles Sandoval, cuyo partido vuelve al poder después de 18 años a partir del próximo 1 de marzo.
Todos esos elementos amenazan con generar una crisis en materia de seguridad, comenta Haro Reyes al reportero. E insiste: bajo esas condiciones la entidad corre el riesgo de quedarse con menos de 40% de sus policías a principios de 2013.
Bajo este escenario, Jalisco exhibe una incapacidad “colosal” para atender la demanda de los 23 mil agentes de seguridad que deben acreditar ese examen antes del 2 de enero. “Cientos, quizás miles de ellos serán dados de baja si no cumplen con ese requisito, tal como lo marca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, vigente desde 2009, dice el especialista.
Asegura que la disposición surgió en el marco de las reformas constitucionales promovidas en 2008 que incluso publicó el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009.
En algunas corporaciones, asevera, los elementos activos son menos culpables de no cubrir el requisito del examen de confianza, pero también son víctimas de las omisiones de la autoridad:
“El policía puede decirle al gobierno: ‘Me vas a despedir por no pasar los exámenes de confianza, pero ni siquiera me diste la posibilidad de presentarlo. Tú, como autoridad y representante de la institución, no tienes el personal ni la infraestructura para evaluarme y ahora que se acabó el tiempo para el examen me cierran la ventanilla. Eso no es justo’”.
Haro Reyes indica que, ante esa negligencia, “se debería sancionar a la autoridad por no tomar las providencias que el caso amerite. Nunca se prepararon con el equipo profesional y el personal suficiente para atender la demanda”, por lo cual miles de policías quedarán en la indefensión.
Con respecto a los gendarmes que sí presentaron sus exámenes, dice, nunca fueron convocados para acreditar el control de confianza. Todo esto agrava la situación, pues “legalmente ninguno de los despedidos podrá ser reinstalado y sólo podrá aspirar a una indemnización, según lo establece el artículo 123, apartado B”.
A juicio del entrevistado, los policías estatales, municipales o los agentes del Ministerio Público y los empleados de Vialidad despedidos “sólo pueden exigir una liquidación equivalente a tres meses de su sueldo, pero sin ningún otro beneficio”; además, en caso de entablar algún juicio laboral sus posibilidades de ganarlo son mínimas.
El vacío de poder
Dante Haro calcula en 13 mil 800 el número de los agentes que sometieron a la prueba aunque no la aprobaron, más los que nunca fueron convocados, lo que equivale a 60% de los que probablemente serán dados de baja a partir de la primera quincena de enero.
Las cifras son oficiales y concuerdan con las que maneja el libro Informe Jalisco. Más allá de la guerra de las drogas, financiado por el gobierno de González Márquez. El volumen colectivo, en el cual participó el propio Haro y seis especialistas más, sostiene que desde 2007 los delitos de alto impacto tienden al alza. Entre ese año y 2010, por ejemplo, los homicidios considerados como “ejecuciones” pasaron de 70 a 593.
Haro Reyes se refiere también al “vacío de poder” que se genera en los nueve meses que corren entre la elección y la toma de protesta del nuevo gobernador. Son 36 semanas en las cuales el ejercicio gubernamental carece de timonel. E insiste: ese “manejo relajado” de la cartera de seguridad podría colapsar en enero próximo:
“El nuevo gobernador no puede tomar las riendas porque no le corresponde y al que va de salida ya no le interesa darle la mejor solución al tema”.
De acuerdo con el entrevistado, millones de pesos provenientes del gobierno federal destinados a la seguridad municipal no se ejercieron porque los alcaldes no presentaron a tiempo sus programas, Haro sugiere etiquetar esos fondos para promover y aplicar la ley de seguridad vigente desde 2009.
Los datos de autoridades federales correspondientes a 2010 indican que 11 de los 125 municipios de la entidad consiguieron 267 millones de pesos en total para promover el desarrollo de sus cuerpos de seguridad. No obstante, el flujo de recursos se vio entorpecido por problemas políticos, diferencias entre partidos y fallas en la aplicación del “nuevo modelo policial”, en los cuales se incluyen la homologación salarial y la aplicación de los exámenes de confianza.
Como reflejo de esa irregularidad, en 2011, más de una decena de municipios tuvieron problemas para obtener los recursos etiquetados del Subsidio para Seguridad Pública Municipal (Subsemun). De esa manera, mientras Guadalajara se jactaba por haber conseguido más de 28 millones de pesos, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tepatitlán, Puerto Vallarta, Tlajomulco y otros cuatro municipios tuvieron problemas para obtener los fondos que les correspondían.
Con relación a la aplicación del examen de confianza y el rezago para cumplir con las fechas programadas, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, José Bicieg Ocampo, admitió a fines de octubre que el Centro de Control de Confianza en Jalisco tiene poco tiempo de contar con el reconocimiento necesario para su operación:
“El estado obtuvo su certificación hace un año. A veces nos pasa que al último estamos haciendo las cosas”, declaró Bicieg en conferencia de prensa el 30 de octubre.
También habló de algunas propuestas para evitar el caos que se avecina. Pidió a las autoridades conceder el tiempo suficiente para iniciar con la depuración necesaria en los cuerpos de seguridad, sobre todo para atender a los elementos que iniciaron su trámite para someterse al examen de confianza pero no lograron concluirlo.
En una de las últimas sesiones del citado Consejo Ciudadano y en el marco de la instalación de los Consejos Regionales de Seguridad, al cual asistieron decenas de alcaldes, los participantes se pronunciaron a favor de excluir de la prueba de confianza a los elementos que por su edad ya no cumplen con el perfil.
También acordaron que en el examen debe darse prioridad a los mandos policiacos y extender el esquema a los niveles superiores de las corporaciones municipales. Algunos propusieron dejar fuera del examen a quienes trabajen en más de una corporación.
En su conferencia, Bicieg advirtió sobre los problemas que se avecinan a raíz del incumplimiento con el examen de confianza: “La inquietud que tenemos es cómo van a garantizar (las instituciones de seguridad) que haya suficientes elementos en las calles el 3 de enero, porque esa fecha es tajante”.
Haro insiste en que el incumplimiento de las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente obligará a mandar a la calle a miles de policías que ni siquiera tuvieron la oportunidad de presentarse a aplicar las llamadas pruebas de confianza por la falta de equipo, infraestructura y personal calificado para realizar ese trámite.
En Jalisco –comenta– el avance en materia de evaluación es de 30%; otro 30% se mantiene a la espera de someterse al examen de confianza, aunque está consciente de que ya no existe el tiempo para cumplir con esa obligación.
Esa prueba, dice el entrevistado, consta de cinco tests que ayudan a seleccionar de manera óptima a los mejores elementos, e incluye un estudio socioeconómico, lo que permite detectar cuando alguno de los beneficiados comete enriquecimiento ilícito.
La prueba medico-toxicológica o antidoping sirve para recabar información básica sobre el peso la talla y la condición de salud del elemento, así como la posible ingesta de drogas como anfetaminas, metanfetaminas, mariguana, heroína u otras. En ese renglón también se aplica una prueba psicológica para conocer el estado de salud mental del policía.
Por último, Haro menciona la “prueba madre”, la del bolígrafo, en la cual se somete a los agentes para conocer sus reacciones biológicas y corporales. El propósito es detectar en qué momento y ante qué preguntas el empleado de seguridad miente.
Con esa información, las instituciones tienen los elementos necesarios para determinar el perfil de cada empleado, lo que les facilita aplicar una especie de candados de seguridad y, con ello, evitar que personas ligadas al hampa se enquisten en los cuerpos de seguridad, indica el investigador de la UdeG.
Rogelio Andrade Sánchez, jefe de la Policía Rural, adscrita a la Secretaría de Seguridad, asegura que desde el 1 de octubre, fecha en la que arrancaron las nuevas administraciones municipales, las presiones de las bandas del crimen organizado se incrementaron por doquier. El propósito, comenta, es someter a las corporaciones policiacas.
Según él, se valen del contubernio de algunos funcionarios o de las armas para no ser molestados y continuar con el trasiego de drogas, los secuestros y extorsiones. Muestra ello, comenta, son los recientes ataques y asesinatos de mandos policíacos en Magdalena y San Martín Hidalgo, en la región Valles.
