El despliegue de alianzas y negociaciones que los nuevos diputados desplegaron para apoderarse de las comisiones y los cargos clave en el Congreso del estado no nace de sus muchas ganas de trabajar. Algunos puestos implican el control de las finanzas del Legislativo, otros el de las iniciativas de ley y sus tiempos de votación, y desde algunos más se puede cubrirle las espaldas a los responsables de los presuntos quebrantos financieros de legislaturas pasadas. Y por supuesto, implican el manejo de personal, de fondos y proyección política.
En el reparto de comisiones y direcciones de la LX legislatura, el jueves 1 el Grupo Universidad, que encabeza Raúl Padilla López, se quedó con el control administrativo y financiero del Congreso del estado al adjudicarse, mediante la fracción parlamentaria del PRD, la Secretaría General y la Comisión de Administración. Con sólo dos diputados, ese partido desbancó al PRI, que tradicionalmente ha gozado de estas posiciones, gracias al bloque que conformó con el PAN y el partido Movimiento Ciudadano (MC).
El Grupo UdeG obtuvo el nombramiento de Marco Antonio Daza Mercado como secretario general con el apoyo de los coordinadores del PAN, el PRD y MC, con el argumento de que su perfil es académico y está apartado de intereses políticos. Y si bien Daza era director de la División de Contaduría en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, tiene una relación estrecha con Gustavo Cárdenas Coutiño, director de Finanzas de dicha casa de estudios y el principal operador financiero de Raúl Padilla.
Asimismo, el PRD continuará al frente de la Comisión de Administración, al frente de la cual fue designada Celia Fausto Lizaola. Ella sustituye en el cargo al también perredista y miembro del grupo padillista Raúl Vargas López, cuestionado por la autorización de nuevos contratos que engrosaron la nómina del Congreso de 569 a más de mil 300 empleados.
La alianza del PRD con el PAN y MC sorprendió, ya que se daba por hecho que se asociaría con el PRI, igual que en las anteriores legislaturas, sobre todo porque el líder político de la UdeG impulsó la candidatura de Jorge Aristóteles Sandoval al gobierno del estado y sostuvo una guerra de declaraciones con Enrique Alfaro Ramírez, excandidato a gobernador por MC.
Los diputados que ocuparon la Secretaría General en las legislaturas LVIII y LIX se enriquecieron durante su gestión. Al panista Alfredo Argüelles Basave, quien presidió el puesto en la LVIII Legislatura, se le descubrió una residencia con valor de 10 millones de pesos en el fraccionamiento Valle Real, aunque provenía de una colonia de clase media. Ese monto coincide con el que utilizó en la compra de formas valoradas a imprentas que nunca existieron, además del pago de 3.6 millones de pesos en cursos de capacitación que no se impartieron. También se le descubrió apostando la noche del miércoles 14 de septiembre de 2011 en las mesas de black jack del casino Caesars Palace de Las Vegas.
Y en la legislatura anterior, el priista Carlos Corona Martín del Campo –expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), brazo operativo del Grupo UdeG– tuvo que salir por presiones de los medios y, en mucho menor medida, de grupos parlamentarios que, inconformes con su administración desastrosa, denunciaron que había adquirido dos automóviles Mercedes Benz con valor de 2.3 millones de pesos, seguros de vida y de gastos médicos para ciertos empleados legislativos y sus familiares por un total de 8.5 millones de pesos, además de compras por 18.4 millones de pesos, todo ello sin el aval de la Comisión de Administración.
El lugar de Corona fue ocupado por el también priista y expresidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), José Manuel Correa Ceseña. La FEG fue predecesora de la FEU, creada por Raúl Padilla López, uno de los sucesores de Correa en la organización estudiantil.
Correa Ceseña es señalado por el actual coordinador de la fracción del PRI, Miguel Castro Reynoso, de avalar contratos desmedidos que les daban a los trabajadores supernumerarios el derecho de recibir una indemnización de tres meses al finalizar la legislatura.
El PRD se quedó también con Bibliotecas y el Instituto de Investigaciones Legislativas, al colocar a Roberto Castellanos y Luis Enrique Villanueva –ambos afines a Raúl Vargas y a los Padilla López–, igual que con la Dirección de Vinculación Ciudadana, pues aunque en el papel corresponde al PRI, su titular, Sandra Eunice Padilla Madera, es afín al Grupo UdeG.
La noche anterior al nombramiento de Daza, los grupos parlamentarios panista, perredista y del MC acordaron formar un bloque para arrebatarle el control del Poder Legislativo al PRI, que ni con el voto del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pudo con esa estrategia, ya que los tres primeros hacen un total de 21 legisladores, contra los 18 del PRI y el PVEM.
El bloque
Aunque la designación de Daza ya estaba decidida, el día de su nombramiento cuatro de los diputados panistas manifestaron su inconformidad por los acuerdos que avaló su coordinador, Gildardo Guerrero Torres. Consideran que estaba cediendo el control del Poder Legislativo al exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, por lo que finalmente tres de ellos votaron en contra y otro se abstuvo.
El legislador panista Guillermo Martínez Mora alegó que votó en contra de Daza, no porque esto implique someterse al líder del Grupo Universidad, sino porque la propuesta no fue discutida dentro de la fracción de su partido: “No voy a emitir un voto de algo que no conozca. Como es una característica en Acción Nacional, no somos una fracción obediente a nada; reflexionamos y tomamos nuestras propias decisiones”.
El legislador Guerrero Torres reconoce que por su voto podría interpretarse que los panistas cedieron el control del Congreso a Raúl Padilla; sin embargo, sostiene que no entregaron “un cheque en blanco”, sino que, al designar a un académico en la Secretaría General, se logró crear un contrapeso al grupo parlamentario del PRI, que en la anterior legislatura tuvo un papel “desastroso”. Agrega: “Al académico que fuera de la Universidad de Guadalajara lo iban a tildar de padillista, lo sabíamos y asumimos el riesgo”.
Clemente Castañeda, coordinador de la bancada del MC (y antiguo aliado de Padilla López y quien al romper con su grupo se unió a Enrique Alfaro), coincide en que era imperioso arrebatarle el control al PRI porque muchas de sus decisiones llevaron a la quiebra al Poder Legislativo.
El jueves 1 de noviembre, cuando entraron en funciones los nuevos diputados, Castañeda dijo en tribuna que recibieron un “Congreso saqueado, quebrado y en ruinas, y peor aún, sumido en el descrédito y la desconfianza”.
Para el coordinador del MC, no hay duda de que los anteriores diputados del PRI y el perredista Raúl Vargas son responsables de la deuda superior a 300 millones de pesos que heredaron, la contratación desmedida de trabajadores supernumerarios y el retraso en el pago de dos meses a los empleados del Congreso.
Por su parte, el PAN consiguió las direcciones Jurídica, de Control Presupuestal y de Servicios Generales en la nueva legislatura. Al frente de ellas nombró a César Medina, Francisco Javier Salcedo y Fredy Medina, respectivamente. A Salcedo y al coordinador de su bancada se los vincula con el grupo del exdirigente estatal del blanquiazul Eduardo Rosales Castellanos, cuñado del excoordinador de los panistas en la LVIII Legislatura, Jorge Salinas Osornio.
Por cierto que empleados del Congreso del estado mencionan que la tarea principal de Salcedo en Control Presupuestal será cuidarle la espalda a Salinas Osornio, a quien se le hicieron varios depósitos en una cuenta personal cuando coordinaba a los diputados locales panistas.
Además de Vinculación Ciudadana, dirección a la que están asignadas las edecanes que dan servicio a todos los integrantes, el PRI obtuvo la de Informática, donde nombró a Saúl García, y Procesos Legislativos, a cargo de Francisco Contreras.
Al MC se le otorgaron las direcciones de Comunicación Social y la de Administración, en las que designó respectivamente a Rodolfo Flores y Agustín Araujo. Cuando Enrique Alfaro fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Araujo era contralor y Flores jefe de la Oficina de Coordinación Política.
En cuanto a las comisiones legislativas, al PRI le quitaron Puntos Constitucionales, Responsabilidades, Educación, Gobernación y Salud, pero se quedó con las de Hacienda, Vigilancia, Justicia, Asuntos Electorales, Asuntos Migratorios, Derechos Humanos, Desarrollo Humano, Desarrollo Regional, Desarrollo Municipal y Desarrollo Urbano.
Al frente de la Comisión de Vigilancia, el PRI designó al expresidente municipal de Ocotlán, Juan Manuel Alatorre Franco, quien fue denunciado el 11 de julio ante la Procuraduría General de la República (PGR) por Juan Carlos Godínez –quien lo remplazó de forma interina– debido a su presunta responsabilidad en el desvío de recursos, sustracción y destrucción de documentos oficiales, y defraudación fiscal por más de 4 millones de pesos, ya que se negó a pagar las cuotas obrero-patronales al IMSS durante 2011 (Proceso Jalisco 412).
El PRD le apostó a las de Administración y Gobernación; el MC a las de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública, Cultura, Asuntos Metropolitanos, Equidad y Género. El PAN se fue por Puntos Constitucionales –con lo que garantiza que más del 70% de las iniciativas de ley tendrán que pasar por su mesa antes de ser aprobadas en el pleno–, Ciencia y Tecnología, Educación, Desarrollo Forestal, Ganadería, Higiene y Salud Pública. El PVEM se quedó con Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que ha presidido con más pena que gloria en anteriores legislaturas.
Fiscalización
Como un adelanto de los resultados del examen que practicó a los expedientes que recibió, la Comisión Especial Temporal para el Análisis, Revisión y Cotejo del Patrimonio del Congreso, informó que los diputados de la LIX Legislatura presuntamente cometieron peculado, abuso de autoridad, falsificación y extracción de documentos, así como desvío de atribuciones.
Para realizar dicho análisis, la comisión se dividió en cuatro mesas: Recursos Humanos, Patrimonio, Jurídico y Financiero; cada una presentó su informe el martes pasado, el cual se remitió a la Comisión de Administración para que termine de revisarlos y emita sus conclusiones en un plazo de 30 días. En la primera, que encabezó la diputada del MC, Fabiola Raquel Loya Hernández, se detectó a más de 450 trabajadores supernumerarios, pese a que se les reportó oficialmente que eran 70.
También señala que en la legislatura pasada se basificó a 219 servidores públicos, pero en 210 casos se hizo injustificada e ilegalmente, ya que no cumplieron los requisitos de la Ley de Servidores Públicos del estado.
“Los expedientes laborales, de manera dolosa, fueron indebidamente integrados, registrándose múltiples casos de expedientes contradictorios, incompletos y con inconsistencias. Podríamos estar frente al delito de peculado, ya que se realizaron pagos cuando no se tienen elementos que justifiquen la situación jurídico-laboral de toda la plantilla de trabajadores del Congreso”, dijo la diputada.
Y agregó: “Se encuentran seriamente involucrados en las principales irregularidades que se detectaron los anteriores integrantes de la Comisión de Administración, la Secretaría General, la Dirección de Administración y Recursos Humanos y la Dirección de Apoyo Informático”.
La mesa de Patrimonio, presidida por el legislador del PVEM Jesús Palos Vaca, detectó tres vehículos con reporte de robo, dos de ellos en proceso de pago por una aseguradora (Tsuru, modelos 2002 y 2004) pero cuya desaparición nunca fue denunciada a la procuraduría estatal. El otro ya fue recuperado.
La mesa de análisis jurídico, que encabezó el priista Martín López Cedillo, informó que hay 213 juicios laborales en proceso, pero sólo tuvieron acceso a 48 expedientes. Con base en esa muestra, se advirtió que el Congreso podría destinar 12 millones 594 mil pesos al pago de indemnizaciones porque la documentación está mal integrada y muchos de estos casos se perdieron por no comparecer a las audiencias y otras desatenciones jurídicas.
López Cedillo adelantó que para nueve de esos juicios ya se emitió un laudo y no hay dinero para cubrir las liquidaciones. “Es una investigación que no nos lleva a nada positivo”, comentó.
Añadió que se detectaron mil 38 amparos directos y 16 indirectos en curso, así como 14 averiguaciones previas relativas a procedimientos penales y en las cuales no se ha configurado delito para que el Ministerio Público ejercite acción contra los denunciados.
Confirmó, asimismo, que en la mesa jurídica se hallaron anomalías en el contrato que firmó la LVIII Legislatura con el despacho de consultores López Castro y Compañía para recuperar recursos fiscales pagados indebidamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque supuestamente se le pagaría al despacho el 40% de las devoluciones que hiciera Hacienda, “nunca se generaron los honorarios que se reclaman al Congreso; el convenio fue insertado como un acuerdo de voluntades”.
La mesa de análisis financiero, que presidió el panista Guillermo Martínez Mora, advirtió que los diputados anteriores entregaron documentación incompleta, pues aún falta conocer los expedientes de octubre, mes en que cerraron su administración.
Por eso, dice, es imposible conocer el estado real de las finanzas del Congreso, ya que la información obtenida no concuerda con lo que se ha dicho en los medios de comunicación sobre una deuda superior a los 300 millones de pesos. Según los diputados de la LIX Legislatura el déficit es de sólo un millón 127 mil pesos en las cuentas bancarias del Congreso, con un pasivo de 327 mil 140 pesos.
Martínez Mora agregó que el Comité de Adquisiciones nunca entró en funciones a pesar de haberse instalado.
Ante las irregularidades mencionadas, la diputada Loya Hernández aseguró que se aplicará una auditoría administrativa y financiera a la anterior legislatura, con denuncias penales contra quien resulte responsable. Dijo que también se anularán las basificaciones ilegales y se involucrará a organizaciones de la sociedad civil para que de manera honorífica e independiente vigilen el procedimiento de fiscalización a sus antecesores.
