Un grupo de investigadores del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño documentó recientemente las pifias y desvíos millonarios de las autoridades tapatías en torno al Museo Barranca de Arte Contemporáneo (Mubarac), que implican también al gobernador Emilio González Márquez y a Jorge Aristóteles Sandoval, quien el próximo 1 de marzo lo relevará en el cargo. Los académicos aducen, por principio, que ningún gobierno debe dejar en manos de la iniciativa privada sus espacios públicos. Y exponen a detalle la forma en que los “empresarios culturales” se han beneficiado con el Murabac, al que consideran un monumento al despilfarro.
El Museo Barranca de Arte Contemporáneo (Mubarac) que se construye en el Parque Mirador Independencia Doctor Atl, en sustitución del Guggenheim –que debió haberse erigido hace siete años–, es un ejemplo funesto de la privatización del espacio público, de la corrupción urbanística y del subsidio al interés particular con recursos de los ciudadanos.
Un estudio firmado por Adriana Fausto Brito, Román Munguía Huato y Francisco Valladares García, profesores e investigadores del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), de la Universidad de Guadalajara, sostiene que ningún gobierno, ni estatal, ni federal, ni municipal debe ceder sus áreas, parques o jardines a la iniciativa privada.
Además, por ahora no hay certeza de que este nuevo proyecto que encabeza una treintena de empresarios –prácticamente los mismos que no pudieron con la franquicia del Museo Guggenheim— vaya a tener éxito.
Entre los promotores del Mubarac se encuentra el secretario de Turismo, Aurelio López Rocha, quien se ha caracterizado por naufragar en diferentes planes, como la construcción del edificio Torrena que ni siquiera concluyó los cimientos y ahora pretende convertirse en la torre de comunicación más alta del país.
El proyecto ha recibido apoyo de autoridades panistas y priistas. González Márquez, Alfonso Petersen Farah y Juan Pablo Alatorre realizaron los trámites para donar a la asociación Guadalajara, Capital Cultural un predio de 6.5 hectáreas situado en la ceja de la barranca, precisamente dentro del Parque Mirador, cuyo valor estimado es de mil 28 millones 365 mil pesos. La entrega se oficializó el 2 de mayo de 2011 con Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, cuando era alcalde de Guadalajara.
En los presupuestos estatales González Márquez etiquetó 190 millones de pesos para Guadalajara Capital Cultural. En 2008 fueron 10 millones; en 2010, subieron a 50 millones, y en 2011 se elevaron a 130 millones.
Los investigadores del CUAAD, que dieron a conocer su estudio durante la IX semana Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente– realizada del miércoles 7 al viernes 9– criticaron a Sandoval Díaz y su sucesor interino en la alcaldía tapatía, Francisco Ayón López, porque, dijeron, se jactaron de que el ayuntamiento había invertido 106 millones de pesos en la recuperación de espacios públicos.
No obstante, omitieron hablar del regalo millonario que hizo el municipio al fideicomiso Barranca Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, al darle en comodato las 6.5 hectáreas.
Comentaron también que el estudio de factibilidad del proyecto costó 2 millones de dólares, de los cuales 500 mil fueron aportados en 2004 por la administración municipal cuando el panista González Márquez estuvo al frente del ayuntamiento tapatío –el dinero se desvió de la partida de seguridad pública– mientras el resto salió de las arcas estatales.
El otro millón de dólares para el proyecto de factibilidad provino de la iniciativa privada, según declaró la presidenta de Guadalajara Capital Cultural, la empresaria Lorenza Dipp Reyes, aunque los investigadores aducen que nunca lo comprobó.
Los profesores consideran grave que Sandoval Díaz haya dejado al municipio de Guadalajara con una deuda de 2 mil 680 millones de pesos –lo que lo convierte en uno de los más endeudados del país–, y se preguntan: ¿dónde se invirtieron los recursos, cuando sólo se destinaron mil 100 millones de pesos a obras de pavimentación?
Y exponen en su investigación: “Existe opacidad en el manejo financiero municipal y su alta burocracia no tiene prioridades políticas acordes a las necesidades de la población. No hubo ninguna obra pública significativa emprendida por el propio ayuntamiento en el que reflejara el gasto municipal, por ejemplo, en equipamiento colectivo urbano. Existe, pues, un verdadero despilfarro y saqueo del erario que constata una profunda corrupción, una de cuyas posibles manifestaciones es la corrupción urbanística, de la cual es ejemplo notable el proyecto del Barranca Museo”.
Proyectos sin planeación
Los investigadores del CUAAD indican que hace 20 años, con las políticas urbano-neoliberales comenzó el proceso de privatización del espacio público, y que desde hace cuatro décadas “se viene arrastrando” un déficit de infraestructura, de servicios y de equipamiento colectivo en la zona metropolitana Guadalajara.
En el caso concreto de Guadalajara mencionan que “no ha habido una correspondiente construcción de obra pública, de unidades recreativas, de esparcimiento, ni deportivas, en relación con crecimiento poblacional municipal; por el contrario, se han concesionado al interés privado algunos parques recreativos”.
Y añaden: “Es absurdo que habiendo tantas carencias materiales se despilfarre o se regale el erario para obras suntuarias que no son prioritarias (…) Este proyecto museístico es un ejemplo más entre otros muchos de la creciente irracionalidad del proceso de urbanización metropolitana”.
Subrayan que la autoridad municipal carece de una verdadera planeación, por lo que no saben cómo dar respuesta a los graves problemas sociales y urbanos y, en consecuencia, ceden su responsabilidad a los promotores privados, “quienes en su lógica monetarista, de lucro, defienden una política de maquillaje y simulación del desarrollo a través de grandes y costosos proyectos privados financiados con recursos públicos”, uno de ellos es el proyecto Mubarac.
La donación del predio –“despojo patrimonial”, como lo califican los catedráticos– comenzó cuando Guadalajara Capital Cultural intentó que en la ceja de la Barranca de Huentitán se levantara un museo Guggenheim (Proceso Jalisco 6), pero fracasó casi de inmediato. En 2009 se anunció la cancelación definitiva de la sede.
Ante el hecho de tener que devolver a la comuna tapatía 86% del parque Mirador Independencia, cuya extensión es de 7.5 hectáreas –según el contrato de comodato, en caso de que las obras no se realizaran se tendría que regresar la superficie– la asociación presentó tardíamente un proyecto alterno: el Mubarac.
En el acuerdo de comodato, gestionado durante la administración del panista Alfonso Petersen Farah y fue concretado por su suplente Juan Pablo de la Torre Salcedo, se estipuló que las obras correspondientes debían iniciar a más tardar en el segundo semestre de 2011 y concluir en 2017. Caso contrario, el predio debía ser reintegrado al ayuntamiento tapatío.
Aun sin la licencia de construcción municipal, la asociación empresarial comenzó a derribar 547 árboles (Proceso Jalisco 374), pero las obras formales iniciaron este año.
Según los investigadores, si el 21 de enero de 2012 el ayuntamiento aún no autorizaba ninguna licencia de construcción –tal como lo comprobaron mediante la ley de transparencia– no hay razón para que se autorizara la tala indiscriminada de árboles y las excavaciones que “afectan drásticamente la fisonomía del terreno y el funcionamiento del parque”.
Y aun cuando Guadalajara Capital Cultura argumente que las excavaciones y la nivelación del terreno no necesariamente implican el inicio de la obra, sí incumplen con la cláusula cuarta, fracciones 1 y 4 que los obliga a presentar proyectos ejecutivos e iniciar trabajos de construcción a más tardar el segundo semestre de 2011, contando con licencias y permisos. De no ser así, según la norma, se revertirá la donación.
Por ello, insisten, “deberían tenerse por contravenidas estas condiciones y cancelarse la donación del parque para que regrese a ser patrimonio municipal”.
También refutan que, si bien existe un proyecto ejecutivo del museo, aún no está autorizado por el ayuntamiento: “Como no se tiene un proyecto definitivo aprobado y autorizado por el municipio, en los pocos documentos de referencia (manifestación de impacto ambiental, denuncias, planos provisionales) se manejan cantidades distintas y a veces contradictorias de aspectos tan elementales como la superficie construida total, el área de desplante del proyecto, el número de árboles afectados, la superficie que restará como área de esparcimiento y sus usos específicos, número de cajones de estacionamiento; es decir, no se cumplen aspectos normativos básicos requeridos en un equipamiento de esta naturaleza”.
Y lo peor, dicen, es que la asociación y la autoridad municipal sugieren que se compartan instalaciones con el CUAAD que está adyacente al parque, “contraviniendo lo estipulado en el Reglamento de Zonificación Urbana de Guadalajara”.
Los especialistas en temas urbanos consideran que no está justificada la desaparición del área verde, puesto cuando los promotores explican que sería una situación similar al caso de Museo Tamayo que se construyó en el bosque de Chapultepec, olvidan mencionar que este lugar tiene una superficie 100 veces mayor –686 hectáreas– que el parque Mirador, “por lo que el argumento está fuera de toda proporción”.
Y exponen: “Si para tener un museo que, según sus promotores, será el mejor de América Latina, se necesita construirlo en el parque Mirador con vista a la Barranca de Huentitán, esto implica reconocer que lo más atractivo del museo no estará en sí mismo, ni en su colección de obras –que por cierto no se sabe cuál es–, sino en su entorno”.
Cuentas alegres, pero falsas
Otro reproche que hacen los investigadores es que Guadalajara Capital Cultural y el banco BBVA –que maneja el fideicomiso del museo– no tienen una obligación real de rendir cuentas a los ciudadanos.
Recuerdan que aunque las autoridades anunciaron públicamente que el proyecto tendría una aportación tripartita (gobiernos municipal y estatal y la asociación), la realidad es que Guadalajara Capital Cultura sólo entregó 50 mil pesos para la creación del fideicomiso y “se espera que el gobierno federal y estatal aporten unos 400 o 500 millones de pesos que se supone costará la edificación”.
También mencionan que en el contrato original del fideicomiso (cuando aun se hablaba de Guggenheim), la asociación se comprometió a entregar la misma cantidad de recursos que el gobierno estatal, pero en la modificación del contrato se liberó a los promotores “de esa obligación, pero se les conceden aún los puestos directivos y de decisión para el manejo de los bienes y recursos del fideicomiso”.
Agregan que la asociación no ha presentado estudios elementales de factibilidad financiera que prueben cómo, en un contexto de crisis económica mundial, obtendrán los recursos necesarios para levantar el museo, “dejando la obligación en manos de gobiernos municipal y estatal caracterizados por un grave endeudamiento y despilfarro de recursos públicos”.
De acuerdo con la información ya publicada, el Mubarac, que construye la Secretaría de Desarrollo Urbano, se asentará en una superficie de 11 mil metros cuadros y costará alrededor de 35 millones de dólares. Hasta el momento se han gastado 80 millones de pesos en estudios técnicos, ingeniería, proyecto arquitectónico y de socialización, estima Fernando Fernández Rulfo, coordinador general del proyecto por parte de la asociación.
Otro dato es que, según los “empresarios culturales”, el Mubarac dejaría una derrama económica anual de 17.2 millones de dólares, pues recibirá a 300 mil personas, de las cuales 47% serían extranjeros; hablan incluso de que el museo generará mil 670 empleos.
La asociación refiere que el Barranca Museo formará parte del megadesarollo habitacional Puerta Guadalajara que, señalan, debió iniciarse hace más de cinco años en la confluencia de Periférico Norte y la Calzada Independencia, con una inversión de 600 millones de dólares.
Como en el caso del museo, el ayuntamiento tapatío donó valiosos predios a la iniciativa privada, en concreto al grupo español Mecano, a cambio de unos pequeños edificios y la rehabilitación del museo El Planetario.
Hasta ahora, nada se ha hecho en ese lugar. Y eso que las autoridades le perdonaron a esos inversionistas las licencias de construcción por valor cercano a los 600 millones de pesos.
Además de la dilación, ni los promotores del museo ni de Puerta Guadalajara presentaron proyectos para proveer vías alternas de acceso al museo a donde únicamente se puede llegar por la Calzada Independencia.
Respecto a la donación de un bien público para un fideicomiso privado, los investigadores consideran necesario que discutir “algunos perversos efectos de la modificación de los artículos 27 y 115”.
Explican que aun cuando los bienes del dominio público se han declarado inalienables, imprescriptibles e inembargables, “precisamente para protegerlos de usos o aprovechamiento indebidos guiados por intereses particulares, en las modificaciones realizadas a las leyes orgánicas estatales, desde la Ley de Desarrollo Urbano y otras de carácter municipal, se faculta a los ayuntamientos a hacerlos y validarlos en sus respectivos plenos”.
Para los investigadores es una burla que en el decreto de donación del parque se expusiera que el espacio seguirá siendo público y abierto. “En realidad, la autoridad tapatía trata de ocultar la privatización de este espacio disfrazándola como un área de uso colectivo, pues lo que quede del parque será tan poco público como los espacios internos de los centros comerciales”.
