MONTERREY, NL.-Cuando fue anunciada la construcción de la Torre Administrativa, en 2007, el entonces tesorero estatal Rubén Martínez Dondé aseguró que de las arcas de Nuevo León no saldría ni un peso para pagarla. El edificio –que albergaría las 22 dependencias del gobierno estatal– sería uno de los monumentos emblemáticos de la administración de Natividad González Parás.
Cinco años después el inmueble es llamado el “cascarón VIP” del gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, quien no sabe qué hacer con él, pese a que paga millones de pesos de renta por ese espacio mayormente desocupado.
Y aunque en principio se anunció que el edificio sería autosustentable por un esquema financiero que lo haría generar sus propios recursos, hasta ahora ha sido como un agujero negro: La administración nuevoleonesa paga renta a la constructora brasileña Andrade Gutiérrez desde 2007 por ocupar el inmueble que dentro de 24 años será patrimonio estatal.
Inicialmente el costo del edificio era de 913 millones de pesos. Desde que empezó la construcción el gobierno nuevoleonés ha pagado entre renta y adecuaciones una cantidad similar, por lo que a estas alturas el edificio ya hubiera sido pagado por el estado, denunció un organismo ciudadano. Además tuvo que inyectarle otros 500 millones para equipamiento.
La torre inacabada es reflejo de la pésima administración de recursos del gobierno actual, señala el diputado local panista Alfredo Rodríguez, quien asegura que ni siquiera él, en su condición de presidente de la Comisión de Hacienda, sabe exactamente cuánto dinero ha sido erogado en la construcción que considera “monumento a la ineptitud”.
La acusación es directa: La obra fue hecha para que funcionarios se enriquecieran ilícitamente. “Donde hay obra, sobra”, dice el legislador.
Un engaño
La Torre Administrativa es un gran edificio blanco con cristales verdes en la periferia del primer cuadro de Monterrey, frente al río Santa Catarina.
En el cascarón que se eleva sobre el terreno donde antes estaba la empresa Peñoles y que el gobierno estatal adquirió dentro del enorme predio del parque Fundidora, hasta ahora han sido ocupados sólo nueve de sus 36 pisos.
A su lado está el enorme estacionamiento del parque Fundidora, que durante cuatro años también permaneció ocioso. El gobierno estatal anunció que de ahí saldría parte del dinero que pagaría la torre.
En mayo de 2007, cuando fue anunciado el proyecto, el tesorero Martínez Dondé explicó la manera en que la obra sería financiada: “El pago se va a derivar de tres conceptos: las actuales rentas, las eficiencias que estamos teniendo y los nuevos ingresos. Yo no echo mentiras. Del erario, del dinero que actualmente tengo: cero, ni un peso voy a poner”.
El edificio de 180 metros de altura costaría 913 millones de pesos y sería financiado por el esquema del Programa de Prestación de Servicios. El gobierno pagaría anualidades de 109 millones durante 24 años hasta aportar un total de 2 mil 600 millones. El dinero, dijo el funcionario, saldría de los siguientes rubros: 57 millones por ahorros en renta de oficinas, 24 millones por ahorro de pago de servicios y 28 millones de ingresos del estacionamiento del parque Fundidora.
La construcción, que se inició el 2 de julio de 2007, fue prevista para concluir en junio de 2009… y luego en diciembre de ese año ya con Medina como gobernador. Pero luego se dijo que sería terminada en el primer trimestre de 2010.
En junio de ese año, ante los insistentes reclamos de varios organismos por la demora y el despilfarro, Medina dijo que emprendería una investigación, de la que no hay nada todavía.
El pasado 11 de enero el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (CCINLAC) publicó un desplegado en los diarios locales en el que denunciaba que el gobierno del estado no había respondido a su reclamo de información relacionada con los gastos de la torre.
El CCINLAC calculó que por la renta, de diciembre de 2009 a enero de 2012, el gobierno estatal ha pagado 264 millones de pesos y que han sido gastados 381 millones de pesos en adecuaciones.
El organismo ciudadano estimó que para el uso inmediato de la torre eran necesarios 300 millones de pesos de inversión que serían adquiridos con más deuda. Estas cantidades suman 945 millones de pesos que según el CCINLAC prácticamente habrían pagado el costo de la torre, que estimaron en mil 100 millones de pesos.
El CCINLAC criticó que no hubiera un plan para mudar las dependencias oficiales y dijo que el gobierno es el único responsable del despilfarro y que de los mil 403 millones de pesos de la deuda recién contratada, 604 irán a pagar “la torre inútil”.
Días después de la publicación del CCINLAC el gobierno estatal respondió en un desplegado de información a la ciudadanía: Precisó que el costo original de la obra fue de 913.42 millones de pesos aportados por el inversionista. El gobierno de Nuevo León erogó, pese a que en el plan inicial no le costaría ni un peso al erario, 500 millones de pesos.
El pago mensual del gobierno por arrendamiento financiero es de 9 millones de pesos, que amortizan los 913 del contrato original. Explica el desplegado que anualmente el erario ahorra 109 millones de pesos por concepto de la ocupación de la torre, aunque no dice cómo.
El gobierno estatal estipula que la obra será concluida en diciembre de 2012, cuando se mudarán ahí otras dependencias oficiales.
De la Torre Administrativa, también llamada Centro de Gobierno, están ocupados tres pisos por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la Dirección General de Notarías y el Registro Civil. A mediados de este año también se mudó Recaudación, de la Tesorería estatal.
El reportero César Cepeda descubrió que el contrato de la torre, fechado el 10 de julio de 2007, estipulaba que el estado comenzaría a pagar las mensualidades a partir de la entrega-recepción, que no se ha cumplido aún, aunque el gobierno tiene años desembolsando abonos.
Utilidades para funcionarios
Alfredo Rodríguez explica que la construcción de la Torre Administrativa fue, de inicio, un engaño de González Parás. El timo, dice, continuó con su pupilo, Medina, que no ha querido darle uso.
Pero el edificio no sólo ha resultado oscuro. No hay información disponible para conocer, con precisión, cuánto dinero ha sido empleado para darle forma a los trabajos de la torre, la más alta de Nuevo León.
El gobierno decidió reservar siete años la información respectiva, aduciendo confidencialidad, dice Rodríguez Dávila.
Desde su posición como presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, él no sabe nada de la torre. El gobierno estatal no le ha proporcionado documentación que sustente las erogaciones, por lo que en breve, dice, presentará un escrito para acceder a ellos.
“No debieron haber pagado nada a los administradores hasta que no quedara concluida la torre. Fue un proyecto público-privado, con inversión mixta, pero con una serie de irregularidades que no pueden ser detectadas porque la información está en la caja negra”, dice.
Hasta ahora, señala, han sido entregados más de mi millones de pesos a la constructora que cobró por hacer un trabajo “a precio de oro”. “No se han mudado aún las dependencias ahí, y aparte pareciera que el costo fue para construir el Palacio de Buckingham: es carísimo. Necesitamos la información para hacer un análisis mucho más preciso”, señala.
La razón por la que fue aprobado un proyecto de esta magnitud, que no tendría un uso específico, es atribuible a la corrupción, dice Rodríguez.
En el tiempo de González Parás, sostiene, algunos alcaldes y el mismo mandatario se apresuraron a construir obras que, suponían, algún día serían necesarias.
Así obtenían recursos que debían pagar las siguientes administraciones. Además, con esos proyectos, las utilidades para algunos funcionarios eran significativas.
Explica: “Lo que hacen es acelerar la construcción de las obras de las siguientes administraciones, para quedarse con un porcentaje de utilidad, entrecomillado. Donde hay obra, sobra. Dijeron: ‘Déjame construir la Torre Administrativa para pagarla a 30 años’. Lo hicieron aunque les habían dicho: ‘Eso no te corresponde a ti porque estás endeudando a la siguiente administración y la a que sigue y a la que sigue’”.
Para el legislador, la administración del estado ha sido desastrosa. Actualmente el tesorero Rodolfo Gómez evidencia un desorden completo en sus finanzas. Antes de él estuvieron Othón Ruiz y Alfredo Garza.
El presupuesto del estado es de 60 mil millones de pesos. La deuda corresponde a casi 80% del mismo presupuesto, dice Rodríguez, lo que convierte a la entidad en la más endeudada de México.
