El pasado 5 de septiembre, en medio del debate en torno a la reforma laboral, cuyos postulados abogan por la flexibilización del empleo y la subcontratación, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos “Volkswagen de México” firmó un singular contrato colectivo de trabajo con los directivos de Audi de México.
Según el documento, signado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) por Matthias Müller y Matthias Rust por parte de la empresa, y Antonio Flores Trejo y Álvaro López Velázquez como representantes sindicales, una nueva planta industrial se construirá en el kilómetro 12.5 de la autopista Audi, en San José Chiapa, Puebla.
En el texto se advierte que éste sólo tiene “carácter informativo”, por lo que no constituye medio de prueba alguno” ni establece ningún compromiso laboral. Lo que sí queda claro para los futuros trabajadores es que serán regulados por la nueva ley laboral, pues devengarán salarios por cuota diaria que sólo podrán modificar los patrones y el sindicato.
El documento excluye al “personal de confianza” y avala la contratación a prueba por tiempo determinado: “El contenido de la relación laboral será definido por la EMPRESA (sic). Esto incluye también la definición de actividades de producción regular o normal”. Los patrones indican que se podrá becar a empleados… pero sólo a partir de 2017.
Además, la empresa se arroga el derecho de terminar la relación laboral “en cualquier momento y sin responsabilidad”. El contrato detalla que las jornadas de trabajo se realizarán seis días a la semana y serán de entre 42 y 48 horas; los directivos podrán hacer cambios sin consultar al trabajador, pero sí al sindicato.
Por lo que atañe a los salarios, el contrato de protección (expediente 10/6281-23) –radicado en la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS– indica que serán de entre 180 y 500 pesos y, de acuerdo con una copia obtenida por la reportera, contiene ajustes en el tabulador de enero de este año al 2019.
La firma de acuerdos de ese tipo muestra por qué muchos legisladores, sobre todo los representantes de la clase trabajadora, se resistieron a discutir en torno a la transparencia y rendición de cuentas en materia sindical. En San Lázaro, 40 diputados son o han sido líderes sindicales; algunos de ellos manejan incluso contratos de protección al grado de convertirlos en negocios familiares.
Para el abogado laboralista Alfonso Bouzas, la aprobación de la reforma laboral forma parte de los acuerdos de cooperación laboral entre México, Estados Unidos y Canadá, pues el gobierno mexicano ofreció a los extranjeros flexibilidad fiscal y laboral. Y alude al caso de Walmart, que, dice, diseñó su propia política laboral y elaboró sus contratos.
Doctor en derecho y académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bouzas explica que firmas como Walmart tienen contratos colectivos de protección firmados por sus representantes antes incluso de instalar sus sucursales en territorio nacional.
También alude a “líderes profesionales” como el priista Carlos Humberto Aceves del Olmo, quien preside la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados en la actual legislatura.
Aceves, quien cumplió 72 años el lunes 5, dice Bouzas, nunca ha sido trabajador ni empleado de ninguna empresa, pero es miembro de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) desde 1994 y ha estado en el Poder Legislativo desde entonces, como diputado y senador, en varias ocasiones.
Además, expone, Aceves y su familia manejan contratos colectivos de protección en materia de telecomunicaciones, metalmecánicos, agentes de venta, comercio y similares, la industria de los alimentos, restaurantes, bares y centros recreativos, entre otros.
“Él forma parte de una familia en la cual hay por lo menos seis secretarios generales de sindicatos: Juan Manuel Aceves Amezcua; Alfonso Aceves del Olmo; Francisco Joaquín del Olmo; Fortino de Jesús del Olmo Hernández; Ignacio del Olmo Hernández y Joaquín Humberto del Olmo Limón. Están prácticamente en todos los sectores imaginables”, señala.
Además de Aceves del Olmo, hay 28 diputados federales priistas y sindicalistas de la CTM y de otras centrales obreras, siete afines al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) abanderados por el Partido Nueva Alianza (Panal), tres del PRD, uno del PAN y otro del Verde Ecologista.
El regreso del corporativismo
Arsenio Farell Cubillas, titular de la STPS durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, solía decir: “A mis amigos no les doy regalos, les doy una toma de nota para que hagan lo que quieran”. Hoy con la nueva reforma laboral se reactiva el “mecanismo perverso” de control y manipulación de los trabajadores, sostiene Alfonso Bouzas.
“Hay –dice– dos niveles en materia de transparencia sindical: uno interno y otro externo. Los sindicatos tienen la obligación de rendir cuentas a sus afiliados, y la ley debe establecer esta obligación para que, cuando menos, los dirigentes rindan cuentas de las cuotas sindicales a sus agremiados cada semestre.”
La aprobación de la reforma laboral sin transparencia sindical, insiste, recrudecerá la pobreza en el país y fortalecerá el subempleo, conocido como outsourcing, proceso mediante el cual una empresa contrata a otra para que le aporte trabajadores en áreas especializadas o para que se encargue de la nómina.
“De ese modo la empresa reduce costos porque evita tener un departamento encargado de dichas funciones, pagar los salarios de los trabajadores, cubrir gastos de seguridad social y los fondos de pensiones, entre otras cosas.
“Es la flexi-seguridad. Flexibilidad laboral y seguridad social. La seguridad social debe darla el Estado; la flexibilidad es la que quieren los empresarios. Esta reforma no va para las mayorías; está dedicada a las clases medias. Las mayorías son desempleados o sector informal.
“A quienes tenemos trabajo fijo también nos afecta el contenido de la iniciativa. A 8 millones de habitantes con empleo en este país nos están dando una patada”, considera el abogado laboralista.
Hoy en día casi todas las empresas optan por el outsourcing como contratación sindical. Y aun cuando esta práctica no es nueva, tiende a oficializarse, con el aval de los legisladores.
Hasta el 8 de noviembre de 2011, por ejemplo, la página web de la JFCA tenía registrados 24 mil 342 contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo y convenios. No obstante, en su informe oficial la Junta no incluye a los sindicatos “blancos” que firman contratos de protección a espaldas de los trabajadores.
“La reforma laboral se aprobó sin transparencia sindical porque existe un compromiso muy duro con el empresariado”, apunta Bouzas. Y remata: “Por eso el empresariado garantizó la llegada de Enrique Peña Nieto al poder; por eso se muestra muy soberbio y pide el outsourcing absoluto”.
